Desaparecen trabajadores de empresa de Internet tras ser sutraídos de un Airbnb por hombres armados en Chiapas

Dos jóvenes trabajadores de una empresa de telecomunicaciones, originarios del municipio de Chimalhuacán, Estado de México, se encuentran desaparecidos desde el pasado 7 de octubre tras ser privados de la libertad por un grupo armado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Las víctimas se encontraban en la entidad realizando labores de instalación de red de fibra óptica cuando fueron sustraídas del inmueble que habitaban temporalmente.

De acuerdo con un reporte publicado por el diario El Universal, las madres de los jóvenes denunciaron severas omisiones, engaños y retrasos por parte de las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Chiapas y de la propia compañía empleadora, lo que postergó por cinco días el inicio de los protocolos de búsqueda oficiales.

¿Quiénes son los jóvenes desaparecidos y a qué viajaron a Chiapas?

Las víctimas fueron identificadas por sus familiares y por las autoridades de búsqueda:

• Lionet Alejandro Martín Reyes (22 años): Técnico instalador, quien se comunicó por última vez con su familia la noche del 7 de octubre para avisar que ya se encontraba descansando en el alojamiento arrendado por la empresa.
• David Ladislao Téllez Ponce (25 años): Compañero de trabajo de Lionet, con quien viajó a principios de octubre para cumplir con una comisión laboral de una semana en la capital chiapaneca.
• Empresa empleadora: Ambos trabajaban para la firma CHC Technology Environment, empresa contratista filial de la compañía Totalplay con sede en la Ciudad de México. Su comisión estaba a cargo de un supervisor identificado como Raúl Castro Molina, quien realizó el alquiler del hospedaje a través de la plataforma Airbnb.

Desinformación de la empresa y omisiones en la Fiscalía de Chiapas

Las madres de las víctimas, Margarita Reyes Bonilla y Laura Ponce Gallardo, enfrentaron diversos obstáculos al intentar denunciar la desaparición de sus hijos:

• Petición de no viajar: Representantes de la empresa pidieron inicialmente a las familias que no se trasladaran a Chiapas, asegurando que los abogados de la compañía se encargarían de tramitar la denuncia formal ante el Ministerio Público.
• Falta de trámites: Al llegar a Tuxtla Gutiérrez el jueves, las madres descubrieron que la empresa no había iniciado ningún proceso legal, por lo que tuvieron que recurrir a colectivos de búsqueda locales para exigir atención.
• Lenta respuesta oficial: Fue hasta el martes —cinco días después de la desaparición— que la Fiscalía abrió formalmente el registro de atención, emitiendo la ficha de búsqueda el sábado a través de la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares.
• Falta de resguardo del inmueble: La Colectiva Feminista Ehácatl denunció que las autoridades acudieron al domicilio ubicado en la calle Guanacastle número 842, en la colonia Albania, pero no acordonaron ni colocaron sellos de aseguramiento en la escena del crimen.

Peticiones de las familias y acciones de búsqueda

Acompañadas por activistas y colectivos de personas desaparecidas, las madres de Lionet y David mantienen brigadas de difusión y exigencia de justicia:

• Rastreo de telefonía: Las familias solicitaron formalmente la geolocalización de los teléfonos celulares de los jóvenes y el análisis forense de las cámaras de videovigilancia cercanas al lugar de los hechos.
• Pegado de fichas: Familiares y activistas acudieron al inmueble de donde fueron sustraídos los trabajadores para pegar fichas de búsqueda y visibilizar el caso.
• Cancelación de autoridades: Las familias tenían programada una reunión con el fiscal estatal Jorge Luis Llaven Abarca, pero la cita fue cancelada a último momento por la autoridad, lo que derivó en protestas por parte de las organizaciones civiles.