El Niño pone a prueba las finanzas de 10 estados en México, alerta Standard and Poor"s

El fenómeno de El Niño representa un riesgo para la actividad económica y las finanzas públicas de 10 estados mexicanos, debido a su exposición a sequías, inundaciones y ciclones tropicales, así como a la concentración de sus economías en sectores sensibles a las condiciones climáticas, como el turismo, la agricultura y la industria alimentaria, de acuerdo con un análisis de S&P Global Ratings.

Según la agencia, las entidades con mayor riesgo son Baja California Sur, Durango, Jalisco, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, al presentar una alta exposición económica ante este fenómeno climático, que podría afectar la producción, el empleo y el dinamismo de sus economías. Aunque la calificadora considera que el impacto potencial de El Niño en México sería moderado frente a otros mercados emergentes, advierte que sus efectos variarán entre regiones y podrían generar presiones presupuestarias para los gobiernos estatales, particularmente si necesitan aumentar el gasto para atender emergencias y reconstruir infraestructura en un contexto de desaceleración económica.

El análisis identifica dos grandes frentes de riesgo. En el norte y centro del país predominan las amenazas asociadas con las sequías, las altas temperaturas y la menor disponibilidad de agua. En el Golfo de México y el sur y sureste, las lluvias intensas, las inundaciones y los deslaves representan los principales retos. A estos se suma la exposición a ciclones tropicales de entidades costeras como Baja California Sur, Sinaloa, Quintana Roo y Veracruz. La exposición económica de los estados depende, en buena medida, del peso que tienen las actividades sensibles a las alteraciones de temperatura, precipitación y disponibilidad de agua. S&P considera sectores como la agricultura, la preparación de alimentos y bebidas, la manufactura textil, la industria química, la construcción, la generación de electricidad y el turismo. En conjunto, estas actividades representan alrededor de 24% del empleo local en México, según el reporte. La calificadora clasifica como de alta exposición a las entidades donde más de 34% del Producto Interno Bruto (PIB ) proviene de sectores vulnerables al fenómeno. Sinaloa y Durango destacan por su exposición económica directa a condiciones de sequía. Una menor disponibilidad de agua podría afectar las actividades agropecuarias y las industrias relacionadas con la producción de alimentos, con posibles repercusiones sobre el empleo y la actividad económica. En el caso de Sinaloa, el riesgo combina la dependencia de actividades sensibles al agua con la exposición a ciclones tropicales. Para Durango, el análisis destaca la vulnerabilidad ante condiciones de sequía. Sin embargo, S&P no cuantifica las pérdidas económicas que podría enfrentar cada entidad ni estima el costo de un eventual episodio climático. En los estados turísticos, como Quintana Roo y Baja California Sur, los ciclones y las lluvias intensas pueden representar riesgos para la continuidad de las actividades económicas y la infraestructura. En Veracruz, las precipitaciones extremas, las inundaciones y los deslaves pueden elevar las necesidades de atención de emergencias y reparación de daños. La exposición también alcanza a estados cuya economía depende de actividades manufactureras intensivas en agua. S&P advierte que Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora podrían enfrentar presiones por su dependencia de industrias vinculadas con la manufactura automotriz. Este segmento representa, en promedio, alrededor de 27% del PIB estatal y genera cerca de 13% del empleo local, de acuerdo con el documento. Aunque estas seis entidades no forman parte del grupo de 10 estados con exposición económica alta, la calificadora señala que la escasez de agua puede representar un riesgo relevante para sus actividades productivas.

Los efectos de El Niño no se limitarían a las empresas y los trabajadores. S&P identifica tres canales por los que los fenómenos climáticos pueden afectar las finanzas de los gobiernos estatales: una desaceleración de la economía local, mayores necesidades de gasto y presiones sobre la liquidez y la flexibilidad presupuestaria. La atención de emergencias, el restablecimiento de servicios públicos, la reconstrucción de infraestructura dañada y las inversiones para fortalecer la resiliencia hídrica pueden elevar el gasto operativo y de inversión de los gobiernos. Al mismo tiempo, una caída temporal de la actividad económica puede reducir los ingresos públicos, lo que dificultaría financiar las necesidades extraordinarias sin afectar otras prioridades presupuestarias. La magnitud de estas presiones dependerá de la diversificación de cada economía estatal, la fortaleza de su posición fiscal y financiera y la capacidad de sus administraciones para gestionar los recursos disponibles, señala S&P. La respuesta federal también será determinante. La agencia recordó que antes de su desaparición en 2020, el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) contaba con recursos cercanos a 27,000 millones de pesos para atender emergencias y apoyar la reconstrucción de infraestructura. Tras su extinción, la respuesta ante este tipo de contingencias depende en mayor medida de asignaciones presupuestarias directas del gobierno federal. Aunque algunas entidades han creado fondos específicos y contratado seguros catastróficos, estos mecanismos tienen costos elevados y pueden no cubrir todas las pérdidas ocasionadas por eventos de gran magnitud. Por ello, S&P considera que la oportunidad y el alcance de los apoyos federales serán factores determinantes para mitigar las presiones sobre las finanzas públicas estatales y municipales.