Diputada Vanessa López Carrillo pide considerar delito al abuso de confianza el mal uso de tarjetas de pensiones y apoyos sociales

>> La legisladora del Partido del Trabajo propone reformas al Código Penal Federal 

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de septiembre 2026 (entresemana.mx). La diputada Vanessa López Carrillo (PT) propuso reformar los artículos 383 y 385 del Código Penal Federal, para incluir entre los delitos considerados como abuso de confianza a quien disponga de fondos, dinero o tarjetas de pensiones y apoyos sociales sin permiso de la persona titular.

Establece que será abuso de confianza a quien, siendo depositario, custodio, auxiliar o encargado de la tarjeta bancaria, medio electrónico, credencial o cualquier instrumento de pago mediante el cual se perciban los ingresos de pensiones, apoyos económicos o beneficios de programas sociales del Estado, disponga para sí o para un tercero de los fondos o del dinero en efectivo sin consentimiento de su titular.

Las penas previstas para los delitos de abuso de confianza (que van de seis meses a seis años de prisión y multa hasta de cien veces el salario) se aumentarán hasta en una tercera parte cuando la conducta se cometa en perjuicio de una persona adulta mayor, de una persona con discapacidad, o cuando entre el sujeto activo y la víctima exista relación de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado, cohabitación, custodia, subordinación, cuidado o notoria confianza.

En los artículos transitorios señala que las instituciones de procuración de justicia y el Banco del Bienestar implementarán protocolos accesibles de orientación, recepción y canalización de reportes o denuncias ciudadanas, relacionadas con la retención ilícita o despojo de tarjetas de los programas sociales.

En el documento que adiciona una fracción IV al Artículo 383 y un segundo párrafo al artículo 385 de dicho ordenamiento, turnado a la Comisión de Justicia, la legisladora considera imprescindible homologar a nivel federal la figura del abuso de confianza y robustecer los mecanismos de orientación y defensa de las víctimas en todo el país.

Menciona que se han identificado casos de despojo y disposición no autorizada de recursos distribuidos a través de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, y de las Personas con Discapacidad, por parte de sus familiares, cuidadores o terceras personas y “los mecanismos administrativos o civiles no han disuadido la expoliación patrimonial intrafamiliar de quien depende de un auxilio indispensable para disponer de su pensión”.

Refiere que, al enfrentar barreras de movilidad física, brecha digital, debilidad visual o condiciones propias de su salud, un alto porcentaje de beneficiarios de esos programas confía su tarjeta bancaria y contraseñas a otras personas para cobrar el recurso.

Lamentablemente, subraya, depositarios y gente de confianza retienen indebidamente los fondos o entregan montos incompletos para su propio beneficio económico o de terceros.

Hace notar que la Constitución Política plasma el derecho humano y universal a recibir una pensión no contributiva a través de esos programas, para fortalecer la protección social durante la vejez y reducir la vulnerabilidad económica de personas con discapacidad.

Agrega que las pensiones de personas adultas mayores y personas con discapacidad han reducido la pobreza 28 y 17 por ciento, respectivamente, y beneficiado a 13 millones 892 mil 904, y un millón 865 mil 433 personas, en cada uno de estos grupos sociales.

De ahí la importancia de visibilizar este fenómeno recurrente, lesivo y sistemático de despojo contra estos sectores de la población, enfatiza.