El desarrollo regional debe ser una agenda empresarial

El 4 de octubre no solo cambió el mapa político del país. También marcó el inicio de un nuevo ciclo para los gobiernos regionales y municipales que, entre 2027 y 2030, deberán tomar decisiones sobre algunas de las brechas más persistentes del Perú. Con nuevas autoridades ya definidas en buena parte del territorio y otras que se decidirán en segunda vuelta, comienza una conversación que también debería involucrar al sector privado: cómo contribuir a que este nuevo ciclo permita acelerar el desarrollo de los territorios.

Los primeros resultados dejan una señal relevante: el poder nacional y el territorial no necesariamente coinciden. Para una empresa con presencia en distintas regiones, entender este nuevo mapa importa porque las prioridades, los actores y las relaciones con el Estado tendrán necesariamente una dimensión territorial.

Pero entender ese mapa requiere bastante más que saber quién gobierna dónde. Implica volver a mirar cada territorio y, sobre todo, entender a las comunidades que lo conforman: cuáles son sus expectativas, qué necesidades consideran prioritarias y qué esperan de las empresas que forman parte de su entorno. Las autoridades son parte de ese ecosistema, pero también lo son los ciudadanos, trabajadores, proveedores, gremios y organizaciones sociales.

Al revisar las agendas de las principales regiones aparecen, además, varias coincidencias: agua, infraestructura, salud, conectividad y desarrollo productivo. Cambian los proyectos, pero no la naturaleza de muchas de las brechas. En Arequipa se plantea incorporar 10,000 hectáreas adicionales a la producción agrícola. En Piura, recuperar 550 millones de metros cúbicos de almacenamiento de agua. La Libertad vuelve a discutir infraestructura hídrica, hospitales y seguridad. Leídas juntas, estas propuestas muestran territorios donde el siguiente ciclo estará condicionado por la capacidad de convertir necesidades conocidas en soluciones concretas.

Para las empresas, este escenario exige hacerse algunas preguntas: ¿qué está cambiando en los territorios donde operamos?, ¿qué esperan hoy nuestras comunidades?, ¿dónde nuestras capacidades pueden generar un impacto concreto? Un cambio de autoridades puede convertirse en un verdadero Momento de la Verdad para una organización: cambian los interlocutores, aparecen nuevas expectativas y las decisiones que se toman pueden fortalecer —o debilitar— la confianza construida durante años.

Ese acompañamiento no supone reemplazar a la autoridad ni definir sus prioridades. Implica identificar dónde las capacidades privadas pueden complementar las públicas para convertir una necesidad en una solución concreta. Y existen mecanismos para hacerlo. Obras por Impuestos ya permite articular inversión privada con proyectos públicos priorizados por el Estado, mientras que la reciente incorporación de Servicios por Impuestos amplía las herramientas disponibles para atender necesidades de los territorios. El reto está en identificar dónde esas capacidades pueden generar mayor valor público.

La oportunidad está, entonces, en ampliar la mirada sobre esta relación. Mejorar una vía, ampliar la infraestructura hídrica o fortalecer servicios tiene, ante todo, un impacto concreto en la calidad de vida de las personas y en el desarrollo de las comunidades. Pero también contribuye a construir territorios con mejores condiciones para crecer, generar oportunidades y atraer inversión. Cuando el entorno se fortalece, se generan beneficios compartidos y relaciones más sostenibles entre empresas, comunidades y Estado.

Las nuevas autoridades asumirán, además, en pleno fenómeno El Niño, con presión para ejecutar obras, sostener servicios y responder a emergencias desde sus primeros meses. El desafío será convertir brechas conocidas en prioridades compartidas y, luego, esas prioridades en proyectos capaces de ejecutarse.

El nuevo mapa electoral empieza a mostrarnos quiénes conducirán los territorios durante los próximos cuatro años. Para las empresas, el desafío empieza ahora: escuchar y entender esos territorios, identificar dónde pueden aportar y construir relaciones de confianza que permitan transformar prioridades compartidas en resultados concretos.

Porque dentro de cuatro años, el resultado no debería medirse solo por cuánto cambió el mapa político, sino también por cuánto logramos cambiar el mapa de brechas.