
El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha publicado hoy el avance del Barómetro de Vivienda, el estudio que ha elaborado junto al Ministerio de Vivienda para radiografiar el impacto de las medidas puestas en marcha en este ámbito. El origen de esta encuesta se remonta a agosto, cuando el CIS y el ministerio firmaron un convenio dotado con 288.000 euros que fijaba como plazo publicar los resultados antes de que terminase 2026. Por entonces, nada hacía pensar que la crisis de la vivienda terminaría precipitando un adelanto electoral.
Se trata de la primera encuesta monográfica que el CIS dedica en exclusiva a la cuestión residencial. Con 6.019 entrevistas realizadas mediante el sistema CATI (entrevista telefónica asistida por ordenador) en 1.243 municipios de las 50 provincias, y un error muestral de ±1,3% para un nivel de confianza del 95,5%, el estudio deja el retrato más amplio que existe hasta ahora sobre la relación de los españoles con su vivienda en esta década. El 51,6% reconoce que la situación de la vivienda le preocupa “mucho” y un 35,4% adicional dice que le preocupa “bastante”. Solo uno de cada diez ciudadanos afirma que le preocupa poco o nada.
El acuerdo, al que tuvo acceso Europa Press, deja por escrito el propósito del estudio: aportar “necesidades de información para planificar y evaluar políticas públicas llevadas a cabo con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda recogido en la Constitución”. El documento subraya que “obtener información sociológica de calidad en relación con el derecho a una vivienda digna y adecuada, resulta esencial para garantizar la oportunidad y acierto de las políticas públicas que puedan planificarse, implementarse y evaluarse en este ámbito”.
La publicación de este barómetro llega en uno de los momentos de mayor tensión social en torno a la vivienda de los últimos años. Ayer murió Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años desahuciada de su casa en Madrid hace dos semanas, cuyo caso, que lleva años en curso, se ha convertido en símbolo de la lucha por una vivienda digna y precipitado la aprobación de dos reales decretos-ley que el Congreso rechazó después, decisión que llevó a Pedro Sánchez a adelantar las elecciones generales al 29 de noviembre y a los sindicatos españoles a convocar una huelga general el 11 de noviembre.
El martes, el Consejo de Ministros volvió a aprobar los dos decretos, con ligeros cambios; el que paraliza los desahucios de personas vulnerables en viviendas de fondos buitre entró en vigor este jueves, pendientes ambos aún del visto bueno de la Diputación Permanente del Congreso.
El 87% de los españoles está preocupado por la vivienda y el 76% pide que el Estado intervenga en el mercado “tanto como sea necesario”. Así lo refleja el Barómetro de Vivienda 2026 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el estudio número 3532, realizado con 6.019 entrevistas telefónicas repartidas por todo el territorio nacional.
El dato que más sobresale del informe es el respaldo casi unánime a bajar los impuestos en la compra de la primera vivienda: un 95,4% de los encuestados apoya esta medida, la de mayor consenso entre todas las planteadas. A continuación, con más del 80% de apoyo, aparecen dar más garantías a los propietarios frente a los impagos (85,7%), sacar al mercado suelo urbanizable (84,3%) y recuperar viviendas públicas que fueron vendidas a empresas privadas (83,1%). El impacto personal también queda reflejado en las cifras: el 41,6% asegura que la situación de la vivienda le perjudica directamente en este momento, mientras que apenas el 4,4% dice beneficiarse de ella.
En cuanto a dónde vive la gente, el 70,4% reside en su propia casa. El 13,4% vive en casa de sus padres o suegros junto con alguno de ellos, y el 4,5% comparte piso en una habitación. El 5% vive en casa de su pareja.
El 93,5% de los encuestados dice que, más allá de su situación actual, preferiría vivir en una casa en propiedad. Solo un 5,4% elige el alquiler como modelo deseado. Esa preferencia se topa con una barrera económica difícil de sortear. Entre quienes no compran a pesar de querer hacerlo, el 80,7% dice que no tiene dinero para la entrada, el 71,3% afirma que sus ingresos no le alcanzan para las cuotas y el 63,5% no cumple los requisitos para conseguir una hipoteca.
El precio máximo que el comprador potencial está dispuesto a pagar se sitúa, de media, en 197.655 euros, sin contar impuestos ni gastos. El 35,1% de quienes buscan comprar necesita al menos entre 61 y 80 metros cuadrados como mínimo.
De los 1.108 encuestados que tienen planes de comprar en los próximos dos años, el 85,4% lo hará para fijar su residencia habitual. Solo el 5,8% piensa en una segunda residencia y el 4,1%, en alquiler de larga estancia. Apenas el 11,3% de los potenciales compradores ha recibido o prevé recibir ayuda económica de algún familiar para la operación. La ayuda de alguna administración pública se reduce al 5,4%.
El 55% de los españoles es propietario de la vivienda en la que vive. De ellos, el 54% la tiene totalmente pagada, el 37,9% aún tiene pagos pendientes y el 7,8% accedió a ella por herencia o donación. El 24,1% es inquilino. De esos arrendatarios, el 32,7% cree que paga un alquiler por encima del precio de mercado, frente al 23,6% que considera que paga por debajo. El 39% opina que paga el precio de mercado.
El pago mensual medio del conjunto del hogar —entre quienes tienen hipoteca o alquiler vigente— se sitúa en 629 euros. El tramo más frecuente va de 700 a 999 euros al mes (20,4%), seguido del intervalo de 500 a 599 euros (13,7%). El 20% restante vive en una vivienda cedida o sin pagarla, lo que engloba situaciones muy distintas: desde vivir en casa de los padres hasta viviendas cedidas por empleadores o instituciones.
La vivienda media en España tiene 107,97 metros cuadrados útiles y tres dormitorios. El tramo más habitual en superficie va de 81 a 100 metros cuadrados (26,4%), seguido del de 61 a 80 metros cuadrados (21,1%). Solo el 8,6% de los encuestados vive en una vivienda protegida. Un 4,6% adicional vivía en una vivienda protegida cuando accedió a ella, aunque ya no lo es. De esas viviendas protegidas, el 40,6% fue construida por un promotor privado, frente al 16,7% construida por la comunidad autónoma y el 14,4% por el ayuntamiento. El 8,7% de los encuestados recibe ingresos por el alquiler de una o más viviendas distintas a la que habita. De ese grupo, el 78,5% alquila una única propiedad adicional.
El estudio recoge también una serie de situaciones difíciles experimentadas durante el último lustro. El dato que más destaca: el 24,2% de los encuestados ha vivido en una vivienda con frío o calor extremo, la situación más extendida de todas las consultadas.
Les sigue el haber tenido que mudarse lejos de la familia o de amigos por motivos económicos (14,7%), haber recibido ayuda económica familiar para pagar el alquiler o la hipoteca (18,5%) y haber tenido que volver a vivir con la familia o compartir piso por no poder pagar la vivienda (11,8%).
El 13,5% dice que le subieron el alquiler por encima de la inflación. El 10% afirma haber sufrido prácticas ilegales por parte de inmobiliarias o empresas de alquiler. El 9% estuvo en algún momento alquilado sin contrato. La discriminación por edad a la hora de buscar vivienda la señala el 10,4% de los encuestados, la más mencionada entre las categorías de discriminación consultadas. La discriminación por nacionalidad u origen étnico la vivió el 6,3%.
Entre quienes viven en casa de familiares o en pisos compartidos —y no tienen intención de mudarse en los próximos 12 meses—, los motivos económicos aparecen con claridad por encima de cualquier otro. El 85,6% señala que el precio de compra le resulta demasiado alto para sus ingresos, y el 84,9% dice que los alquileres superan lo que puede pagar. El 77% no tiene dinero para la entrada o la fianza.
Con todo, el 37,3% de quienes viven en esas situaciones sí planea mudarse a una vivienda independiente en el próximo año. De ellos, casi la mitad (49,5%) lo haría de alquiler, el 26,2% a una vivienda comprada y el 15% a una habitación en un piso compartido. El 32,5% de este grupo ha solicitado o tiene pensado solicitar una vivienda protegida en alquiler.
El 79% de los encuestados considera que la vivienda debe tratarse como un derecho constitucional, frente al 13,5% que la ve como un bien de mercado. El 91,4% cree que las administraciones públicas deberían construir más viviendas públicas que las que construyen ahora. El 76,3% quiere intervención estatal directa en el mercado y otro 76,3% apoya crear una empresa pública estatal de vivienda.
Entre las medidas concretas, la congelación de alquileres durante dos años tiene el apoyo del 70,6% y el rechazo del 25,9%. Limitar los pisos turísticos lo apoya el 75,6%. Subir impuestos a los grandes tenedores —definidos como quienes poseen diez o más viviendas— lo respalda el 72%. Las medidas que generan más división son la expropiación de viviendas vacías —a favor el 40%, en contra el 54,3%— y la expropiación de suelo para construir viviendas públicas —a favor el 49,9%, en contra el 43,6%.
El 36,1% de los españoles cree que las comunidades autónomas tienen las mayores competencias en vivienda, frente al 26,9% que señala al Estado y el 15,2% que apunta a los ayuntamientos. El 16,4% dice no saberlo. Cuando se pregunta quién debería tener más competencias para mejorar el acceso a la vivienda, la respuesta cambia: el 44,5% prefiere que sea el Estado, el 23,8% los ayuntamientos y el 22,7% las comunidades autónomas.
El Barómetro incluye también una batería de preguntas sobre intención de voto. En la pregunta directa, formulada a las personas con nacionalidad española sobre su decisión ante unas próximas elecciones generales, el PSOE se sitúa en primer lugar con el 20% de las respuestas, seguido del PP con el 14,8% y Vox con el 9,2%. Por detrás aparecen Sumar (4,3%), Podemos (1,8%) y ERC (1,4%). El resto de formaciones —Se Acabó la Fiesta, Coalición de Izquierdas, EH Bildu, PACMA, Junts, BNG y EAJ-PNV— se mueven todas por debajo del 1%. Es decir: según este barómetro, PP-Vox sumarían un 24%, mientras que PSOE-Sumar
A estas cifras hay que sumar un bloque considerable de respuestas que no se traducen en voto a un partido: el 21,9% dice no saber todavía a quién votaría, el 6,6% no contesta, el 6% afirma que no votaría, el 3,5% votaría en blanco y el 1,3% lo haría nulo. Un 4,9% adicional se reparte entre otras formaciones no desglosadas. La base de esta pregunta son 5.613 personas con nacionalidad española.
El CIS ofrece también un segundo indicador, el de voto más simpatía, que consiste en asignar una preferencia partidista a quienes en la pregunta directa no se decantaron por ninguna opción concreta. Con este ajuste, el PSOE sube al 23,7%, el PP al 17,1% y Vox al 10,5%. Sumar pasa al 5,5%, Podemos al 2,2% y ERC al 1,8%. El resto de partidos se mantiene en porcentajes residuales, y un 7,1% queda recogido bajo la etiqueta de otro partido.
El instituto calcula además un tercer reparto que excluye del cálculo a quienes se abstendrían, votarían en blanco o nulo, a los indecisos y a quienes no respondieron. Entre quienes sí mencionan un partido concreto, el PSOE concentra el 32,3% de las preferencias, el PP el 23,3% y Vox el 14,3%. Sumar queda en el 7,5%, Podemos en el 3%, ERC en el 2,5%, y el resto de formaciones se reparte porcentajes menores.
El propio CIS aclara que estos datos no constituyen una estimación de escaños ni una proyección electoral elaborada mediante modelos de “cocina”: se trata de las respuestas directas de los encuestados y del indicador de voto más simpatía, tal como fueron recogidas en el barómetro.
*en ampliación
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