Gobierno de AMLO favoreció a huachicolera ligada a Amílcar Olán
Nueve días antes de otorgar el permiso a Portacelis Gas and Oil, Sener había publicado reglas más estrictas para la importación de combustibles, entre ellas acreditar antecedentes de importación de los dos años previos. La empresa tenía apenas 52 días de creada y nunca había importado, pero la dependencia federal dio por presentados los requisitos. Cuando concedió la autorización, Portacelis todavía era administrada por Juan Carlos de la Cruz Murillo, contador y operador de confianza de Amílcar Olán, amigo de Andy y Gonzalo López Beltrán.
Nueve días después de endurecer las reglas para la importación de combustibles, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador autorizó a Portacelis Gas and Oil importar hasta 52 millones de litros de diésel, pese a que la empresa tenía apenas 52 días de creada y nunca había realizado una operación de comercio exterior.
Las nuevas disposiciones exigían a los solicitantes acreditar sus antecedentes de importación de los dos años previos, un requisito establecido como parte de las medidas para combatir el huachicol fiscal. Portacelis no podía cumplirlo porque ni siquiera existía durante ese periodo.
Pese a ello, la Secretaría de Energía (Sener) dio luz verde a Portacelis, empresa vinculada a Amílcar Olán Aparicio, amigo y colaborador de Andy y Gonzalo López Beltrán, hijos del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. Al paso de los meses, la empresa incurrió en el llamado “huachicol fiscal”, al declarar menos combustible del que ingresaba al país, según señalamiento de las autoridades fiscales, que le reclaman el pago de 834 millones de pesos de impuestos omitidos.
El permiso a Portacelis fue concedido el 27 de septiembre de 2024, tres días antes de que concluyera el sexenio de AMLO, y fue autorizado por Eduardo Pérez Mejía, director de Coordinación de Petrolíferos y responsable de la Dirección General de Petrolíferos de Sener.
Una revisión realizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) del permiso y de los documentos que la propia dependencia entregó vía transparencia revela múltiples inconsistencias. La más evidente está en el propio texto de la autorización, en el que Sener aseguró haber considerado los “antecedentes de importación del solicitante”. Portacelis no los tenía. La empresa fue constituida el 6 de agosto de 2024 y los registros de comercio exterior consultados para esta investigación muestran que realizó sus primeras importaciones hasta febrero de 2025, cinco meses después de recibir el permiso.
Pero las inconsistencias adquieren mayor relevancia al revisar quién estaba detrás de la compañía cuando Sener le abrió la puerta para entrar al negocio de importación de combustibles.
Portacelis Gas and Oil fue fundada por Miguel Ángel Aparicio Vicente y María Guadalupe León Aparicio. Como administrador único y apoderado general quedó Juan Carlos de la Cruz Murillo, contador y operador de confianza de Amílcar Olán Aparicio.
De la Cruz trabajaba con Olán desde 2018, cuando era agente de ventas en una tienda de baños y azulejos del empresario tabasqueño. Con el paso de los años su nombre comenzó a aparecer en distintas sociedades vinculadas con Amílcar. Fue comisario de Romedic, empresa que obtuvo contratos por más de 490 millones de pesos para vender medicamentos con recursos del extinto INSABI; accionista mayoritario de Poyago, que recibió otros 344 millones de pesos en contratos del IMSS; integrante del órgano de vigilancia de Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis, compañía en la que Olán posee 90% de las acciones, y socio de Portacelis OC junto con el abuelo materno del empresario.
Así, el permiso otorgado en las últimas horas del sexenio de López Obrador fue concedido a una empresa que en ese momento era administrada y representada legalmente por el contador y operador de confianza de Amílcar Olán.
El 18 de septiembre de 2024, nueve días antes de que se otorgara el permiso a Portacelis, las secretarías de Energía y Economía publicaron en el Diario Oficial de la Federación una modificación al acuerdo que regulaba la importación y exportación de hidrocarburos y petrolíferos, con el fin de combatir el huachicol fiscal. El documento fue firmado por Miguel Ángel Maciel Torres, secretario de Energía, y Raquel Buenrostro Sánchez, entonces secretaria de Economía.
Maciel Torres había asumido la titularidad de Sener 11 meses antes, en sustitución de Rocío Nahle, quien dejó el cargo para buscar la gubernatura de Veracruz.
Las nuevas disposiciones endurecieron los requisitos para quienes pretendieran importar más de un millón de unidades de hidrocarburos o petrolíferos.
Entre la información requerida estaban la logística completa de importación, la identificación de proveedores, transportistas, almacenistas, distribuidores y clientes, los puntos de internación de la mercancía y la ubicación georreferenciada de todas las instalaciones donde sería recibida, descargada o almacenada.
Pero había un requisito especialmente difícil de explicar en el caso de Portacelis. El artículo 40 establecía que, para justificar el volumen y la vigencia solicitados, el interesado debía entregar sus “antecedentes de importación de por lo menos los dos últimos años previos al ingreso de la solicitud correspondiente, desglosados de manera mensual”.
Para Portacelis era imposible acreditar dos años de importaciones porque la empresa tenía menos de dos meses de existencia.
En el permiso, la Secretaría de Energía asentó que había tomado en cuenta “las constancias que obran en el expediente respectivo, y los antecedentes de importación del solicitante”. Eso evidencia una falsedad de la dependencia federal, pues Portacelis no había realizado hasta ese momento una sola importación, según pudo constatar MCCI.
La huella de Amílcar
Cuando el titular de la dirección de Petrolíferos firmó la autorización, Juan Carlos de la Cruz Murillo ––el contador de Amílcar––era administrador único y apoderado general de Portacelis.
Los primeros socios, de apellido Aparicio ––como Amílcar––, también seguían dentro de la compañía. Los documentos mercantiles revisados muestran que 20 días después de otorgarse el permiso hubo cambios en la empresa.
El 17 de octubre los socios fundadores vendieron todas sus acciones y el contador de Amílcar renunció como administrador. Entraron como accionistas Jeysi Armando Balcázar Vértiz y José Alonso Ulín Hernández, dos jóvenes residentes en rancherías de Tabasco, sin trayectoria en energía, logística o comercio exterior; el primero había trabajado como auxiliar administrativo y vendedor de cambaceo, casa por casa.
Aunque el contador de Amílcar declaró ante un notario que dejaba la administración de la empresa, en realidad continuó en funciones. Así lo revelan los certificados fiscales emitidos entre septiembre y diciembre de 2024, los cuales siguieron asociados a su CURP.
Uno de esos certificados dejó una huella que conduce a Amílcar Olán, pues el contador asoció su firma digital con el correo juan.delacruz@
Esto revela que el contador de Amílcar continuó operando en la empresa incluso después de que se dio el cambio de accionistas. Su CURP y correo dejaron de estar vinculados a esos certificados hasta el 20 de enero de 2025.
El permiso describe la actividad de la empresa como “Otros servicios de consultoría científica y técnica”, aunque el documento se otorgó para importar decenas de millones de litros de diésel, cuyo destino declarado era de “uso industrial” y “beneficio a la industria”.
La dirección registrada en la autorización fue carretera Paraíso-Jalapita, kilómetro 25, Chilpetec Sección Banco, que corresponde a una pequeña comunidad rural de menos de 2 mil habitantes, ubicada a unos 11 kilómetros de Paraíso y a cerca de 70 kilómetros por carretera de Villahermosa.
La localidad se encuentra en las inmediaciones de Dos Bocas, a unos nueve kilómetros de la refinería, entre viviendas dispersas, caminos vecinales y terrenos con vegetación. Allí fijó su domicilio Portacelis al solicitar el permiso para importar hasta 52 millones de litros de diésel.
Meses después apareció otro domicilio. Cuando realizó sus primeras operaciones de importación, Portacelis declaró tener sus instalaciones en una oficina de un edificio ubicado en Avenida de los Ríos 216, en Villahermosa. La compañía carecía de infraestructura propia de almacenamiento.
La ausencia de instalaciones propias no impedía por sí misma obtener el permiso. Las reglas permitían utilizar infraestructura y servicios de terceros. Precisamente por eso el acuerdo del 18 de septiembre exigía identificar a quienes participarían en la operación y comprobar la logística que permitiría mover el combustible.
La propia autorización estableció que Portacelis debía conservar la “trazabilidad que acreditó” para obtener el permiso y comunicar cualquier modificación de su logística en un plazo máximo de 30 días. También contemplaba la revocación si se comprobaba falsedad en las declaraciones o documentos, si cambiaban las condiciones originales o si los registros de comercio exterior resultaban inconsistentes con lo declarado en la solicitud.
La empresa no utilizó de inmediato su permiso. Fue hasta el 4 de febrero de 2025 cuando cruzó por la aduana de Matamoros el primer embarque con 26 mil 119 litros a nombre de Portacelis. Ese primer proveedor fue Ikon Midstream LLC, empresa de Houston que está bajo investigación en Estados Unidos y México por su participación en operaciones relacionadas con huachicol fiscal.
Entre febrero y julio de 2025, Portacelis declaró en aduanas haber importado 13 millones 654 mil litros de diésel, de los cuales 6.6 millones de litros habían sido por ferrotanques. Sin embargo, el SAT encontró una diferencia mucho mayor.
En una declaratoria de perjuicio entregada a la Fiscalía General de la República, la autoridad fiscal señaló que Portacelis habría declarado un volumen menor al que realmente introducía al país, y estimó en 834 millones de pesos la omisión de impuestos.
Ese monto representa un volumen real de unos 90 millones de litros, que rebasa en 73% los 52 millones de litros que Sener había permitido importar durante todo un año.
El permiso lleva el nombre y sello digital de Eduardo Pérez Mejía, director de Coordinación de Petrolíferos y responsable de los asuntos de la Dirección General de Petrolíferos de Sener.
Pérez Mejía es ingeniero petrolero por el Instituto Politécnico Nacional y desarrolló gran parte de su carrera en Pemex Exploración y Producción.
En 2002 estaba destinado en Reforma, Chiapas, y en 2007 continuaba en esa zona, dedicado a la operación de pozos e instalaciones. Para 2012 ya trabajaba en Cunduacán, Tabasco, en el Activo de Producción Samaria-Luna, una importante zona de extracción de hidrocarburos situada a unos 30 kilómetros de Villahermosa y poco más de 40 de Paraíso. Ahí realizaba labores técnicas y de supervisión.
En 2017 todavía permanecía adscrito a Samaria-Luna, hasta que dejó Pemex Exploración y Producción el 27 de junio de ese año, para jubilarse.
Dos años después de su retiro, regresó al gobierno federal. El 1 de noviembre de 2019, ya durante el gobierno de López Obrador, se incorporó a la Secretaría de Energía como director general adjunto de Planeación de Petrolíferos. Documentos oficiales de la dependencia lo identificaban poco después como encargado del despacho de la Dirección General de Petrolíferos.
Su declaración patrimonial de 2020 detalla que ya recibía una “pensión jubilatoria”, por la que reportó 976 mil 768 pesos durante 2019, además de las remuneraciones correspondientes a su incorporación a Sener.
Su regreso al servicio público estuvo acompañado de un notable crecimiento en sus ingresos. En su declaración de 2017 menciona que su remuneración anual bruta en Pemex ascendía a un millón 290 mil pesos. Ya en Sener, sus percepciones crecieron a más del doble, pues en 2024 reportó ingresos anuales por 2 millones 715 mil pesos.
Fue este funcionario quien, a las 15:30 horas del 27 de septiembre de 2024, estampó su firma en la autorización de Portacelis.
Esta información fue publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad: https://
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