El CERMI reivindica a las personas con discapacidad como "sujeto político" y exige una Función Pública más inclusiva

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reivindicado la consolidación de las personas con discapacidad y de su movimiento social como "sujeto político colectivo", con voz propia y capacidad de incidencia en la toma de decisiones, y ha reclamado una Función Pública "más inclusiva, accesible y representativa de la diversidad de la sociedad".

Así lo ha manifestado el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, durante la jornada "Discapacidad, formación y empleo público", organizada esta semana por el CERMI y el Instituto Europeo de Asuntos Públicos y Gobierno, AP Institute, en el Campus de Princesa de la Universidad Nebrija.

El encuentro ha reunido a representantes de la Administración, del movimiento de la discapacidad y del ámbito académico y de los asuntos públicos para analizar los retos pendientes en materia de formación, políticas públicas y empleo público.

"Nos hemos convertido en un sujeto político colectivo y nos interesan los asuntos públicos, la incidencia política, llegar allí donde se toman las decisiones", ha enfatizado el presidente del CERMI. Como muestra de esta capacidad de incidencia, ha destacado avances como la reforma del artículo 49 de la Constitución Española y las modificaciones normativas en materia de discapacidad, autonomía personal y dependencia.

Pérez Bueno ha defendido también una "buena administración" basada en la transparencia, el gobierno abierto y la rendición de cuentas, en la que la ciudadanía sea partícipe. Asimismo, ha pedido avanzar en accesibilidad, incluida la cognitiva, y reducir la "maraña de burocracia" y cargas administrativas que soportan las personas con discapacidad y sus familias.

En materia de empleo público, el presidente del CERMI ha subrayado que las administraciones deben reflejar la diversidad de la sociedad. Aunque ha valorado los avances logrados desde la aprobación del marco regulador de acceso al empleo público para personas con discapacidad, ha advertido de que la cobertura efectiva de las plazas reservadas sigue siendo "insuficiente" y requiere "una actualización normativa".

En la jornada, el presidente de AP Institute, Joan Navarro Martínez, ha reafirmado el compromiso de la institución académica con la accesibilidad y la igualdad de oportunidades. "No podemos tener clases, no podemos tener un instituto, no podemos tener una institución educativa que no piense en las personas que tienen dificultades para aprender, para moverse o para adquirir conocimiento en las mismas condiciones", ha asegurado.

Navarro ha anunciado además que "AP Institute va a poder poner a disposición de sus alumnos las primeras becas para personas con discapacidad para poder hacer los másteres en asuntos públicos". La iniciativa, impulsada con la colaboración del Grupo Social ONCE, busca que este ámbito profesional sea "más accesible y más a mano" para las personas con discapacidad.

En la clausura, la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, ha reafirmado el compromiso del Gobierno para "atraer en la medida de lo posible el talento que el gran colectivo de personas con discapacidad posee y que es indispensable para la administración pública", porque "sin ese talento la administración no sería el fiel reflejo de la sociedad que debe ser".

LA REGULACIÓN DE LA LECTURA FÁCIL, MEDIDA DE ACCESIBILIDAD COGNITIVA

Por otro lado, también esta semana, CERMI ha expuesto ante la comunidad iberoamericana la experiencia española de regulación de la lectura fácil como medida de accesibilidad cognitiva, en el marco de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, que se desarrolla estos días en La Plata, Argentina.

El presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, ha intervenido en esta Convención para compartir la práctica española impulsada por el movimiento, que promovió un proceso político y normativo dirigido a incorporar la accesibilidad cognitiva al ordenamiento jurídico español.

Pérez Bueno ha explicado que, desde 2022, España cuenta con legislación general que reconoce, ordena y configura la accesibilidad cognitiva, incluyendo la lectura fácil, y que establece deberes de utilización, especialmente para los poderes y administraciones públicas, así como medidas destinadas a favorecer su aceptación, extensión y uso en el conjunto de la sociedad.

Esta regulación se ha completado recientemente con un reglamento general sobre las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva, añade el CERMI que detalla que la norma reglamentaria incorpora una definición de lectura fácil como método que comprende pautas y recomendaciones relativas a la redacción de textos, al diseño, la maquetación y el formato de publicación de documentos, así como a la validación de su comprensibilidad, con el objetivo de hacer accesible la información a las personas con dificultades de comprensión lectora.