ASTROLABIO POLÍTICO/ Cuando los números también hacen política
LUIS RAMÍREZ BAQUEIRO
“Hay tres clases de mentiras: mentiras, malditas mentiras y estadísticas.” – Benjamín Disraeli.
XALAPA, Veracruz. En materia de recursos públicos, una cifra fuera de contexto puede terminar diciendo exactamente lo contrario de lo que realmente ocurrió.
La fiscalización del dinero público debe ser incómoda para cualquier gobierno. Para eso existe. Pero entre fiscalizar, cuestionar y construir conclusiones a partir de una lectura incompleta de las cifras existe una distancia considerable.
Eso es precisamente lo que ha ocurrido alrededor de la Cuenta Pública 2025 del Gobierno de Veracruz.
Tras conocerse los resultados de la fiscalización realizada por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), surgieron señalamientos políticos y mediáticos sobre presuntos subejercicios multimillonarios. En Salud se habló de 3 mil 512 millones de pesos y, en el caso de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, de mil 733 millones. Esos montos fueron retomados públicamente a partir de comparar determinados registros presupuestales y recursos devengados.
Pero entonces apareció la explicación que hacía falta.
La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) aclaró que la Cuenta Pública Consolidada no puede analizarse tomando exclusivamente cuánto dinero aparecía pagado o devengado al 31 de diciembre. La contabilidad gubernamental distingue presupuesto autorizado, modificado, comprometido, devengado y pagado, además de recursos contratados pendientes de ejercer y recursos todavía sin contratar.
Y ahí cambia sustancialmente la fotografía.
En Infraestructura, por ejemplo, Sefiplan sostiene que la inversión considerada ascendió a 4 mil 652.7 millones de pesos, de los cuales 4 mil 317.2 millones —92.8 por ciento— ya estaban comprometidos. Lo que permanecía sin contratar eran 335.5 millones, equivalentes al 7.2 por ciento.
Más contundente resulta la aclaración respecto de Salud: según Sefiplan, el ejercicio alcanzó 99.9 por ciento y el subejercicio fue de apenas 62 mil 703 pesos, no de 3 mil 512 millones. La dependencia explica que la información consolidada incorpora recursos estatales y federales cuyos montos pueden modificarse durante el ejercicio, como el FASSA y el subsidio estatal.
Hay además un elemento jurídico que tampoco debería omitirse: el Gobierno estatal invocó el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera, conforme al cual determinadas transferencias federales etiquetadas que quedaron comprometidas al cierre del ejercicio pueden pagarse durante el primer trimestre del año siguiente; posteriormente, los remanentes correspondientes deben reintegrarse a la Federación.
Esto no significa que el Gobierno de Veracruz deba quedar exento de cuestionamientos. Al contrario: precisamente porque se trata del dinero de los veracruzanos, cada peso debe ser explicado, documentado y fiscalizado.
Pero la crítica también tiene responsabilidades.
La discusión de fondo es particularmente relevante porque el manejo financiero ha sido uno de los asuntos a los que la gobernadora Rocío Nahle García ha dado especial peso político durante su administración. La explicación ofrecida por Sefiplan busca sostener que los recursos comprometidos no pueden presentarse automáticamente como dinero abandonado en una cuenta bancaria.
Y aquí aparece una diferencia fundamental: subejercicio no es sinónimo automático de recurso no pagado al 31 de diciembre.
Si existen 335.5 millones de pesos que permanecían sin contratar en Infraestructura, corresponde explicar su destino y situación final. Si existen observaciones del ORFIS, deberán solventarse. Y si algún recurso público fue mal empleado, las autoridades fiscalizadoras tendrán que determinar responsabilidades.
Pero tampoco resulta válido convertir diferencias entre etapas presupuestales en miles de millones supuestamente abandonados sin considerar las reglas de la contabilidad gubernamental.
La rendición de cuentas exige dos cosas: gobiernos capaces de explicar hasta el último peso y medios, legisladores y opositores capaces de interpretar correctamente las cifras.
Porque cuando los números se utilizan políticamente sin explicar qué significan, dejan de servir para fiscalizar y comienzan a servir para construir narrativas.
Y en Veracruz, después de décadas en las que las finanzas públicas fueron motivo de escándalos, endeudamiento y desconfianza, la exigencia debe ser exactamente la misma para todos: ni propaganda gubernamental ni escándalo artificial; cuentas claras, números completos y responsabilidades donde realmente existan.
Al tiempo.
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