Glufosinato en Putumayo: condicionan su uso a avales de la Corte y la ANLA
El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella defendió ante el Congreso los pilotos de aspersión con glufosinato de amonio que se proyectan en Putumayo, pero aseguró que ningún procedimiento se realizará si antes no se cumplen las condiciones fijadas por la Corte Constitucional y los requisitos ambientales correspondientes.
La discusión se produjo durante un debate de control político en el Congreso, en el que varios representantes cuestionaron los posibles efectos del herbicida sobre la salud humana, el ambiente y las comunidades indígenas presentes en las zonas donde podrían adelantarse las pruebas.
De acuerdo con El Tiempo, el ministro de Justicia, Iván Cancino, lideró la defensa de la estrategia y aseguró que el Ejecutivo acatará las decisiones judiciales y los estándares aplicables antes de iniciar cualquier actividad.
“Voy a acatar la ley y las recomendaciones internacionales, pero vamos a enfrentar a los grupos que se aprovechan de los campesinos para estos cultivos”, afirmó.
Congreso cuestionó riesgos del glufosinato
El representante José Luis Bohórquez, del Pacto Histórico, sostuvo durante el debate que el glufosinato podría tener implicaciones para la salud de las personas expuestas y cuestionó su efectividad frente a otras sustancias utilizadas previamente.
También advirtió que la aspersión podría provocar un desplazamiento de los cultivos de uso ilícito hacia zonas donde estos métodos no puedan aplicarse.
El representante Renson Alexander García afirmó, por su parte, que una resolución de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, contendría restricciones frente al uso del glufosinato.
García calificó la sustancia como un herbicida de amplio espectro y manifestó preocupación por eventuales efectos sobre otras especies vegetales, además de la coca.
También cuestionó los productos que podrían utilizarse junto con el glufosinato y sostuvo que algunas combinaciones aumentarían los riesgos para la salud.
Estas afirmaciones hicieron parte de los cuestionamientos formulados por los congresistas y no constituyen una conclusión definitiva sobre la viabilidad del programa.
Cancino respondió que el debate, a juicio del Gobierno, debe centrarse en cómo utilizar las herramientas de erradicación sin exponer a la población.
“La respuesta no es el nivel de daño que hace la sustancia a la ciudadanía, sino cómo hacer uso de esta sin afectarla”, señaló.
Gobierno dice que no fumigará si faltan requisitos
El ministro aseguró que los pilotos estarán sujetos a las condiciones definidas previamente por las autoridades judiciales y ambientales.
“Esta resolución y todos los pilotos que se hagan serán ajustados a las decisiones de la Corte y las condiciones previas que se deben tener en cuenta”, manifestó.
Según Cancino, si alguno de esos requisitos no se cumple, no se procederá con los pilotos ni con actividades de aspersión.
El funcionario también señaló que el Gobierno ha sostenido conversaciones con la Procuraduría, la Defensoría, la Fiscalía, universidades públicas, Naciones Unidas e institutos ambientales.
Además, afirmó que no se excluirá a las comunidades ni se omitirán procesos de consulta previa cuando estos sean requeridos.
“Este programa no está diseñado para ver qué pasa con el ser humano cuando se hace la aspersión. Se trata de cuidarlo y que no esté presente”, aseguró.
La estrategia oficial, según explicó, tampoco estará limitada a la fumigación aérea. El Gobierno contempla combinar erradicación manual, uso de drones y sustitución de cultivos, con el objetivo de evitar que las plantaciones simplemente se trasladen a otras zonas.
La viceministra de Defensa, Claudia Carrasquilla, sostuvo que el crecimiento de los cultivos de coca ha fortalecido a grupos armados y defendió la necesidad de evaluar la aspersión aérea ante las dificultades que enfrenta la erradicación manual por la presencia de minas antipersona.
El Ministerio de Ambiente, entre tanto, indicó que la ANLA tendrá la última palabra sobre la viabilidad ambiental de la aspersión, conforme a lo ordenado por la Corte Constitucional.
La cartera también señaló que deberán aplicarse principios de precaución y prevención, lo que implicaría excluir determinadas zonas de estos métodos.
El gobernador de Putumayo, Jhon Gabriel Molina, reconoció que existen inquietudes en el departamento y anunció que ministros del Gobierno viajarán a la región para resolver dudas y evaluar alternativas, incluida la posibilidad de acuerdos de erradicación voluntaria con las comunidades.
Infobae
