Transparencia ordena a Exteriores informar de las personas nacionalizadas por las leyes de memoria de 2007 y 2022
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno ha ordenado al Ministerio de Asuntos Exteriores que facilite el dato del número de personas que han obtenido la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Histórica de 2007 y de la Ley de Memoria Democrática de 2022, en la que se incluye la disposición conocida como "ley de nietos".
El órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia ha estimado la reclamación de un ciudadano que solicitó al ministerio que dirige José Manuel Albares que le enviase información estadística sobre cada uno de estos procesos de nacionalizaciones para descendientes de exiliados.
La ley de 2007 permitió el acceso a la nacionalidad a las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español, así como a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.
La norma vigente desde 2022 permite solicitarla a los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, originariamente españoles que perdieran la nacionalidad como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual.
La ley aún vigente también abría la puerta a que pidieran ser nacionalizados los hijos e hijas nacidos fuera de españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución y los hijos e hijas mayores de edad de aquellos que la obtuvieron en virtud de la ye de 2007.
DATOS DESAGREGADOS POR PAÍSES
En concreto, el reclamante de esta información solicitó datos desagregados por países sobre el número total de solicitudes recibidas, las resueltas favorablemente, las denegadas número y las pendientes de resolución. Lo hizo en octubre de 2025, pero el ministerio no le contestó, lo que le llevó a presentar reclamación ante el Consejo de Transparencia el pasado mes de mayo. Este órgano se dirigió al ministerio para pedirle alegaciones, pero tampoco le respondió.
En su resolución, recogida por Europa Press, el organismo que preside Concepción Campos Acuña recrimina al ministerio que no diera respuesta al ciudadano "sin que conste causa o razón que lo justifique" y que tampoco respondiera al propio Consejo.
Y le reprende por su silencio incidiendo en que esta actitud "dificulta considerablemente el cumplimiento" de su función, pues priva al Consejo de "disponer de todos los elementos de juicio para valorar adecuadamente las circunstancias concurrentes y pronunciarse sobre la procedencia o no de conceder el acceso a la información solicitada".
EL SILENCIO NO DEJA SIN EFECTO EL DERECHO
"Ahora bien, esta falta de respuesta a la solicitud de acceso y al requerimiento de alegaciones de este Consejo no puede dejar sin eficacia el ejercicio de un derecho de rango constitucional, como es el derecho de acceso a la información pública", asevera el Consejo.
Por ello, tras constatar "el carácter de información pública de lo solicitado" y que Exteriores "no ha dado respuesta a la solicitud de acceso" ni ha justificado la concurrencia de alguna de las causas de inadmisión previstas en la ley, el Consejo estima la reclamación del solicitante de la información e insta al ministerio a trasladársela.
Infobae
