La democracia que todavía no hemos inventado

Hace 250 años, Filadelfia fue escenario de uno de los experimentos políticos más audaces de la historia. Un grupo de hombres, con enormes contradicciones y limitaciones, imaginó que una sociedad podía gobernarse sin rey y que el poder podía someterse a reglas, instituciones y ciudadanos.

Dos siglos y medio después, la pregunta ya no es si aquel experimento fue extraordinario. La pregunta es más relevante: ¿la democracia que heredamos es suficiente para el mundo que viene?

En junio pasado, más de 1,500 personas regresaron simbólicamente a Filadelfia para TED Democracy Philadelphia: Founding Futures. El propósito no era solamente conmemorar los primeros 250 años de la democracia estadounidense, sino imaginar los siguientes 250.

El encuentro ocurrió en un momento paradójico. Nunca habíamos dispuesto de tantos instrumentos para escuchar, informar y conectar a los ciudadanos. Y, sin embargo, hacía mucho tiempo que no existía tanta inquietud sobre el futuro de la democracia.

El nuevo informe The Global State of Democracy 2026, de International IDEA, ofrece un diagnóstico preocupante. Entre 2020 y 2025, 98 países —57% de los evaluados— retrocedieron significativamente en al menos una dimensión democrática, mientras solamente 55 mejoraron. Es el undécimo año consecutivo en que hay más países retrocediendo que avanzando.

Pero hay un dato todavía más interesante: 81% de las mediciones democráticas prácticamente no cambió. Ése puede ser el problema que estamos observando mal. Tal vez la mayor amenaza para la democracia no sea únicamente su destrucción. Puede ser su estancamiento.

Millones de personas vivimos en sistemas que conservan elecciones, partidos, congresos, tribunales y libertades formales, pero que no necesariamente mejoran su capacidad para resolver problemas, limitar el poder, impartir justicia o permitir que los ciudadanos influyan verdaderamente en las decisiones. No son democracias que desaparecen. Son democracias que dejan de evolucionar.

Democracia 1.0

Michael Dimock, presidente del Pew Research Center, presentó en Filadelfia quizá la idea que mejor articula el problema. Los fundadores estadounidenses, argumenta, no construyeron un sistema terminado. Iniciaron un proyecto. Cada generación posterior tuvo que modificarlo, ampliarlo y corregirlo.

La democracia estadounidense de 1787 excluía a buena parte de quienes hoy consideramos ciudadanos. Fueron necesarias generaciones de luchas para abolir la esclavitud, ampliar el sufragio, reconocer derechos civiles, incorporar plenamente a las mujeres y construir instituciones que los fundadores ni siquiera imaginaron.

La democracia sobrevivió porque cambió. Ésta es una idea fundamental tanto para quienes quieren congelar las instituciones como para quienes quieren destruirlas para comenzar nuevamente. Existe una tercera posibilidad: reinventar sin destruir. La verdadera fidelidad a la democracia no consiste en conservar intactas sus instituciones, sino en preservar su capacidad para corregirse.

Cuando votar ya no basta

Jon Alexander, cofundador del “New Citizenship Project”, y autor de “CITIZENS: Why the Key to Fixing Everything is All of Us”, lleva el argumento más lejos. Después de estudiar experiencias de participación alrededor del mundo encontró que muchas innovaciones democráticas no nacen de presidentes, congresos o partidos, sino de ciudadanos organizados para resolver problemas concretos.

Su crítica es poderosa: hemos convertido al ciudadano en consumidor de democracia. Cada determinado número de años le ofrecemos candidatos. Elige uno. Regresa a casa. Los políticos gobiernan. El ciudadano observa, protesta, aplaude o se indigna en las redes sociales. Después vuelve a votar. Eso es ciudadanía de baja intensidad. Alexander propone recuperar una concepción más exigente: el ciudadano como protagonista. La democracia no es simplemente algo que recibimos del gobierno. Es algo que hacemos.

Y aquí el informe de International IDEA añade una dimensión fundamental. La participación y una sociedad civil vigorosa no son solamente expresiones deseables de democracia. Funcionan como mecanismos de rendición de cuentas social y están asociadas con sociedades más pacíficas. Esto transforma nuestra manera de pensar la participación.

Un ciudadano activo no es simplemente alguien políticamente interesado. Es parte de la infraestructura institucional que impide que los conflictos terminen resolviéndose mediante la violencia.

La democracia también tiene que funcionar

Sally Kohn, autora de The Opposite of Hate, plantea otra pregunta provocadora: ¿está ganando el autoritarismo o está fracasando la democracia en producir lo que los ciudadanos esperan? Podemos discutir las causas. Desigualdad, polarización, corrupción, inseguridad, debilitamiento institucional, migración, redes sociales y desinformación desempeñan papeles distintos en diferentes sociedades. Pero su intuición central es difícil de ignorar: la democracia también tiene que entregar resultados.

Durante demasiado tiempo algunos defensores de la democracia parecieron asumir que su legitimidad provenía exclusivamente de sus procedimientos. Elecciones libres. División de poderes. Libertad de expresión. Estado de derecho. Todo ello es indispensable. Pero imaginemos a un ciudadano que vota regularmente y al mismo tiempo vive inseguro, encuentra servicios públicos deficientes, observa corrupción, carece de movilidad social y piensa que sus hijos tendrán menos oportunidades.

¿Cuánto tiempo bastará decirle que el sistema funciona porque las elecciones fueron técnicamente correctas? Las democracias necesitan derechos. Pero también necesitan capacidades y resultados.

El Estado de derecho es infraestructura de seguridad

Aquí aparece quizá la aportación más poderosa del nuevo informe de International IDEA. El deterioro más preocupante ocurre precisamente en el Estado de derecho. Entre 2020 y 2025, 29 países retrocedieron y solamente 14 avanzaron. La independencia judicial representa la mayor proporción de esos deterioros.

¿Por qué importa? Porque solemos separar dos conversaciones: democracia y seguridad. Una pertenece supuestamente a constitucionalistas, politólogos y organismos electorales. La otra a policías, militares, fiscales y agencias de inteligencia. International IDEA demuestra que esa separación es artificial.

En 2025 hubo 65 conflictos violentos en el mundo, el mayor número registrado desde que comenzó la serie en 1946. Al mismo tiempo, la calidad democrática se deterioró en elecciones creíbles, libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la justicia. No significa que una cosa cause automáticamente la otra. Pero existe una asociación importante entre instituciones débiles, democracias de baja calidad y riesgo de conflicto.

Por eso necesitamos empezar a entender la democracia como infraestructura de seguridad. Un tribunal independiente es infraestructura de seguridad. Un Congreso capaz de limitar al Ejecutivo es infraestructura de seguridad. Una prensa libre es infraestructura de seguridad. Una sociedad civil vigorosa es infraestructura de seguridad. Un sistema electoral creíble es infraestructura de seguridad. Todos permiten procesar pacíficamente aquello que, cuando las instituciones fracasan, termina resolviéndose en las calles o mediante la violencia.

El derecho a que el poder no entre en nuestra mente

Jen Golbeck, de la Universidad de Maryland, introduce un desafío que los constituyentes del siglo XVIII jamás imaginaron: la vigilancia digital. Gobiernos y corporaciones poseen hoy una capacidad sin precedente para conocer movimientos, búsquedas, preferencias y comportamientos. Golbeck lo llama data colonialism. La privacidad deja entonces de ser solamente un problema tecnológico. Se convierte en un problema democrático.

Ahora agreguemos inteligencia artificial. Ya no será solamente posible conocer lo que hicimos. Será crecientemente posible inferir qué queremos, qué tememos, qué nos indigna y qué mensaje podría persuadirnos. La democracia futura necesitará proteger algo que las constituciones anteriores prácticamente daban por sentado: la soberanía mental del ciudadano.

México y la democracia de capacidades

Todas estas ideas adquieren una dimensión especial cuando las trasladamos a México. Podemos tener gobiernos populares y simultáneamente ciudadanos preocupados por las instituciones. Podemos celebrar elecciones y tener ciudadanos que no se sienten escuchados. Podemos ampliar programas sociales y mantener enormes problemas de seguridad y justicia. Podemos tener millones de usuarios políticamente activos en redes sociales y una sociedad civil debilitada.

México no necesita solamente preguntarse si sus instituciones deben conservarse o transformarse. Necesita formular una pregunta mucho más ambiciosa: ¿qué democracia queremos construir para 2050? Propongo pensar en una transición de una democracia de derechos hacia una democracia de capacidades.

No basta decirle al ciudadano: tienes derecho a votar. Tenemos que preguntarle: ¿Tienes información confiable para decidir? ¿Tienes privacidad para pensar? ¿Tienes educación para comprender problemas complejos? ¿Tienes seguridad económica para ejercer tu libertad? ¿Tienes tribunales que realmente hagan valer tus derechos? ¿Tienes espacios donde tu voz influya? ¿Tienes tiempo para participar? ¿Confías en que las instituciones responderán cuando lo hagas?

Los derechos sin capacidades corren el riesgo de convertirse en libertades formales que significan cada vez menos en la vida cotidiana.

El siguiente experimento

Hace 250 años nadie sabía si aquel experimento funcionaría. Sus creadores no tenían algoritmos, inteligencia artificial, redes sociales, deepfakes, plataformas digitales globales ni sociedades capaces de conocer instantáneamente lo que ocurre al otro lado del planeta.

Nosotros sí. Y seguimos intentando gobernar ese mundo con instituciones diseñadas, en buena medida, antes de que existiera. Por eso quizá debemos dejar de hablar exclusivamente de salvar la democracia. Salvar implica conservar. Nuestro desafío es más ambicioso: reinventarla sin destruirla.

Necesitamos una democracia que proteja derechos, pero también construya capacidades; que celebre elecciones, pero también genere participación; que limite al poder, pero también produzca resultados; que proteja nuestra libertad física y también nuestra soberanía mental; que entienda que la sociedad civil no estorba al gobierno, sino que fortalece la democracia; y que reconozca que el Estado de derecho no es solamente un principio constitucional: es infraestructura de paz y seguridad.

La democracia no es un monumento heredado de nuestros antepasados. Es una tecnología social que cada generación tiene la obligación de mejorar. Hace 250 años, en Filadelfia, alguien tuvo la audacia de imaginar una democracia que todavía no existía. Quizá nuestra generación tenga que hacer exactamente lo mismo.

Porque la gran pregunta de nuestro tiempo ya no es solamente cómo defender la democracia que tenemos. Es si tendremos la imaginación, las instituciones y el valor para construir la democracia que todavía no hemos inventado.