La amenaza de España de vincular la ampliación de la UE con la oficialidad del catalán deja fríos a sus socios
El Gobierno busca reactivar la reivindicación para que el catalán, euskera y gallego sean reconocidos como lenguas de la Unión Europea, tras más de un año sin avances en Bruselas, y esta vez lanzará un ultimátum el próximo martes al resto de países de la Unión advirtiendo de que sería inaceptable para España permitir la adhesión de nuevos socios mientras no se oficialicen estas tres lenguas. Eso sí, a falta del debate formal, la mayoría de capitales consultadas han recibido con frialdad la amenaza de veto.
"Es una amenaza vacía", zanja un alto cargo de un Estado miembro reticente a la petición española, tras apuntar que el proceso de ampliación lleva tiempo "bloqueado" porque hay ya varias capitales que frenan todo avance por distintas razones. Por ello, insiste la fuente en conversación con Europa Press, "un potencial chantaje de España es una amenaza vacía".
La cuestión de la adhesión es un proceso "basado en los méritos" de cada país candidato y no tiene "nada que ver" con la cuestión de las lenguas cooficiales, indican otras fuentes diplomáticas, que advierten de que por ello enmarcar la petición española en el plano de la ampliación "no ayudará al debate".
NO SE TOMA EN SERIO
Desde otro país socio se apunta que "no ayuda" a la ampliación el hecho de inmiscuir "asuntos de política doméstica", en referencia a los compromisos que el Gobierno pactó con Junts a cambio de su apoyo para la investidura de Pedro Sánchez.
"Nada ha cambiado, no hay muchos Estados miembro que se tomaran muy en serio la amenaza", apuntan desde otra delegación, a pocos días de que España plantee sus argumentos ante el resto de socios de los Veintisiete y sin que se pueda dar por hecho que entonces vaya a haber debate entre ministros, dado que el punto está previsto en la agenda como un "punto varios".
El formato elegido esta vez por España permite a un Estado miembro pedir la palabra para informar sobre un asunto, pero no que se tomen decisiones de fondo. Otros ministros o los representantes del Consejo y de la Comisión Europea pueden intervenir si lo desean, pero no garantiza ninguna intervención, como sí ocurre cuando se incorporan los asuntos como puntos de debate.
A LA ESPERA DE DETALLES
Así las cosas, el resto de Estados miembro se mantienen a la expectativa de conocer cómo defiende España el vínculo para vetar una eventual ampliación de países como Montenegro o Albania --los más avanzados en el proceso- si no se incorporan las lenguas cooficiales al reglamento comunitario.
Además, todas las delegaciones consultadas por Europa Press indican que sus posiciones se mantienen sin cambios desde que hace más de una año el Gobierno intentó sin éxito un acuerdo que requiere de la unanimidad de los Veintisiete.
Fue en julio de 2025, bajo la presidencia danesa del Consejo de la UE, cuando tuvo lugar una "discusión exhaustiva en la que no fue posible el acuerdo", según recuerda un alto diplomático de uno de los Estados miembros abiertos a considerar la demanda española.
Entonces, el debate duró casi una hora y fue por momentos tenso y asertivo, según describieron a Europa Press fuentes diplomáticas, y España chocó con el rechazo claro de una decena de países, con Alemania a la cabeza pero también Italia o Países Bajos, por las dudas jurídicas, financieras y operativas, que la reforma les genera y que, un año después, consideran que siguen sin estar resueltas.
El Gobierno defiende que cuenta con una "amplia mayoría" de apoyos entre sus socios y el propio ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, afirmó hace pocos días que las "reticencias que quedan por parte de algunos Estados son reticencias exclusivamente políticas, partidistas".
En todo caso, la estrategia del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha pasado en el último año por contactar con las capitales en bilateral para abordar por separado las claves de la reforma que plantea para la oficialidad de las lenguas cooficiales, incluido el compromiso de que sea España quien asuma el coste de su implantación, por lo que no ha habido discusiones a nivel de Veintisiete ni siquiera a nivel técnico en Bruselas para medir si estos diálogos han tenido fruto.
Infobae
