Rusia renueva la Duma en medio de la guerra: manipulación estatal, oposición proscripta y un mecanismo para medir la lealtad a Putin

Desde este viernes y hasta el domingo, Rusia celebra la primera elección legislativa desde que empezó la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Se renuevan los 450 escaños de la Duma Estatal, la cámara baja del Parlamento, en jornadas que además incluyen más de 2.200 comicios de otro nivel —gobernadores, legislaturas regionales—, con cerca de 20.700 cargos de elección popular en disputa en total.

Nadie duda de que Rusia Unida, el partido que sostiene a Vladimir Putin, va a retener el control de la Duma, y con él la supermayoría de más de 300 escaños que le permite reformar la Constitución sin necesitar acuerdos con nadie. Esa certeza, sin embargo, esconde la pregunta más interesante. Un régimen que ya sabe que va a ganar no necesita, en teoría, movilizar todo el aparato del Estado para una votación. Y sin embargo lo hace, con más recursos que nunca. ¿Para qué sirve una elección cuyo resultado ya está decidido?

La respuesta es que los comicios no sirven para elegir. Sirven para medir. El politólogo Vsevolod Chernozub, del think tank de opositores exiliados Free Russia Foundation, lo resume con una metáfora mecánica: las elecciones rusas son “una especie de indicador de desgaste de neumático”, que le permite al Kremlin medir si algo necesita ajustarse antes de perder el control en la próxima curva. Ese diagnóstico no depende del resultado —ya conocido— sino de la información que el proceso genera puertas adentro: qué región cumplió, cuál no, y dónde crece el descontento que la propaganda no puede tapar.

Un test de estrés para el aparato de poder

Ese mecanismo de medición tiene nombre propio dentro del aparato: KPI, la sigla en inglés para “indicador clave de desempeño” que la propia administración presidencial usa puertas adentro. Según reveló el medio independiente Meduza con fuentes en administraciones regionales, el Kremlin le fija a cada región un objetivo numérico de participación y de voto a favor de Rusia Unida, y lo ajusta sobre la marcha según el humor del electorado: en febrero de 2026 el objetivo público era 50% de participación y 55% de apoyo al oficialismo; hacia julio, con las encuestas cayendo, se recortó más de una vez.

Un funcionario regional le explicó a Meduza la lógica del sistema: cuando la Administración sube el KPI, exige a la vez que el resultado “parezca creíble” —dos objetivos que, en sus propias palabras, “se excluyen mutuamente”. Para sostener la meta, empresas y reparticiones públicas designan “capataces de movilización”: empleados encargados de garantizar que voten entre diez y varias decenas de sus propios compañeros.

Ese mismo aparato de control interno también castiga a quien no cumple. Los arrestos de altos funcionarios se cuadruplicaron en 2025 respecto del período prebélico. El centro NEST —fundado por el opositor ruso exiliado y antiguo archienemigo de Putin, Mikhail Khodorkovsky—, en su informe Transition Without a Successor (Transición sin un sucesor), interpreta esa purga como parte de un mismo proceso: Putin debilita deliberadamente a los grupos de poder tradicionales para redistribuir influencia hacia lealtades personales, y las elecciones son el momento en que esa lealtad —cumplida o no— queda registrada con números.

La ingeniería del control

El instrumento técnico que permite cumplir esas metas sin dejar rastro es el DEG, el voto electrónico remoto ruso: se usa este año en Moscú y decenas de regiones y, según reconstruye Meduza, las autoridades lo emplearon antes para inflar resultados: a diferencia de una boleta en papel, no permite un recuento físico que un observador pueda auditar. A eso se suma el voto en tres días, que dificulta la vigilancia continua de las mesas, y la depuración previa de candidatos mediante la etiqueta de “agente extranjero” —una designación legal que el Estado ruso aplica a personas u organizaciones que recibieron algún tipo de apoyo o financiamiento extranjero, y que en la práctica funciona como una marca que inhabilita, estigmatiza y expone a sanciones penales.

El caso más elocuente de hasta dónde llegó esa depuración es la desaparición del organismo que podría haberla documentado. Golos, el movimiento independiente de defensa de los votantes que durante 25 años fue el principal fiscalizador electoral ruso, se disolvió en julio de 2025 después de que su copresidente, Grigory Melkonyants, fuera condenado a cinco años de prisión. Que el sistema ya no tolere ni el monitoreo civil más moderado es, en sí, la mejor medida de cuánto se estrechó el margen desde la última elección.

Una sociedad resignada

Los números que sí escapan al control del Kremlin son los que mide el Centro Levada, la encuestadora independiente rusa marcada como “agente extranjero” desde 2016: ubica el respaldo real a Rusia Unida en apenas 20%, mientras que los organismos oficiales lo elevan a 35%. El propio VTsIOM, la encuestadora estatal, midió un año errático para el propio partido: la intención de voto a Rusia Unida cayó a 25% en abril de 2026 y, tras un cambio de metodología, rebotó a cerca de 30% para volver a bajar hacia junio. El precedente de 2021 es elocuente: con una popularidad real del 30% según Levada, Rusia Unida terminó con el 49,82% oficial. El analista electoral Sergey Shpilkin —conocido por diseccionar anomalías estadísticas en las actas rusas, comparando la curva de resultados de cada mesa con lo que matemáticamente cabría esperar de un conteo limpio— calculó entonces el resultado real en 31-33%, con 13,8 millones de votos en la porción del recuento sin explicación matemática.

Ese 20% de respaldo real no equivale a una sociedad movilizada contra el Kremlin: la disidencia no se traduce en protestas ni en una alternativa electoral viable, sino en una combinación de miedo, cansancio y ausencia de opciones.

La fatiga económica —Fondo Nacional de Bienestar (la principal reserva soberana del Estado ruso, usada para cubrir déficits y financiar el gasto de guerra) casi agotado, ingresos reales cayendo por primera vez en tres años, 61% de los rusos esperando que 2026 sea peor, según una encuesta de enero del proyecto Russian Field— agrava el desgaste sin traducirse, todavía, en un costo político que el Kremlin no pueda administrar.

El límite del sistema: el debate sobre la guerra

La exclusión de Yábloko, el único partido registrado que se opuso abiertamente a la guerra, es el límite visible de ese sistema. En agosto, la Corte Suprema rusa lo excluyó de la boleta legislativa tras una demanda de un partido afín al Kremlin por supuestas irregularidades de financiamiento. Para entonces su cúpula ya llegaba desarticulada por vía judicial: un vicepresidente había sido condenado a once años de prisión por difundir “noticias falsas” sobre las fuerzas armadas y diez dirigentes estaban inhabilitados por figurar como “agentes extranjeros”.

Que el Kremlin haya ido tan lejos para sacarlo de la boleta no fue un gesto menor: como explicó Tatiana Stanovaya, del Carnegie Russia Eurasia Center, a la agencia AP, el riesgo real era que la campaña de Yábloko convirtiera la elección en un plebiscito de facto entre continuar la guerra o negociar la paz, algo que “claramente no era parte del plan” del Kremlin.

Sobre el otro extremo del tablero, el Kremlin promovió a los veteranos de guerra en las listas oficialistas —76 en la nómina final de Rusia Unida, con un plus automático del 25% en sus resultados de las internas— como parte de una estrategia más amplia: mostrarles a los potenciales reclutas que combatir en Ucrania puede abrirles una carrera política.

El analista Abbas Gallyamov, ex speechwriter del propio Putin devenido crítico independiente, calificó esa promesa de “pura palabrería”: para atraer más hombres al frente, dijo, hay que prometerles todo lo que quieren escuchar, sin que eso implique que la mayoría vaya a tener poder real alguna vez.

La mirada desde Kiev

Si adentro de Rusia la guerra define hasta el diseño de las listas electorales, del otro lado del frente la lectura es igual de directa. Andri Kovalenko, jefe del Centro contra la Desinformación de Ucrania, escribió que la exclusión de Yábloko demuestra “una vez más que el régimen de Putin no concibe un futuro sin guerra”.

Kiev tiene además una objeción propia: por primera vez Rusia abrirá mesas de votación para su Parlamento en zonas ocupadas de Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia y Kherson, algo que ni siquiera hizo con Crimea, anexada en 2014 y que sí votó en las legislativas de 2016 y 2021.

Kiev tiene, además, una objeción propia y más concreta, que Oleksandr Slyvchuk, coordinador del programa de cooperación con España y América Latina del Transatlantic Dialogue Center de Kiev, desarrolla en una columna en este medio: por primera vez, Rusia abrirá mesas de votación para su Parlamento nacional en zonas ocupadas de las cuatro provincias ucranianas de Donetsk, Lugansk, Zaporizhizhia y Kherson, algo que ni siquiera había hecho con Crimea en 2016 o 2021, donde la anexión al menos era formalmente anterior a esas elecciones. Para Slyvchuk, llamarlo “elecciones” ya es adoptar el vocabulario de quien las organiza: jurídicamente no se trata de un proceso con defectos sino de “un acto nulo desde el principio”, porque una potencia ocupante convoca a votar por su propio órgano legislativo en un territorio sobre el que no tiene soberanía.

El día después

Nada de esto cambia el lunes 21. Rusia Unida conservará su supermayoría, el presupuesto militar queda blindado sin necesidad de pactos, y el Kremlin sale con lo que buscaba: no un mandato popular en sentido democrático, sino la confirmación interna de que la maquinaria de lealtades —gobernadores, funcionarios, aparato de seguridad— sigue respondiendo a las metas que le bajaron desde Moscú.

Esa es la utilidad real de una elección sin sorpresas: no legitima al régimen ante el mundo, lo audita ante sí mismo. Y ese informe interno, más que el resultado oficial, es el que va a determinar cuánto margen tiene el Kremlin para pedirle más a una sociedad cada vez más cansada de la guerra.