Cristianos Hispanoamérica pide a la CIDH la liberación urgente del periodista encarcelado en Colombia por negarse a retirar su documental sobre menores trans
Staff/RG
La Fundación solicita medidas cautelares para Samuel Adrián, un activista mexicano detenido después de negarse a retirar el documental “Colombia: Fábrica de Niños Trans”.
Abogados Cristianos Hispanoamérica pide a la CIDH que reclame a Colombia la suspensión inmediata del arresto y de la orden de retirada o modificación del documental.
La organización lanza además una campaña de firmas para reclamar una investigación independiente sobre los protocolos de transición de menores denunciados en el documental.
Polonia Castellanos: «Se ha encarcelado a quien lo contó y no se ha investigado lo que contó. Eso no es administrar justicia:
es silenciar».
Abogados Cristianos Hispanoamérica ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la adopción urgente de medidas cautelares a favor del periodista mexicano Samuel Adrián, detenido en Colombia tras negarse a retirar su documental Colombia: fábrica de niños trans.
La solicitud reclama a Colombia la suspensión inmediata de la sanción de arresto y la puesta en libertad de Samuel Adrián, así como la suspensión cautelar de la orden judicial que exige retirar el documental.
Samuel Adrián dirigió y publicó el documental para denunciar públicamente mediante el testimonio de víctimas “detransicionadas”
la administración de tratamientos irreversibles a niños previa “valoración médica” relacionada con la transición de género de menores en Colombia. Posteriormente, el director de la Clínica donde se realizaban dichas prácticas, interpuso una acción de tutela alegando la vulneración de sus derechos al buen nombre y a la honra.
Según recoge la presentada ante la CIDH, un juzgado de Cali ordenó retirar el material audiovisual en el que aparecía el médico.
Samuel Adrián mantuvo el documental publicado y el juzgado declaró el desacato, imponiéndole una sanción de 10 días de arresto y una multa de 15 salarios mínimos mensuales.
El periodista fue detenido el pasado 13 de septiembre en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, a su llegada desde Panamá, para ejecutar la orden de arresto.
En el momento de presentar la solicitud de medidas cautelares permanece privado de libertad.
Campaña internacional de firmas
Paralelamente a la actuación ante la CIDH, Abogados Cristianos Hispanoamérica ha lanzado una campaña de recogida de firmas
que reclama la libertad de Samuel Adrián y la apertura de una investigación independiente sobre los hechos denunciados en su documental, entre ellos las condiciones y protocolos aplicados en intervenciones de transición de género de menores en Colombia.
La campaña se puede firmar aquí.
«No hay delito. Hay una orden de borrado», ha señalado Polonia Castellanos, presidente de la fundación.
«Se ha encarcelado a quien lo contó y no se ha investigado lo que contó en el documental. Eso no es administrar justicia: es silenciar».
Castellanos añade que «cada día que Samuel Adrián permanece detenido es un día de libertad que nadie podrá devolverle. Por eso hemos pedido a la CIDH que actúe de manera urgente y hemos puesto en marcha una campaña para que la sociedad también pueda exigir su liberación y que se investiguen los hechos que denunció».
Abogados Cristianos Hispanoamérica sostiene ante la CIDH que la situación afecta, entre otros, a los derechos a la libertad personal y a la libertad de pensamiento y expresión, reconocidos en los artículos 7 y 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Fundación argumenta además que, al tratarse de un arresto de solo diez días, existe el riesgo de que la sanción se cumpla íntegramente antes de que los mecanismos internos puedan ofrecer una respuesta efectiva.
Además de la liberación del periodista, Abogados Cristianos Hispanoamérica solicita que Colombia garantice que Samuel Adrián no sea objeto de nuevas órdenes de detención, sanciones, hostigamientos o persecuciones judiciales o administrativas derivadas de la difusión de su trabajo documental, así como la protección de su integridad y el acceso a asistencia consular y a su defensa jurídica.
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