“No fue homenaje, fue apropiación”: madres buscadoras reclaman a gobiernos de Puebla y Guanajuato incluirlas en Grito de Independencia

La labor de las organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas, conformadas principalmente por familias, se ha visibilizado de forma significativa durante el último año frente a la crisis de desaparición forzada que se atraviesa en México, luego de que de que por años han denunciado falta de atención por parte de las autoridades y han sido victimas de diferentes tipos de violencia, incluyendo el homicidio.

Esto llevó a que este 15 de septiembre pasado, los gobernadores de Puebla, Alejandro Armenta, y de Guanajuato, Libia Dennise, las incluyeran en las arengas del Grito de Independencia.

No obstante, los colectivos no tomaron el gesto como un reconocimiento y cuestionaron su actuación al señalar que en ambas entidades persisten omisiones en las búsquedas, falta de seguridad y ausencia de resultados en las investigaciones.

En Guanajuato cuestionan la arenga de Libia Dennise

Durante la conmemoración del 216 aniversario del inicio de la Independencia de México, la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise, incluyó entre sus arengas la frase: “¡Vivan las madres buscadoras!”

En un comunicado, la organización León Red Feminista cuestionó que esa expresión provenga de un Gobierno cuyo estado, de acuerdo con el colectivo, se ha convertido en la entidad con mayor número de agresiones letales documentadas contra personas buscadoras en México.

Sostuvo que la contradicción se vuelve más dolorosa ante la respuesta de la gobernadora frente a los casos de buscadoras asesinadas. El documento recuerda la desaparición y posterior localización sin vida de Cecilia García, integrante de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos.

Según el comunicado, Libia Dennise declaró públicamente que Cecilia “No tenía la calidad de buscadora” y que no pertenecía al colectivo. Sus compañeras salieron a desmentir esa versión y señalaron que continuaba participando activamente en búsquedas y acciones del grupo.

Días después, de acuerdo con el posicionamiento, el Gobierno tuvo que rectificar y reconocer a Cecilia García como buscadora. El documento también cita los asesinatos de Patricia Acosta y Katia Citlali, integrantes del mismo colectivo.

En esos casos, el colectivo afirma que la respuesta de la gobernadora fue señalar que las víctimas no habían solicitado formalmente medidas de protección antes del ataque. Las familias cuestionan que un reconocimiento institucional, un registro o una solicitud previa definan quién merece ser protegida.

A esto se sumó, según el colectivo, la negligencia denunciada recientemente por integrantes de Unidos por los Desaparecidos. Las buscadoras acudieron a una jornada sin el acompañamiento de seguridad que debía estar presente y fueron abordadas por personas que mostraron un arma.

Por ello, el colectivo rechaza que la frase pronunciada desde el balcón se quede en una arenga.

“¿Acaso no deberían evitar que desaparezcan las personas antes que siquiera querer colgarse de un activismo que no respetan ni reconocen?”, planteó.

El documento sostiene que las madres buscadoras y las personas que buscan a sus familiares necesitan volver vivas. Añade que no tendrían que buscar si el gobierno hiciera su trabajo y cuestiona que las autoridades se limiten a decir que se trata de un problema federal.

“¿Acaso no tienen su gobierno aquí en esta geografía que habitamos?”, pregunta el colectivo. Las familias exigen protección diaria, seguridad durante las búsquedas, acompañamiento institucional, investigación de las agresiones y asesinatos, escucha y políticas públicas frente a la crisis de desapariciones en Guanajuato.

El posicionamiento remata: “A las madres buscadoras no se les honra gritándoles ‘¡Vivan!’”.

En Puebla califican la arenga como una apropiación

El Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla manifestó su “profunda indignación y enérgico reclamo” por la arenga lanzada desde el balcón del Palacio de Gobierno durante la ceremonia del Grito de Independencia, la noche del 15 de septiembre de 2026: “¡Vivan las madres y familias buscadoras!”.

Madres, padres, hermanas, hijas e hijos que integran el colectivo se dirigieron al gobernador del estado para rechazar el uso de esa frase.

“Esto no fue un homenaje. Fue una apropiación”, señalaron.

El colectivo afirmó que hay una diferencia jurídica y política entre reconocer una lucha y capitalizarla. Acusa que el gobernador hizo lo segundo desde el balcón más visible del estado, ante cámaras que replicarían la frase sin el contexto que, según las familias, la hizo necesaria.

“Nuestras palabras no nacieron para ornamentar un discurso oficial”, expone el posicionamiento. Las familias indican que esas consignas nacieron del dolor de no saber dónde están sus hijas, hijos y hermanos.

También sostuvieron que sus palabras son una denuncia contra la omisión, la negligencia y un aparato de procuración de justicia que no les da resultados. Cuando el Estado corea esas frases sin cambiar las condiciones que las produjeron, “no nos reconoce”, afirma el colectivo.

El documento señaló que esa mención “no es una cita, es un despojo que convierte el reclamo en aplauso, y el aplauso en una fotografía de gobierno”.

El colectivo anticipó que el gobernador podría definir la arenga como un gesto de reconocimiento, buena fe o solidaridad institucional.

“No lo aceptamos”, responden las familias. “El reconocimiento no se grita desde un balcón: se ejerce en fiscalías, en laboratorios de genética forense, en protocolos de búsqueda que se cumplen sin que tengamos que exigirlos cada vez”.

“Un gobierno que reconoce nuestra lucha con la boca y la abandona con las manos no está honrando, está administrando nuestra imagen”, añadió.

Las familias indicaron que, mientras se lanzaba la arenga, seguían sin sus familiares porque están desaparecidos.

“¿De qué sirve su reconocimiento si no hay búsqueda efectiva?”, cuestionan. El documento exige una respuesta con hechos y no con otro discurso.

Voz de los Desaparecidos en Puebla aseveró que el centro de su posicionamiento no es la ofensa, sino la instrumentalización del dolor de las familias para proyectar una imagen de gobierno unido con “la sociedad civil”, frente a miles de expedientes sin avance.

“El Estado no nos felicita: el Estado nos debe”, señala el colectivo. La deuda, afirma, es de búsqueda, verdad y justicia, y no se salda con aplausos.

Las familias advirtieron que “un viva simbólico no repara una fosa sin nombre, no acelera una prueba genética, no le devuelve a nadie a su familia”. Por ello, rechazan los gestos y exigen compromisos verificables.

El colectivo pide que el Gobierno informe, en un plazo público y auditable, el estado y los avances concretos de cada carpeta de investigación vinculada con las familias que lo integran. También demanda presupuesto etiquetado, ejercido y reportado públicamente para la Comisión de Búsqueda y los servicios periciales.

Exige el cumplimiento de protocolos de búsqueda en campo con participación efectiva de las familias, no como invitadas simbólicas, sino como sujetos con voz decisoria. Demanda garantías de seguridad para quienes buscan, tanto en campo como en la denuncia pública.

El posicionamiento solicita que el Gobierno se abstenga de utilizar consignas, frases o imágenes producidas por el colectivo sin su consentimiento explícito.

“Exigimos que se nos deje de usar como escenografía de unidad nacional cuando, todos los días del año, se nos deja solas frente a la ausencia del Estado.

“Seguimos buscando. Seguiremos exigiendo. Y seguiremos siendo nosotras quienes decidamos cuándo, cómo y por quién se pronuncian nuestras palabras”, concluyó.