Justicia como marca de competitividad electoral ante desapariciones forzadas

Este lunes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación votará si atrae el caso de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido el 25 de agosto de 1974 en Atoyac de Álvarez, Guerrero, después de ser detenido por elementos del Ejército. La solicitud para ejercer la Facultad de Atracción la hizo suya la ministra Loretta Ortiz Ahlf.

Estamos hablando de una herida que lleva 52 años abierta con pendientes por cumplir.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró en 2009 la responsabilidad internacional de México por la desaparición forzada de Radilla y por las violaciones cometidas contra sus familiares. También ordenó investigar, determinar responsabilidades y localizar a Rosendo Radilla o sus restos. La propia Corte Interamericana mantiene el caso dentro de los asuntos pendientes de cumplimiento, prueba de ello es que la desaparición forzada continúa siendo un problema grave que ahora involucra al crimen organizado.

México vive una crisis de desapariciones que ha hecho de la búsqueda una experiencia cotidiana para miles de familias, desplazando el monopolio de investigación y persecución penal del Estado a personas civiles, a menudo mujeres que buscan en carácter de madres, hijas o esposas sin tener la preparación forense ni los recursos suficientes como si los tiene un Estado. La discusión sobre quién desaparece, quién encubre, quién investiga y quién debe responder ya no admite respuestas simples porque justamente, no es fácil distinguir entre desapariciones que cometen particulares y alianzas criminales entre gobernadores y cárteles. En el caso Radilla existe, además, un dato que obliga a mirar hacia el Estado. La sentencia interamericana estableció la responsabilidad de agentes militares en la desaparición y señaló fallas graves en la investigación.

La decisión de la Corte importa.

Atraer el asunto no significa resolverlo. Significa asumir que existe una cuestión jurídica con relevancia suficiente para que el máximo tribunal intervenga. En este caso, la discusión toca los límites que tiene un juez para ordenar acciones de búsqueda, investigación y cumplimiento frente a omisiones de las autoridades.

La solicitud que hizo suya Loretta Ortiz coloca al Poder Judicial frente a una pregunta que también es política, aunque su respuesta tenga que ser jurídica. ¿Puede la justicia corregir una deuda que lleva décadas acumulándose?

La respuesta no debería depender de simpatías partidistas ni de cálculos de coyuntura. Pero sería ingenuo pensar que las decisiones judiciales ocurren fuera de la vida pública.

Esta nueva integración de la Suprema Corte llegó mediante un proceso electoral. Eso modificó la relación entre quienes ocupan los cargos judiciales y la ciudadanía. Ahora existe una dimensión electoral que antes no estaba presente de la misma manera. Cada resolución puede tener consecuencias sobre la percepción pública de una ministra o un ministro. Cada actuación puede construir confianza, generar cuestionamientos o modificar la relación con sectores sociales que observan el trabajo de la Corte.

Es decir que la justicia ahora se traduce también a la competitividad electoral.

La competitividad electoral puede funcionar como un incentivo para que las personas juzgadoras sepan que sus decisiones tendrán una lectura pública y que esa lectura puede llegar a las urnas.

El punto delicado está en que una decisión judicial puede beneficiar electoralmente a quien la toma solamente si antes produce justicia para quien lleva décadas esperando, pues especialmente este tema ha sido sensible porque no hay certeza siquiera de cuántas son las víctimas, tampoco queda claro si los desaparecidos solamente buscaban un trabajo, por ejemplo.

Durante años, hablar de desapariciones forzadas significó hablar de expedientes, recomendaciones, informes y resoluciones. Para una familia significa otra cosa. Significa seguir preguntando dónde está una persona. Significa acudir a instituciones que muchas veces responden con nuevos trámites. Significa envejecer mientras una investigación permanece abierta y poner el cuerpo para buscar por propia mano, exponiéndose a ser los siguientes.

En el caso Radilla, la Corte Interamericana señaló que México no había realizado una investigación seria, efectiva y exhaustiva para identificar a los responsables ni para determinar el paradero de Rosendo. También ordenó continuar con la búsqueda.

Por eso, este lunes se discutirá si el Poder Judicial quiere asumir una responsabilidad concreta frente a una historia que todavía no termina.

La causa de las víctimas puede encontrar en la justicia una posibilidad de reparación institucional. El Gobierno Federal puede estar distante de esa causa. El Poder Judicial puede decidir acercarse mediante sus propias competencias, sin sustituir a las fiscalías ni asumir tareas que corresponden a otras autoridades.

Si la Corte atrae el caso, tendrá que hacerlo con rigor. Si lo resuelve, tendrá que hacerlo con razones jurídicas. Si su decisión produce efectos para las familias que buscan a sus desaparecidos, serán esas familias quienes podrán medir el resultado.

La política electoral llegó al Poder Judicial. Eso obliga a hablar también de responsabilidad pública.

Las ministras y los ministros tendrán ahora una oportunidad para demostrar qué significa ejercer un cargo judicial frente a una sociedad que vota, observa y exige resultados. La jugada es tan brillante como arriesgada porque derivado de ese asunto, existe una condena a México por parte de la Corte Interamericana que continúa sin un cumplimiento cabal, prueba de ello son los índices en desaparición forzada y la compleja realidad para distinguir entre los actores que la ejercen entre crimen organizado, gobierno o particulares simples. Pero tan dura es la crisis por desapariciones que al mismo tiempo, este asunto representa la oportunidad de justicia para quienes continúan buscando y la oportunidad de sanar a una causa que se mantiene distante del Gobierno Federal. Si esa causa logra ser sanada por el poder judicial, sin duda la competitividad electoral de las y los ministros, dependiendo de su posicionamiento, podría beneficiarles en tanto que ellos beneficien a las víctimas.

Aún así, no hay que olvidar que para las víctimas, la discusión no es electoral.

Es personal. Es una búsqueda que comenzó hace 52 años y sigue esperando justicia.