Violencia Política

El reciente asesinato de Amy Navarrete Arriola, excandidata del Partido Verde Ecologista de México a la presidencia municipal de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, no puede ser leído únicamente como un homicidio más.

Navarrete fue asesinada durante una celebración en la comunidad de Paso Guayabo, donde participaba como madrina en la tradicional celebración “lavado de ollas” donde murieron también otras dos personas, entre ellas su fotógrafo personal. Hasta ahora no existe información pública que permita afirmar que fue asesinada por su actividad política, correspondiendo a la Fiscalía General del estado de Oaxaca determinar el móvil, la mecánica de los hechos, así como la identidad de los responsables, sin embargo, tampoco debe caerse en el error de despolitizar el contexto.

El hecho, ocurrido un día antes, el 7 de septiembre, en el Istmo de Tehuantepec, coincidiendo prácticamente con el inicio del proceso electoral 2026-2027 en la entidad, donde se renovarán 42 diputaciones locales y 152 ayuntamientos que se rigen por el sistema de partidos políticos, los otros 418 son por el sistema de usos y costumbres, adquiere una dimensión particular ya que dicho homicidio inaugura simbólicamente el proceso electoral bajo un escenario de violencia política previamente acumulada en nuestro país.

Baste recordar que los procesos electorales de 2018, 2021 y 2024 estuvieron acompañados por asesinatos, amenazas, atentados y otras agresiones contra candidatos, aspirantes, funcionarios y exfuncionarios, existiendo un elemento que llama especialmente la atención en cuanto a la concentración de la violencia política en el ámbito municipal, ya que para una organización criminal, el valor de una elección no necesariamente se encuentra en quién ocupe una diputación federal o incluso una gubernatura, aunque no deja de ser un factor determinante, sino en quién controla determinados territorios. Por ello, un ayuntamiento puede significar acceso a policías municipales, obra pública, permisos, contratos, presupuesto, mercados, servicios y relaciones con actores económicos, entre otros.

En este contexto, la violencia puede y ha sido utilizada para eliminar competidores, intimidar aspirantes, imponer candidatos, retirar candidaturas, controlar estructuras políticas, obtener contratos, proteger mercados ilegales, garantizar impunidad, extraer rentas, controlar policías, modificar alianzas políticas, entre otros. Por tanto, un grupo criminal no necesita ganar una elección para influir en ella, sino reducir el número de opciones disponibles, por lo que la violencia no busca necesariamente determinar quién gana, sino decidir quién puede competir.

Ahora, en contextos de alta polarización política, como suelen presentarse en los procesos electorales, debe tomarse con cuidado el atribuir automáticamente al crimen organizado todo asesinato, dado que la violencia política también puede surgir de los propios actores políticos. En determinados municipios existen disputas entre grupos, cacicazgos, conflictos familiares, agrarios, económicos o partidistas que pueden derivar en amenazas y agresiones, lo que ha llevado a que grupos políticos pudieran recurrir a la intimidación o la violencia con el objetivo de desplazar adversarios, controlar candidaturas, conservar posiciones de poder o apropiarse de recursos públicos, convirtiéndose en un gran riesgo para el proceso electoral en ciernes que ambas dimensiones pudieran llegar a enlazarse.

En dicho contexto, un grupo político, vinculado a diversos intereses económicos, puede estar relacionado con mercados ilegales, y éstos, a su vez, con organizaciones criminales, por lo que la frontera entre política, economía, crimen y territorio se vuelve cada vez más difícil de identificar, resultando insuficiente abordar el problema únicamente como una confrontación entre políticos y delincuentes, siendo la realidad mucho más compleja que en términos estrictamente políticos, interactuando en un mismo espacio grupos económicos, cacicazgos, organizaciones criminales, conflictos comunitarios e intereses territoriales.

Así, el lamentable caso de Amy Navarrete en Oaxaca representa una advertencia particularmente importante, al llegar la entidad a este proceso con antecedentes recientes de asesinatos de presidentes municipales, expresidentes, regidores y demás actores políticos, sumando a lo anterior que la región del Istmo de Tehuantepec, donde ocurriera el asesinato de Navarrete, sea una región estratégica debido a sus corredores logísticos, de infraestructura, actividad económica y posición territorial, por lo que no resultaría casual que las disputas políticas locales pudieran adquirir una dimensión que trascendiera lo estrictamente electoral.

En nuestro país, la experiencia acumulada de procesos electorales anteriores muestra que la violencia no necesariamente alcanza su mayor intensidad el día de la elección, sino que el riesgo puede aumentar en el momento de la definición de candidaturas, durante las campañas y conforme se acerca la jornada electoral. Por ello, lo que hoy acontece debe observarse como una señal temprana y no como un fenómeno que pueda analizarse únicamente cuando den inicio formalmente las campañas. En este escenario, el desafío para 2027 será particularmente complejo. Si bien el anuncio en días pasados en cuanto a la reducción de los homicidios dolosos es muy buena noticia, y debe reconocerse como tal, lo cierto es que menos homicidios no significan necesariamente menos violencia, entre ella la política. Una amenaza, un secuestro, una extorsión o una candidatura retirada por miedo también pueden alterar una elección sin necesidad de cambiar una sola boleta, debiendo sólo modificar quién llega a la misma y quién acude a votar.

Por ello, las autoridades electorales y de seguridad deben comenzar desde ahora a identificar municipios de alto riesgo, establecer mecanismos de protección, intercambiar información, analizar posibles redes político-criminales, así como vigilar los recursos utilizados durante las campañas. Del mismo modo la responsabilidad también corresponde a los partidos políticos en tanto que no basta con registrar candidatos, sino conocer quiénes son, qué redes económicas los respaldan y qué intereses existen alrededor de sus candidaturas.

Por ello, el verdadero desafío de 2027 no será únicamente conseguir que haya menos homicidios, sino impedir que la violencia se convierta en otro mecanismo de competencia política.

Y usted, ¿ya comenzó a meditar su voto? Seguiremos atentos.