El Parlamento de Bolivia sesionó para definir la ampliación del estado de excepción por 90 días

El Parlamento de Bolivia instaló este miércoles la sesión para decidir si extiende por otros 90 días el estado de excepción decretado por el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, ante anuncios de movilizaciones de sectores sociales contra las medidas económicas del Ejecutivo.

La Asamblea Legislativa Plurinacional inició el debate a las 16:30 hora local, tras la lectura de las normas que regulan el estado de excepción. Luego, los ministros de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y de Defensa, Ernesto Justiniano, expusieron las acciones aplicadas desde que la medida entró en vigencia, el 20 de junio.

Oviedo sostuvo que el pedido de prórroga busca “cuidar la vida de los ciudadanos”, proteger la economía y garantizar los derechos a la “educación, comercio, trabajo y libre tránsito”. “Venimos a pedir que se garantice el derecho que tienen todos los bolivianos y las bolivianas de vivir en paz y trabajar”, afirmó el ministro ante los legisladores.

Justiniano señaló que el estado de excepción redujo los conflictos, aunque indicó que no eliminaron por completo los riesgos. “La conflictividad disminuyó considerablemente, pero no desapareció”, declaró. El ministro de Defensa precisó que las autoridades registraron 72 eventos de conflictividad durante los primeros dos meses de la medida. A su vez, señaló que los principales focos de riesgo se localizan en el departamento de Santa Cruz y en las ciudades de La Paz, El Alto y Cochabamba.

Entre mayo y junio, la Federación de Campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) promovieron bloqueos de rutas durante siete semanas, principalmente en el occidente y el centro del país. Las protestas, apoyadas también por sectores afines al ex presidente Evo Morales, exigían la renuncia de Paz.

Los cortes provocaron faltantes de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades. El conflicto dejó al menos 16 fallecidos, de los cuales 13 murieron por falta de atención médica oportuna debido a los bloqueos, y causó pérdidas superiores a USD 3.000 millones. Tras alcanzar acuerdos con algunos sectores, entre ellos la COB, el Ejecutivo decretó el estado de excepción para restablecer la circulación. La norma tiene una vigencia inicial de 90 días y el Gobierno pretende prolongarla por el mismo plazo.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) pidió la semana pasada al Gobierno y a los sectores sociales que prioricen el diálogo, eviten los bloqueos y refuercen la convivencia democrática. El dirigente de la COB, Mario Argollo, cuestionó la prórroga. “No habría justificativo legal para ampliar el estado de excepción”, expresó, al señalar que Bolivia atravesó un período de tranquilidad durante los últimos tres meses.

Cientos de docentes marcharon el martes en varias ciudades de Bolivia contra la ampliación del estado de excepción y el acuerdo por USD 1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los sindicatos del sector educativo convocaron protestas bajo la consigna de “cacerolas vacías” para rechazar las reformas económicas del Gobierno de Rodrigo Paz y la pérdida de poder adquisitivo de la población.

En La Paz, los manifestantes se concentraron en la Casa Social del Maestro, cerca de la plaza Murillo, donde se encuentran las sedes del Ejecutivo y el Legislativo. La Policía custodió la zona, bajo la vigencia del estado de excepción que rige desde el 20 de junio.

La secretaria ejecutiva de los maestros urbanos paceños, Anahí Bozo, afirmó que las medidas económicas de la administración de Paz “han afectado” a las familias. Mencionó entre ellas el tipo de cambio flexible y el anuncio de una reducción progresiva de la subvención a los combustibles. La dirigente cuestionó el acuerdo con el FMI, al que atribuyó “imposiciones” dirigidas a “privatizar la economía nacional en desmedro de las familias bolivianas”.

Bozo también rechazó el decreto aprobado el lunes para extender por otros 90 días el estado de excepción, que el Parlamento debía considerar el miércoles. “El estado de excepción se ha utilizado como medida política para acallar las demandas de los trabajadores, las demandas de los sindicatos”, afirmó.

(Con información de EFE)