La tercera ciudad más poblada de Madrid tiene un serio problema: no encuentra empresa que le suministre una nueva grúa y ha tenido que readmitir a trabajadores que despidió

La tercera ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid, destino turístico por excelencia porque allí nació el ilustre Miguel de Cervantes, tiene un serio problema con la grúa municipal. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares (gobernado por PP y Vox) no encuentra, de momento, empresa que le suministre dos nuevos vehículos de arrastre para renovar su anticuada flota, que solo puede atender las infracciones más graves. Además, el Juzgado de lo Social Número 47 de Madrid ha condenado al Consistorio a readmitir a los trabajadores que habían tenido que dejar el servicio porque la concesión municipal de la grúa había vencido, sentencia que ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por el Gobierno local.

“Es toda una película, sí”, reconoce a Infobae Orleana de Miguel, concejala de Seguridad Ciudadana, Recursos Humanos y Comercio. El Consistorio está licitando actualmente un contrato para comprar dos nuevas grúas. Está dispuesto a pagar un máximo de 242.000 euros. Pero está teniendo dificultades. Ya licitó un primer contrato en mayo, pero en julio quedó desierto porque la única empresa que se presentó no cumplía ciertos requisitos técnicos que exigían los pliegos. Así que Alcalá de Henares (203.000 vecinos) ha tenido que volver a sacar otro contrato y espera poder adjudicarlo en breve.

Mientras tanto, el Ayuntamiento está prestando el servicio de retirada de coches mal aparcados. “Solo estamos retirando los vehículos en casos de máxima urgencia. Para el resto de casos estamos poniendo cepos para inmovilizar el vehículo y las multas”, explica De Miguel, un trabajo que se está haciendo con un par de grúas muy antiguas que el Consistorio compró a la empresa (Conforvial SL) que prestaba este servicio municipal. La edil popular asegura que todo este embrollo no habría pasado si la anterior Corporación municipal, del PSOE, hubiera empezado a tramitar a principios de 2023 el nuevo contrato de la grúa porque el que estaba en vigor caducaba en diciembre de ese año.

Pero cuando el PP ganó las elecciones en mayo de 2023 y llegó a la Alcaldía, se encontró, además, que la parcela que hacía las funciones de base de la grúa y depósito de los coches retirados estaba irregularmente en una zona verde. Hubo que buscar otra ubicación que se adecuara a la legalidad. Todo esto retrasó los trámites de la nueva adjudicación del servicio, que no se licitó hasta enero de 2024. Antes de este nuevo contrato, la empresa Conforvial gestionaba la grúa municipal desde diciembre de 2018. La empresa solo tenía que pagar como canon al Ayuntamiento “el 1% sobre el 100% de la recaudación líquida obtenida por la prestación del servicio conforme a las tarifas establecidas en la correspondiente ordenanza fiscal”.

Sin nuevos licitadores

El nuevo contrato, el de enero de 2024, cambió las condiciones. El Consistorio solo pedía un canon fijo anual de 6.050 euros y otro variable de 6,05 euros por vehículo retirado (turismo y furgonetas) y de 2,42 euros si son motocicletas. Más una retribución de 1,21 euros por día de estancia en el depósito. La diferencia de lo que paga un conductor cuando va a retirar su coche se lo queda la empresa que se lleve el contrato. Y hay que tener en cuenta que en Alcalá se paga 150 euros cuando la grúa se lleva tu coche (69 euros si es moto). Según fuentes policiales, en la localidad la grúa retira unos 4.000 vehículos al año.

A la licitación se presentó una solo empresa, Green Truck S.L., pero en mayo de 2024 el Ayuntamiento decidió excluir su oferta “porque no cumplía los requisitos de solvencia económica” y la adjudicación quedó desierta. Esta sociedad no se conformó y presentó un recurso ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, que finalmente, en julio de 2024, decidió estimarlo “anulando la declaración de desierto del procedimiento y retrotrayendo actuaciones hasta alcanzar el momento procesal de motivar su exclusión”.

Y el Ayuntamiento es lo que ha hecho: retrotraer las actuaciones, analizar la documentación y volver a excluir a Green Truck toda vez que no quedaba acreditada la solvencia económica por ninguno de los medios que contemplan los pliegos. Mientras tanto, los trabajadores de Conforvial SL que debían ser subrogados con Green Tuck fueron despedidos. “El Ayuntamiento mandó un día a la Policía Local y, sin ningún tipo de preaviso, ordenó a estos trabajadores que abandonaran su puesto de trabajo. A partir de ahí le pedimos al Consistorio que cumpliera con el convenio colectivo para aceptar la subrogación de estos empleados, cosa que no hizo”, explica Luis Suárez Machota, director del despacho SBO Abogados, un veterano letrado laborista que demandó a Conforvial y al Ayuntamiento de Alcalá al considerar que ambos ejecutaron despidos improcedentes y, por tanto, nulos.

En enero de este año, el juzgado dictó sentencia y obligó no solo a la readmisión inmediata de los trabajadores, sino también al pago íntegro de los salarios dejados de percibir durante todo el tiempo de tramitación del juicio, un periodo que se ha extendido durante casi dos años. “Fue un despido nulo. Esto le puede costar al Ayuntamiento un millón de euros. Los trabajadores, alrededor de una docena, han tenido que ser readmitidos, aunque no todos han vuelto porque algunos en todo este tiempo encontraron otro empleo. El Ayuntamiento ha recurrido ahora al Tribunal Superior de Justicia de Madrid”, explica Suárez Machota.

Responsabilidad del Ayuntamiento

El juzgado ha dado por acreditado que, tras los despidos ejecutados por Conforvial, el Consistorio continuó prestando el servicio de grúa con medios propios, asumiendo de facto la actividad sin respetar los derechos laborales de la plantilla afectada. Este elemento ha sido clave para que el tribunal aprecie responsabilidad directa del Ayuntamiento en el resultado final. De momento, el Gobierno local del PP va poniendo parches. Quiere comprar las dos grúas para que, cuando se resuelva el recurso y licite el nuevo contrato, estos vehículos se sumen al mismo.

“La sentencia, que está recurrida, nos ha obligado a readmitir a estos trabajadores como empleados municipales. No queremos licitar el nuevo servicio hasta que esté solucionado y haya sentencia firme. Creemos que quien tiene que subrogar a estos trabajadores es la empresa adjudicataria”, concluye Orleana de Miguel. “Habrá que ver cómo se articula la nueva licitación para ver si estos trabajadores siguen como empleados municipales o si se subrogan con la futura empresa. El Ayuntamiento no lo tiene claro. Pero nosotros defenderemos los derechos de estos trabajadores, en la vía laboral y en la vía contencioso-administrativa y, si es necesario, también en la penal”, sentencia el letrado Suárez Machota.