Fedea advierte de que la tasa de pobreza en España se dispararía al 23,5% incluyendo el coste de la vivienda

Alrededor de 1,95 millones de personas en España se encontraban en situación de "pobreza oculta" en 2025, es decir, no eran clasificadas como pobres bajo el criterio convencional de renta disponible monetaria, pero caían por debajo del umbral de la pobreza una vez afrontado el coste de acceso a la vivienda.

Así lo revela el estudio "El Coste de la Vivienda y la Pobreza Oculta en España: 2014-2025" publicado este miércoles por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y elaborado por José Ignacio Conde-Ruiz (Fedea y Universidad Complutense de Madrid) y Álvaro Pinto (Fedea y Universidad de Alcalá).

El informe, basado en los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del Instituto Nacional de Estadística (INE), constata que incorporar el coste habitacional "no revierte la mejora de la pobreza registrada entre 2014 y 2025, pero sí eleva sistemáticamente su nivel".

En concreto, la tasa de pobreza relativa convencional se situó en 2025 en el 19,5% de la población, pero repuntaría hasta el 23,5% si se descuenta de la renta el coste de acceso al alojamiento.

Los autores recalcan que "la vivienda no sólo hace que más personas crucen el umbral de la pobreza, sino que agrava la situación económica de muchas de quienes ya se encontraban por debajo de él".

EL ALQUILER DE MERCADO CONCENTRA EL 72,5% DE LA POBREZA "OCULTA"

El análisis subraya la existencia de una "aparente paradoja" en la última década: mientras que la renta disponible agregada mejora, una parte creciente de la población se desplaza hacia "el régimen de tenencia con mayores costes de acceso y menor capacidad de amortiguar las subidas del mercado", el alquiler a precio de mercado.

Este régimen ha pasado de representar el 12,1% de la población en 2014 al 17,4% en 2025. Este fenómeno hace que el impacto de los costes habitacionales se concentre "de forma extraordinaria entre los inquilinos de mercado", apunta el informe.

En 2025, la pobreza convencional afectaba al 32,8% de las personas que vivían de alquiler a precio de mercado, una cifra que escala al 49,9% al descontar el alquiler efectivamente pagado, según Fedea.

En esta línea, el documento señala que "uno de cada cuatro inquilinos inicialmente no pobres cruza el umbral tras pagar el alquiler" y que esta modalidad de tenencia aglutina el 72,5% del total de los 1,95 millones de "pobreza oculta".

EL EFECTO AMORTIGUADOR DE LA PROPIEDAD SIN HIPOTECA

En el sentido opuesto, el estudio analiza el impacto del llamado alquiler imputado, métrica que reconoce el beneficio económico implícito de no pagar una renta de mercado.

Al sumar esta ventaja, en torno a 3,38 millones de personas clasificadas como pobres según su renta monetaria dejarían de serlo. Este efecto se da principalmente entre "propietarios de mayor edad sin hipoteca".

Aunque los expertos recuerdan que el alquiler imputado "no supone que estos hogares dispongan de más dinero en efectivo", sí refleja que "afrontan un coste de alojamiento mucho menor que otros hogares con una renta similar".

PERFIL JOVEN Y EXTRANJERO, EL MÁS VULNERABLE

El estudio refleja que la vulnerabilidad asociada a la vivienda presenta un marcado perfil social y territorial, concentrándose sobre todo en hogares con una persona de referencia joven, nacida fuera de la Unión Europea y ubicada en zonas residenciales tensionadas, como Madrid, Baleares o Cataluña.

Asimismo, Fedea subraya que al contrastar las mediciones monetarias con la Carencia Material y Social Severa (SMSD), la pobreza convencional sólo identifica al 46,7% de las personas en privación material severa en 2025.

En cambio, esta cobertura sube al 56,9% al descontar el coste de acceso a la vivienda y alcanza el 66,1% si se considera el gasto residencial total.

Fedea concluye que la renta disponible por sí sola "resulta insuficiente para distinguir plenamente entre hogares que, pese a disponer de ingresos similares, conservan capacidades económicas muy distintas después de pagar el alojamiento".

Por ello, los autores recomiendan incorporar de forma explícita el coste habitacional en el diseño de las políticas públicas de garantía de ingresos -como el Ingreso Mínimo Vital- con el fin de "ajustar mejor la protección pública a su capacidad económica efectiva y detectar situaciones de vulnerabilidad que pueden quedar fuera cuando el test de recursos se basa exclusivamente en la renta antes de vivienda".