Apuntan contra SCJN por falta de independencia y preparación
Al cumplirse el primer aniversario de la reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación (PJF), la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) lanzó una severa crítica contra la Suprema Corte.
Advirtió que la nueva integración del Máximo Tribunal no sólo ha quedado a deber en la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos y la consolidación de su propia independencia, sino que exhibe preocupantes carencias de formación entre quienes lo integran.
"La nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha quedado a deber en materia de protección efectiva de los derechos y de la consolidación de su independencia, además evidencia la falta de conocimiento y exhibe la débil preparación que tienen la mayoría de sus integrantes para ocupar un asiento en el Máximo Tribunal del País", sostuvo.
A este panorama, sumó un balance preocupante sobre la orientación de sus decisiones en asuntos de alta relevancia coyuntural.
Según los juzgadores federales, se observa una tendencia en la que las determinaciones de la Corte han favorecido de manera sistemática a la autoridad o a las posturas del oficialismo, lo que pone bajo severo cuestionamiento la independencia con la que deberían conducirse las y los ministros.
La JUFED hizo énfasis en que estas deficiencias y errores recurrentes en las labores jurisdiccionales diarias no pueden normalizarse ni asumirse como rutina, ya que la calidad de la deliberación en la SCJN -institución encargada de proteger los derechos humanos en el país- debe cumplir invariablemente con los más altos estándares jurídicos e institucionales.
En su comunicado, denunció que lejos de consolidarse un sistema de impartición de justicia robusto y confiable, este primer año de implementación de reforma judicial ha estado marcado por la incertidumbre institucional, el incumplimiento deliberado de obligaciones legales y decisiones que vulneran los derechos previamente consolidados del personal judicial.
Recordó que este 31 de agosto se cumple exactamente un año de la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), cuya posición fue ocupada por el nuevo Órgano de Administración Judicial, al cual la JUFED califica abiertamente de "órgano parcial".
Asimismo, señaló que desde el 1 de septiembre de 2025 comenzó el incumplimiento sistemático de las obligaciones plasmadas en el décimo artículo transitorio del Decreto de la Reforma.
Esta cláusula transitoria obligaba de manera explícita al Estado a garantizar el pago extraordinario y las pensiones complementarias para aquellas personas juzgadoras que fueron separadas de sus cargos de manera forzada por la implementación de la reforma.
En lugar de esto, los juzgadores en funciones han enfrentado disminuciones en sus remuneraciones habituales.
Subrayó que esto contradice abiertamente las promesas públicas expresadas por los legisladores durante el debate parlamentario de la reforma, donde se garantizó que los derechos laborales y económicos del personal judicial de la Federación serían plenamente respetados.
A la par de los perjuicios laborales y económicos, la asociación denunció que el personal judicial trabaja en medio de un clima de hostilidad.
Este primer año ha estado acompañado por la apertura de procedimientos administrativos de investigación y otras acciones dirigidas a presionar e intimidar a los integrantes del Poder Judicial, aseveró.
También lamentó el sobreseimiento sistemático de los diversos juicios de amparo que habían sido promovidos por la ciudadanía y los propios juzgadores con la finalidad de cuestionar o suspender aspectos de la reforma.
La directiva nacional de la JUFED, correspondiente al periodo 2026-2027, recalcó que la evaluación de una reforma constitucional de tal envergadura no puede limitarse superficialmente al mero relevo de funcionarios o a la renovación de órganos públicos.
El verdadero éxito de cualquier cambio estructural en el sector judicial debe medirse en función de su capacidad para asegurar la independencia judicial, garantizar un acceso efectivo de las personas a la justicia y respetar las obligaciones contractuales y legales asumidas frente a quienes integran el sistema judicial
"A un año de su implementación, los hechos evidencian que esos objetivos permanecen pendientes", sentenció.
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