Muro en el Big Bend: Trump dice sí, texanos dicen no

Desde que el presidente Trump regresó al cargo en enero de 2025, su administración ha intensificado los esfuerzos para erigir barreras fronterizas en zonas de la frontera entre Estados Unidos y México que actualmente carecen de ellas.

Esto incluye la región de Big Bend, en el extremo oeste de Texas, donde se encuentran el Parque Nacional Big Bend y el Parque Estatal Big Bend Ranch, ambos considerados por la administración Trump como objetivo para la construcción de infraestructura de seguridad fronteriza.

Históricamente, esta región ha registrado el menor número de cruces ilegales a lo largo de toda la frontera suroeste. Sin embargo, la administración Trump ha adjudicado contratos por valor de miles de millones de dólares para construir algún tipo de infraestructura que disuada los cruces fronterizos ilegales, al tiempo que asegura a los residentes preocupados del oeste de Texas que no construirá un muro ni una valla fronteriza en el parque nacional.

Los residentes locales, ambientalistas y un grupo bipartidista de funcionarios electos, incluyendo alguaciles y jueces de Condado, han solicitado a la administración que detenga toda construcción.

Esto es lo que sabemos sobre los esfuerzos de la administración Trump para instalar infraestructura de seguridad fronteriza en la región de Big Bend:

¿Qué están construyendo en el parque nacional?

En agosto, cuando las excavadoras llegaron al parque, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU (CBP) informó que los equipos comenzarían los trabajos de topografía y diseño para construir una carretera de acceso e instalar barreras vehiculares.

En un comunicado del 13 de agosto, la CBP declaró que está trabajando para mantener el acceso de los visitantes y preservar el paisaje, pero que la construcción es necesaria para la seguridad fronteriza.

“Estas mejoras ayudarán a nuestros agentes a detectar cruces ilegales, responder con mayor rapidez y asistir a los visitantes en peligro”, afirmó el comisionado de la CBP, Rodney Scott. “A medida que reforzamos la frontera en el suroeste, no permitiremos que Big Bend sea una puerta abierta para que los cárteles la exploten cambiando sus rutas y tácticas”.

Sin embargo, tras una protesta constante de los residentes y los activistas en contra del muro, Scott anunció el 17 de agosto que su agencia había suspendido las obras de construcción en el parque nacional mientras realizaba una “evaluación sobre el terreno”, dando marcha atrás después de que la maquinaria pesada hubiera comenzado a remover tierra.

“He suspendido toda actividad en ese parque, en lo que respecta a la construcción, hasta que pueda ir allí y realizar una evaluación personal, hablar con algunas partes interesadas y con las fuerzas del orden locales de la zona”, dijo Scott en redes sociales. “Habrá más información esta semana”.

Se desconoce la duración de la suspensión.

¿Se registran muchos cruces ilegales en la región de Big Bend?

Aunque la entonces secretaria de Seguridad Nacional de EU, Kristi Noem, calificó al sector de Big Bend como “una zona de alta entrada ilegal” el año pasado cuando el Gobierno eximió de varias leyes federales el inicio de la construcción, es el sector con menor actividad de toda la Patrulla Fronteriza.

También es el sector más grande de la Patrulla Fronteriza, ya que abarca 77 condados de Texas y 517 millas de las 1954 millas de la frontera entre EU y México, incluyendo los parques estatales y nacionales.

La CBP registró 3 mil 96 encuentros con migrantes en el sector durante el año fiscal 2025, lo que representa apenas el 1.3% de las 237 mil 538 detenciones registradas en toda la frontera entre Estados Unidos y México.

Las detenciones en toda la frontera disminuyeron un 74% el año pasado en comparación con los dos años fiscales anteriores, y Big Bend ha seguido esta tendencia: en los primeros siete meses del año fiscal actual, el sector registró mil 236 encuentros, una disminución del 42.5% en comparación con los primeros siete meses del año anterior.

¿Se instalarán barreras de 9 metros de altura en el parque nacional?

No, según funcionarios de la administración Trump, quienes han declarado que planean instalar otros tipos de medidas disuasorias, como barreras para vehículos y tecnología para detectar cruces ilegales.

“El Parque Nacional Big Bend tiene unos acantilados de granito increíblemente grandes. Sería absurdo construir un muro fronterizo de 9 metros sobre un acantilado de granito de 27 metros”, declaró Scott en una entrevista con el Examiner en mayo. “Lo que queremos dejar claro es que vamos a contar con una seguridad fronteriza efectiva en toda la zona”.

El 17 de agosto, el gobernador Greg Abbott, quien afirmó haber hablado con el secretario del DHS, Markwayne Mullin, declaró que también le habían asegurado que no se construirían barreras de 9 metros de altura en el parque.

¿Por qué tanta confusión en torno a este proyecto?

La CBP ha modificado repetidamente sus planes, que el público solo podía consultar en su sitio web, indicando en ocasiones que habría un muro fronterizo tanto en el parque estatal como en el nacional.

Otra razón es que los contratos adjudicados estipulan que son para barreras fronterizas. Funcionarios de la administración Trump han declarado anteriormente que los planes no son definitivos y podrían cambiar según las necesidades de los agentes de la Patrulla Fronteriza sobre el terreno.

Asimismo, los propietarios de tierras de la región han recibido cartas de la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) amenazando con expropiar parte de sus propiedades, pero muchos afirman que el Gobierno no les informa sobre sus planes para el terreno.

¿Se instalarán barreras fronterizas fuera del parque?

Sí, según la CBP.

En su sitio web, la CBP incluye un mapa interactivo que muestra que el Gobierno federal ha adjudicado contratos para instalar barreras de 9 metros de altura en terrenos privados fuera de los parques.

Además, un aviso publicado en el sitio web de la CBP en enero de 2026 indica que el Gobierno federal planea instalar muros fronterizos a lo largo de 280 kilómetros en los condados de Hudspeth, Jeff Davis y Presidio.

¿Quién se opone a las iniciativas de la administración Trump?

La oposición ha sido amplia y bipartidista.

Muchos residentes de la zona se han opuesto a cualquier tipo de infraestructura fronteriza, argumentando que no es necesaria en un lugar tan seguro y aislado. Aquellos cuyas tierras han sido objeto de expropiación afirman que corren el riesgo de perder sus granjas, negocios y hogares.

Los ambientalistas también se oponen a las iniciativas del Gobierno federal, argumentando que cualquier tipo de construcción en la zona podría alterar el delicado ecosistema desértico. A algunos les preocupa que los equipos de construcción maten especies en peligro de extinción. Según el Servicio de Parques Nacionales, entre las especies y plantas incluidas en la lista especial de especies en peligro de extinción se encuentran el vireo de gorro negro, el murciélago narigudo mexicano, la gambusia de Big Bend, el pez plateado del Río Grande y el cactus erizo de Chisos.

Algunos arqueólogos advierten, por su parte, que las cuadrillas de construcción podrían arrasar sitios históricos, muchos de ellos de gran importancia para familias nativas americanas y mexicanas cuyos ancestros se remontan a antes de que la zona formara parte de Estados Unidos o México.

Un grupo bipartidista de funcionarios locales electos ha argumentado que la zona cuenta con numerosas barreras naturales, como imponentes acantilados sobre el Río Grande. Jueces de Condado, alcaldes y alguaciles han firmado cartas solicitando a funcionarios de la administración Trump que se reúnan con los líderes locales para explicar qué tipo de medidas de seguridad fronteriza podrían beneficiar a la región, además de un muro. Los alguaciles de los condados de Brewster, Culberson, Hudspeth, Presidio y Terrell —tanto demócratas como republicanos— escribieron una carta abierta que decía: “Basándonos en décadas de experiencia combinada trabajando en este terreno, creemos que la construcción de un muro fronterizo físico continuo en la región de Big Bend no representaría el enfoque más práctico ni estratégico para la seguridad fronteriza en esta zona”.

Funcionarios estatales electos también han pedido a la administración Trump que reconsidere sus planes.

En julio, la comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, envió una carta de cese y desistimiento a la CBP y a la contratista federal Barnard Construction, acusando a la empresa de desbrozar ilegalmente terrenos estatales en el condado de Presidio.

El 12 de agosto, el senador estadounidense John Cornyn, republicano por Texas, envió una carta pidiendo a Mullin que se reuniera con los residentes de la zona antes de continuar con cualquier construcción. Dos días después, una coalición bipartidista de 46 representantes estatales de la Cámara de Representantes envió una carta instando a Abbott a que ordenara el cese inmediato de la construcción en la región.

¿Qué acciones legales han emprendido los opositores?

El 14 de agosto, la organización sin fines de lucro People of La Junta for Preservation, vinculada a la comunidad apache lipán, y Far Flung Outdoor Center, una empresa terlingua que ofrece excursiones fluviales guiadas y otros servicios recreativos en la zona de Big Bend, demandaron al Departamento de Seguridad Nacional y a otras agencias federales para bloquear la construcción en el Parque Nacional Big Bend, argumentando que el proyecto contraviene la ley estadounidense y amenaza las libertades religiosas protegidas por la Constitución.

Esta es la demanda federal más reciente contra la administración Trump que busca detener los esfuerzos del Gobierno federal para construir infraestructura de seguridad fronteriza en la región.

En abril, Friends of the Ruidosa Church, un grupo conservacionista de la zona, el Centro para la Diversidad Biológica, una organización nacional sin fines de lucro, y un residente terlingua que trabaja como guía fluvial también demandaron a la administración Trump para detener la construcción del muro fronterizo en la región.

En junio, Democracy Forward, una organización sin fines de lucro con sede en Washington, D.C., presentó una demanda en nombre del Distrito de Desarrollo Municipal de Presidio, una organización de desarrollo económico para la ciudad y el condado de Presidio, contra la administración Trump para detener la construcción del muro fronterizo.

El grupo argumenta en su demanda que construir un muro sobre los diques de tierra existentes en Presidio podría provocar inundaciones peligrosas.