Tribunal ético internacional exige detener reactivación del Lote 64 en territorios indígenas de la Amazonía peruana
La región amazónica del norte de Perú se encuentra en el centro de una decisión inédita: el Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza dictó una sentencia que obliga al Estado peruano a detener la reactivación del Lote 64, un área petrolera superpuesta a tierras ancestrales de las naciones Achuar, Wampis y Chapra.
El fallo, considerado de carácter ético, llega tras décadas de conflictos y daños ambientales asociados a la explotación de hidrocarburos en la zona. La sentencia reconoce los derechos de la Madre Tierra y de los pueblos indígenas sobre sus territorios, y exige la suspensión inmediata de toda actividad petrolera en el Lote 64.
Las voces indígenas ante el fallo internacional
Durante la audiencia celebrada en Puyo, Ecuador, representantes de las comunidades afectadas expusieron los impactos de la industria petrolera. Olivia Bisa Tirko, presidenta del Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Chapra, relató: “He sido denunciada penalmente seis veces y he sufrido siete atentados contra la vida de mis 3 hijos y mi vida por defender nuestro territorio y los derechos humanos”.
Por su parte, Elmer Kunchim, presidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (FENAP), enfatizó: “Rechazamos porque para nosotros es contaminación de la naturaleza. Perjudica la vida de la humanidad, trae muchas enfermedades y contamina nuestros ríos, bosques, a nuestras chacras, que son mercados, farmacias, la base de la subsistencia de nuestras comunidades”.
El Lote 64 comprende 761.500 hectáreas en el distrito de Morona, provincia Datem del Marañón, en Loreto. Esta área se superpone a territorios de 22 comunidades y sus operaciones afectan, incluso fuera de sus límites, por el transporte de crudo a través del río Morona. Según la investigación “Las sombras de los hidrocarburos”, entre 1997 y mayo de 2023 se registraron 1.460 derrames y fugas de hidrocarburos en Perú, el 57% en la Amazonía y el 43% en la costa. Loreto fue la región más impactada, con 707 derrames.
Argumentos del Tribunal y contexto regional
El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, creado por la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, sesionó en el XII Foro Social Panamazónico, donde participaron pueblos indígenas, comunidades locales y representantes de movimientos sociales de la cuenca amazónica. Se analizaron seis casos vinculados a los impactos de la extracción de combustibles fósiles en la región.
Durante la sesión, la jueza Tatiana Roa anunció que el tribunal reconoce los derechos colectivos de los pueblos y de la Madre Tierra. El fallo exige al Estado peruano revisar las decisiones que habilitan la explotación y garantizar el respeto al derecho de consulta y consentimiento previo.
La sentencia también requiere la restauración de los ecosistemas afectados y la protección de quienes defienden los territorios, ordenando que la decisión se remita al sistema interamericano y a otros organismos internacionales.
Impactos ambientales y sociales de la explotación petrolera
Las organizaciones indígenas han denunciado que la operación del Lote 64 ha ignorado la obligación de consulta previa, a pesar de la vigencia del Convenio 169 de la OIT desde 1995 en Perú.
Además, el estudio de impacto ambiental presentado en 2018 por Geopark recibió más de 100 observaciones, incluidas alertas sobre la falta de reconocimiento de pasivos ambientales y deficiencias en la gestión de residuos. Tras la salida de Geopark en 2020, Petroperú quedó como único operador, buscando nuevos socios mientras atraviesa una crisis financiera.
El impacto ambiental se ha agravado por el abandono de campamentos temporales con residuos tóxicos y derrames de crudo, además de la invasión de foráneos que buscan simular posesión agraria, lo que ha generado conflictos y agresiones, como las sufridas por la Guardia del Bosque de la Nación Chapra en abril de 2026.
Un precedente en la defensa de derechos y la Amazonía
El abogado de la Nación Wampis, Elio Sesen, denunció: “Existe persecución contra los líderes indígenas, amenazas y privación de libertad. Ha habido líderes sociales que han perdido la libertad por protestar ante la industria petrolera”. Las divisiones internas y la promoción de organizaciones paralelas han profundizado la vulnerabilidad de las comunidades.
La Alianza Cuencas Sagradas Amazónicas, que agrupa a las tres naciones afectadas, valoró la sentencia como un precedente. La asesora legal Guisela Loayza afirmó: “Esta sentencia ética internacional respalda la demanda histórica de las Naciones. Exige al Estado peruano dejar de ampliar las zonas para la extracción de hidrocarburos y avanzar para que el país deje de depender de los hidrocarburos fósiles”.
De esta manera, el fallo del tribunal -de carácter únicamente ético, al tratarse de una organización civil- añade un nuevo elemento a la discusión sobre las políticas extractivas y la protección de los pueblos indígenas y los recursos naturales en la Amazonía peruana.
Infobae
