Ceuta. Lecciones para la frontera

La intempestiva incursión de decenas de miles de marroquíes a Ceuta, uno de los dos enclaves españoles en el norte de África, hace un par de semanas, abrió un episodio adverso para el presidente Pedro Sánchez que se expandió más allá de la península y afectó las relaciones de España con otros países de Europa, entre los que destaca Italia.

La razón no es menor: no existe potencia mundial que tenga la capacidad para acoger en su seno y con gastos pagados a tal cantidad de inmigrantes, sin importar la justificación humana que quiera alegarse.

El fin de semana sonaron las alarmas otra vez, pues se supo con anticipación de un llamado similar al anterior, que habría provocado un enfrentamiento de las fuerzas del orden españolas con tal cantidad de ciudadanos africanos que, por su magnitud, bien pudo haber desembocado en un conflicto militar entre los dos países.

Después de pláticas sostenidas entre los dos gobiernos, un aspecto positivamente sorpresivo tuvo que ver con la intervención de las propias fuerzas del orden marroquíes para detener a sus ciudadanos e impedir su travesía hacia territorio español.

¿Existe una responsabilidad constitucional a cargo del gobierno de cualquier país de controlar el tráfico migratorio de sus propios nacionales hacia el exterior?

La pregunta es pertinente, pues, con un número infinitamente mayor de conciudadanos cruzando la frontera a lo largo de tantos años, los mexicanos nos hemos convertido en una segunda minoría ciudadana en los Estados Unidos de América, siempre bajo la justificación de la necesidad de mano de obra de un lado y la búsqueda de mejores oportunidades para vivir del otro, pero provocando un desbalance en el espectro electoral que no pasa desapercibido.

El fenómeno de la migración descontrolada, que desde una perspectiva jurídica no deja jamás de ser una migración ilegal —por muy mal que dicho calificativo pueda percibirse en la arena de la deliberación política—, provoca un legítimo descontento que no puede pasar por alto: entre los miles de ciudadanos honestos que buscan trabajo y un modo digno de vivir, no puede negarse que sí se mezclan y arriban indeseables; sujetos sin oficio dedicados a delinquir.

La presencia criminal del otro lado de la frontera causa enojo en el país anfitrión, con la misma intensidad o mayor que aquella que, desde luego, sentimos nosotros respecto de delincuentes que usan la porosidad de la frontera para evadir la debida aplicación de la ley penal en su contra.

Siendo mucho mayor el número de mexicanos o centroamericanos que cruzan la frontera hacia los Estados Unidos de América con fines legítimos de carácter laboral, y con capacidades fabriles y artesanales que aportan un importante valor agregado a la economía y a la producción norteamericanas, resulta lamentable su desorganización y pérdida de oportunidad en la negociación de un trato laboral competitivo y humano.

Desde 1776, en La riqueza de las naciones, Adam Smith ya anotaba al trabajo como un factor de la economía al que están asociados el crecimiento y la prosperidad de los pueblos. ¿Quién ve y se ocupa por el factor trabajo que emigra en secrecía para contribuir al crecimiento de un país ajeno?

Ante la inconformidad nacional que el flujo descontrolado de migrantes ha causado en el electorado norteamericano en vísperas de sus procesos de elección intermedia; y, sabedores de la constante presencia del fenómeno migratorio dentro de la narrativa electoral republicana, con tan mala evolución y resultados para nuestros connacionales y para la imagen del país; y, por último, tomando en cuenta el estado actual de la revisión del T-MEC, sería bueno que alguien tomara nota de lo ocurrido en Ceuta la semana pasada, y buscara la apertura para poner sobre la mesa tan relevante tema en esta época.

Por la importancia tan significativa que tiene la mano de obra latinoamericana en los campos, las fábricas, la construcción, la hostelería y muchos otros servicios que se prestan en el norte del continente, quizá se tiene enfrente una ventana de oportunidad para demostrar la importancia que debe darse a la regulación y al control del flujo migratorio con propósitos económicos, en donde la dignificación del trabajador traerá aparejados incentivos para que el migrante actúe y se desenvuelva siempre con apego a la legalidad, durante el plazo de estancia que le sea autorizado.

Como parte de los procesos de integración económica, quizá nos encontramos ante un parteaguas en el que, por razones estratégicas, la visión del trabajo como factor de la producción norteamericana debe empezar a verse desde una perspectiva hemisférica y no sólo doméstica.

De cara a la conformación de un bloque productivo que satisfaga la demanda estadounidense y mundial de bienes y servicios, en condiciones competitivas frente al poder de la producción china, resulta insoslayable discutir, analizar y encontrar caminos legales para resolver, con dignidad y competitividad, la situación de los millones de latinoamericanos que, buscando trabajo y sustento en los Estados Unidos de América, tuvieron que sobrevivir en la sombra y hacerse acompañar de millones de familiares emigrados en condiciones igualmente irregulares, ante la imposibilidad administrativa de regresar a convivir sana y humanamente con sus propios seres queridos.

En las condiciones de justicia social que pueda ofrecer la región, en función del origen y preparación de las personas, es una buena hora para que México asuma el papel de control que estratégica, constitucional y humanamente le corresponde para evitar molestias a los vecinos y para defender el valor del esfuerzo que los trabajadores mexicanos aportan a la economía de un país que, por razones culturales y sociales, muchas veces manchadas con justificación criminal, ha rehusado persistentemente aceptarlos; mucho menos integrarlos.