Palacio mete mano en el IEPAC
*A un mes del arranque del proceso electoral, Morena coloca piezas clave en el IEPAC. Los nombramientos levantan sospechas por sus presuntos vínculos políticos morenistas.
*Nallely Anahí Aragón Serrano fue colocada en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Hasta antes de su nombramiento era la titular de la defensoría pública electoral de Quintana Roo, ligada al movimiento de la 4T.
*El presidente del Iepac, Moisés Bates Aguilar, ha sido vinculado con Morena, por lo cual hay sospechas de la imparcialidad del árbitro electoral donde el partido guinda buscará conservar el poder.
Redacción/Unidad de Investigación Sol Yucatán
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPAC), principal árbitro electoral del estado enfrenta una crisis de credibilidad y vuelve a quedar bajo sospecha.
A poco más de un mes de que arranque formalmente el Proceso Electoral Local 2026-2027, el IEPAC realizó dos nombramientos en áreas estratégicas que estarán en el centro de las denuncias durante la próxima contienda.
Las designaciones han provocado cuestionamientos sobre la independencia del organismo, particularmente porque, de acuerdo con fuentes consultadas por Sol Yucatán, los nuevos nombramientos habrían sido impulsados desde Palacio de Gobierno.
El pasado 24 de julio, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán aprobó el nombramiento de Nallely Anahí Aragón Serrano como titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y de Martha Guadalupe Dzul Chan como responsable de la Oficina de Comunicación Social y Logística.
Ambas asumirán funciones el próximo 10 de agosto, apenas un mes antes del inicio formal del proceso electoral.
La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral tendrá una responsabilidad particularmente sensible, por ello se colocó a una funcionaria vinculada con Morena en el estado de Quintana Roo, gobernado por el partido guinda.
La titular de esa área se desempeñaba como titular de la defensoría pública electoral de Quintana Roo, fue señalada por su cercanía con el movimiento de la 4T y por proteger al partido en el poder.
Será la instancia encargada de recibir e investigar denuncias por posibles violaciones a la legislación electoral, integrar expedientes, sustanciar procedimientos sancionadores y elaborar los proyectos correspondientes.
Es decir, será una de las áreas que deberá determinar, dentro del ámbito de sus atribuciones, qué denuncias avanzan, cuáles se investigan y cuáles llegan a las instancias correspondientes.
Y precisamente ahí aparece una de las principales interrogantes:
Fuentes con conocimiento del proceso interno aseguran que los nombramientos no habrían sido producto de una convocatoria pública abierta, ni de una competencia entre los perfiles técnicamente mejor evaluados.
Según esas versiones, detrás de las designaciones existiría una operación política desde Palacio de Gobierno.
Como ocurrió con la exvocera del IEPAC, Viviana Sánchez Paz, quien fue colocada el año pasado en el Congreso del Estado, poder dominado por Morena.
Pero aún hace falta una posición de vital importancia, debido a que está vacante la titularidad de la defensoría pública de los derechos políticos-electorales, que, según el IEPAC, se ha prolongado por falta de presupuesto.
De acuerdo con fuentes del IEPAC, sería una persona ligada al partido guinda.
Durante el proceso electoral de 2024, Morena fue blanco de múltiples denuncias relacionadas con presuntos actos anticipados de campaña y otras conductas consideradas violatorias de la legislación electoral, sin embargo, no hubo consecuencias, es decir, el consejero presidente Moisés Bates Aguilar les otorgó inmunidad.
Situación que se repitió en las elecciones extraordinarias de Izamal y en las elecciones del Poder Judicial.
Uno de los episodios que todavía genera cuestionamientos sobre la operación e imparcialidad del IEPAC ocurrió en diciembre de 2024, cuando el IEPAC fue señalado por la omisión en un procedimiento promovido por el PAN contra diputados de Morena.
El caso estaba relacionado con la presunta utilización de propaganda política con recursos públicos en contra de la actual alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada.
El asunto escaló hasta la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia que evidenció la omisión atribuida al órgano electoral local en la tramitación del procedimiento.
Ese antecedente resulta particularmente incómodo para el IEPAC.
Morena buscará conservar el control político que ha construido en Yucatán y llegará al proceso electoral con una estructura política que ya comenzó a moverse rumbo a 2027.
La oposición, por su parte, tendrá que enfrentar a una fuerza política que controla el Ejecutivo estatal, el Congreso y una parte importante de los espacios de poder municipal.
En ese escenario, el IEPAC debería convertirse en el contrapeso institucional que garantice piso parejo.
Pero los antecedentes y los nuevos nombramientos han provocado cuestionamientos sobre la imparcialidad.
El nombramiento de Martha Guadalupe Dzul Chan tampoco ha quedado fuera del escrutinio.
De acuerdo con señalamientos recibidos por este medio, Dzul Chan es socia de un medio digital que habría recibido contratos y beneficios publicitarios de actores vinculados con Morena.
Los cuestionamientos también alcanzan al presidente del IEPAC, Moisés Bates Aguilar, quien ha sido señalado públicamente por actores de oposición como una persona cercana al movimiento político de Morena.
Como lo fue en su momento María de Lourdes Rosas Moya, con el PAN, cuya presidenta del organismo era hermana de una funcionaria de primer nivel en el gobierno panista.
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