La firma electrónica ya es ley: así cambia la prueba en los juicios civiles y familiares de México
Un recorrido, artículo por artículo, por el Libro Octavo del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares y por el entramado normativo que sostiene, desde hace más de dos décadas, el valor probatorio de lo digital en México.
Por Mtro. Rolando Martínez Cornejo
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares ya volvió obligatoria la firma electrónica avanzada y la prueba digital en los juicios civiles y familiares de México, con validez jurídica idéntica a la de la firma autógrafa y el papel. El plazo para que rija en todo el país vence el 1 de abril de 2027, pero ya opera en algunas entidades. Esto es lo que dice la ley, artículo por artículo, y lo que deben saber abogados, personas juzgadoras y cualquiera que algún día sea parte de un juicio.
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Estimado lector, hay una pregunta que hoy debería inquietar por igual a quien litiga, a quien juzga y a quien algún día será parte de un juicio: si tuviera que acreditar ante una autoridad jurisdiccional que un contrato se firmó, que un pago se acordó o que una notificación se dio en tiempo y forma, ¿con qué evidencia lo haría, y esa evidencia resistiría un escrutinio técnico? Durante décadas, la respuesta dependió casi exclusivamente del papel y de la firma autógrafa. Hoy depende, cada vez con mayor frecuencia, de metadatos, certificados digitales y algoritmos de cifrado que gran parte de los abogados en ejercicio nunca estudiaron en la universidad. Esa transición dejó de ser una posibilidad lejana: tiene artículos numerados, tiene un plazo constitucional para entrar en vigor en todo el país y ya está transformando la manera en que se prueba la verdad en un juicio civil o familiar en México.
Una arquitectura jurídica más antigua de lo que parece
Conviene partir de una precisión que rara vez se hace: la firma electrónica y la prueba digital no nacieron con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Su origen se remonta a 1996, cuando la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral) adoptó la Ley Modelo sobre Comercio Electrónico,1 y a 2001, cuando la misma comisión adoptó la Ley Modelo sobre Firmas Electrónicas,2 ambas construidas sobre tres principios que hoy siguen siendo el corazón de toda esta materia: la no discriminación de la información por estar en formato electrónico, la neutralidad tecnológica y la equivalencia funcional entre el documento en papel y el documento digital.
México incorporó esos principios al derecho positivo el 29 de mayo de 2000, cuando se reformaron el Código de Comercio, el Código Civil Federal, el Código Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Protección al Consumidor para reconocer, por primera vez, la validez jurídica de los actos celebrados por medios electrónicos.3 Tres años más tarde, la reforma del 29 de agosto de 2003 amplió sustancialmente ese marco: introdujo la figura del prestador de servicios de certificación, distinguió entre firma electrónica simple y firma electrónica avanzada, y construyó el andamiaje —hoy vigente en el Título Segundo, «Del Comercio Electrónico», del Código de Comercio— que regula desde entonces los mensajes de datos, la digitalización, las firmas y la certificación digital en materia mercantil.4 En 2012 se sumó la Ley de Firma Electrónica Avanzada, que reguló el uso de este instrumento en los actos de la administración pública federal y en la expedición de certificados digitales a personas físicas,5 y en 2016 la Secretaría de Economía publicó la norma técnica que hizo operativo todo lo anterior: la NOM-151-SCFI-2016, que establece los requisitos para conservar mensajes de datos y digitalizar documentos con valor probatorio.6
Lo que hace el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, no es inventar esta arquitectura: es trasladarla, por primera vez de manera integral, a la materia civil y familiar, con un libro completo dedicado exclusivamente a ella.7
El Libro Octavo, artículo por artículo
Ese libro es el Libro Octavo, «De la Justicia Digital», que comprende del artículo 933 al 973 y se organiza en un título único con tres capítulos: disposiciones generales, procedimiento en línea y audiencias virtuales, y sistemas de justicia digital y seguridad de la información.8 El artículo 933 fija algo que suele pasarse por alto: la tramitación en línea es gratuita para las partes, en igualdad de condiciones frente a la vía tradicional.9
El artículo 934 enuncia los cuatro principios que rigen toda esta arquitectura —elegibilidad, equivalencia funcional o no discriminación, neutralidad tecnológica y seguridad de la información— y los artículos 935 a 938 los desarrollan uno por uno.10 El de elegibilidad es, quizá, el más relevante en términos prácticos: nadie está obligado a litigar por vía digital; son las partes quienes deciden y pueden manifestarlo desde el escrito inicial de demanda o al contestarla, o solicitar el cambio de modalidad en cualquier etapa del procedimiento.11 El de equivalencia funcional, por su parte, obliga a la autoridad jurisdiccional a no negar validez, eficacia probatoria o efectos jurídicos a la información por la sola razón de estar contenida en un documento electrónico o un mensaje de datos, y establece expresamente que la firma electrónica avanzada satisface el requisito de firma exactamente igual que la firma autógrafa.12
El vocabulario que ya es obligatorio
Antes de llegar a ese libro, sin embargo, el Código obliga a dominar un vocabulario nuevo. El artículo 2 contiene el glosario del Código Nacional: treinta y seis fracciones que definen, entre otras cosas, qué es un ajuste de procedimiento, qué es una audiencia virtual y qué es un sistema de justicia digital.13 No son treinta y seis curiosidades técnicas: son la base sobre la que se va a discutir la validez de cada prueba y cada actuación procesal en un litigio civil o familiar a partir de 2027, y conviene que abogados, personas juzgadoras y quienes acuden a un juicio las tengan tan presentes como en su momento lo hicieron con los tecnicismos de cualquier institución procesal clásica.
Cuatro de esas definiciones merecen atención particular porque son, en la práctica, las que van a decidir si una prueba digital se admite y con qué peso. La primera es la de mensaje de datos, que el Código define como la información generada, enviada, recibida, archivada o comunicada por medios de comunicación electrónica, y que puede contener documentos electrónicos.14 La segunda es la de firma electrónica avanzada: el conjunto de datos y caracteres que permite identificar al firmante, creado por medios electrónicos bajo su control exclusivo, vinculado únicamente a él y a los datos a los que se refiere, de forma que cualquier modificación posterior sea detectable; el propio Código precisa que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, con independencia del nombre técnico que le dé cada plataforma, siempre que reúna esos atributos.15 La tercera es la de integridad: se considera íntegro un documento electrónico o mensaje de datos cuando ha permanecido completo e inalterado, más allá de los cambios que haya sufrido el medio que lo contiene.16 Y la cuarta, menos conocida pero igualmente operativa, es la de área de transmisión: el espacio físico desde el cual una persona participa en una audiencia o diligencia virtual, usando la sala virtual designada para ello, un concepto que empezará a tener consecuencias muy concretas sobre dónde y cómo se puede litigar a distancia.17
Sobre esa base, el Código distingue con precisión dos figuras que en la práctica cotidiana suelen confundirse y que tienen consecuencias probatorias muy distintas: el documento digitalizado y el documento electrónico. El primero es el escrito que nació en soporte físico o impreso y después migró a un medio electrónico —el contrato firmado en papel que después se escanea—.18 El segundo es el que se genera, consulta, modifica o procesa directamente por medios electrónicos dentro de un sistema de justicia digital, sin haber existido nunca en papel.19 La diferencia no es semántica: el documento electrónico nativo, suscrito con firma electrónica avanzada, trae consigo metadatos, sellos de tiempo y, en muchos casos, registros en cadena de bloques —que el propio artículo 2 define como una base de datos descentralizada y distribuida, diseñada para impedir la modificación no autorizada de la información una vez publicada—,20 elementos que el documento simplemente digitalizado no puede ofrecer por definición.
Cómo se firma —y cómo se blinda— un expediente electrónico
La Sección Segunda del Capítulo I del Libro Octavo, que va del artículo 947 al 956, es probablemente la más relevante para quien hoy se dedica a implementar infraestructura de firma electrónica, porque es ahí donde el Código traduce los principios en obligaciones concretas. El artículo 947 es categórico: toda promoción, documentación y actuación que ingrese a un expediente electrónico deberá suscribirse y autenticarse con firma electrónica avanzada.21 No hay margen para la firma simple ni para la imagen escaneada de una rúbrica.
Cuando el documento nace físico, el artículo 948 exige que su digitalización para el expediente electrónico siga las reglas de la Norma Oficial Mexicana aplicable —es decir, la NOM-151-SCFI-2016 ya mencionada— o los lineamientos que emita el Consejo de la Judicatura correspondiente, siempre que sean acordes con esa norma.22 Y el artículo 949 cierra el círculo: las actuaciones y promociones contenidas en un mensaje de datos o documento electrónico, suscritas con firma electrónica avanzada amparada por un certificado digital vigente, garantizan la integridad del documento y producen los mismos efectos que uno con firma autógrafa, con idéntico valor probatorio.23
¿Con qué firma se puede cumplir esto? El artículo 950 lo resuelve: la autoridad jurisdiccional y las partes podrán usar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación —la FIREL—, la firma electrónica del Poder Judicial local correspondiente o cualquier firma electrónica emitida por una autoridad con la que ese Poder Judicial haya celebrado un convenio de reconocimiento de certificados homologados, lo que en la práctica abre la puerta a la e.firma del Servicio de Administración Tributaria y a los certificados expedidos por prestadores de servicios de certificación autorizados conforme al Código de Comercio.24
Esta arquitectura no es meramente formal. El artículo 90 del Código de Comercio construye una presunción de atribución a favor de quien firma electrónicamente con los requisitos de la firma avanzada: se presume que el mensaje de datos proviene de quien aparece como su emisor, lo que traslada la carga de la prueba a quien pretenda desconocer su propia firma.25 En la práctica del litigio mercantil y civil mexicano, esa presunción —reforzada por la trazabilidad que exige el propio Código Nacional— hace que impugnar de mala fe una firma electrónica avanzada sea sustancialmente más costoso y más difícil que impugnar una firma autógrafa: exactamente lo contrario de la intuición con la que todavía llegan muchas personas juzgadoras y empresarios a una primera asesoría.
Qué cuenta como prueba y cómo la pondera el juez
El Código regula la prueba digital, además, en la parte general de pruebas del procedimiento oral civil y familiar. El artículo 308 fija la regla que gobierna todo lo demás: las pruebas documentales, físicas o electrónicas, reciben el mismo trato, atendiendo a los principios de equivalencia funcional y neutralidad tecnológica, sin perjuicio de que cada una se someta a las reglas específicas de objeción, impugnación o fiabilidad que correspondan según su naturaleza.26 El artículo 335 añade una lista abierta —expresamente no limitativa— de otros medios de prueba admisibles: videos, fotografías, grabaciones, información contenida en medios electrónicos, ópticos o magnéticos, copias digitales, impresiones de documentos electrónicos y, en general, cualquier elemento que la ciencia y la tecnología puedan aportar y que sea capaz de generar convicción en la autoridad jurisdiccional.27 Cuando esa prueba pudiera exponer información reservada, confidencial o un secreto industrial, el artículo 336 permite solicitar que se desahogue en audiencia privada, decisión que corresponde calificar a la autoridad jurisdiccional.28
La valoración de esa prueba tiene, a su vez, una regla propia. El artículo 348 reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos, digitales, en una cadena de bloques o en cualquier otra tecnología, y el artículo 349 indica cómo debe ponderarse su fuerza probatoria: principalmente a partir de la fiabilidad del método con el que fue generada, comunicada, recibida o archivada, de si es posible atribuir su contenido a las personas obligadas y de su accesibilidad para consulta posterior.29 Dicho de otro modo: no basta con que la información exista en formato digital; hay que poder demostrar cómo se generó, quién la generó y que sigue siendo consultable tal como se generó —exactamente el tipo de evidencia que produce, y que un documento simplemente escaneado no puede producir, la infraestructura de firma electrónica avanzada, sellado de tiempo y conservación certificada que exige la NOM-151—.
Un mapa desigual: dónde y cuándo aplica realmente
Toda esta arquitectura, sin embargo, no entra en vigor de golpe ni al mismo tiempo en todo el país, y esa es precisamente la parte que con más frecuencia se explica mal. El artículo transitorio segundo del decreto de publicación establece que cada entidad federativa debe emitir su propia declaratoria de vigencia, a solicitud de su Poder Judicial, y que entre esa declaratoria y la entrada en vigor efectiva deben mediar como máximo ciento veinte días naturales; si una entidad no emite declaratoria, el Código entra en vigor de forma automática, sin excepción, el 1 de abril de 2027.30
El resultado, hacia la primera mitad de 2026, es un mosaico normativo. Chihuahua y Baja California son, hasta ahora, las entidades que mantienen vigente el Código Nacional en la práctica.31 La Ciudad de México, en cambio, retiró su declaratoria original y pospuso en más de una ocasión la entrada en vigor de la segunda y la tercera etapa de implementación, hasta fijar como fecha límite el propio 1 de abril de 2027, luego de que su Congreso reconociera que una reforma de esta magnitud no se transforma por decreto, sino que exige capacidad operativa, infraestructura tecnológica y capacitación judicial suficientes.32 Quintana Roo optó por una implementación escalonada por distrito judicial: Chetumal y Cancún desde el 1 de junio de 2026, Playa del Carmen desde el 7 de septiembre de 2026 y el resto de sus distritos judiciales desde el 9 de noviembre de 2026.33 El Estado de México, Veracruz y Puebla, entre otros, se encuentran en fases de preparación o de convivencia parcial entre el sistema procesal tradicional y el nuevo modelo digital y oral.34
Esa heterogeneidad no es un detalle menor: las materias civil y familiar concentran, según estimaciones del propio Poder Judicial mexiquense, alrededor de dos terceras partes de la carga de trabajo de los órganos de impartición de justicia del país.35 Un abogado que litigue en más de una entidad —o una empresa con operaciones en distintos estados— puede estar sujeto, durante los próximos meses, a reglas probatorias distintas según el domicilio del juzgado, mientras el plazo constitucional de abril de 2027 corre exactamente igual para todos.
Lo que ya está en juego
Nada de esto es abstracto para quien hoy administra una empresa. En octubre de 2023, el huracán Otis destruyó en horas buena parte de la infraestructura física de Acapulco, incluida la de negocios cuya única evidencia de años de contratos, pagarés y operaciones existía en papel, archivada en esas mismas instalaciones. Las empresas que ya habían migrado esa documentación a plataformas digitales con respaldo en la nube no enfrentaron ese riesgo adicional, y hoy, bajo el régimen de equivalencia funcional que consagra el Código Nacional, ese documento digital tiene exactamente la misma validez jurídica que su contraparte física.36 La pregunta que conviene que toda empresa se haga no es si le conviene digitalizar su operación documental, sino qué porcentaje de su información jurídicamente relevante existe hoy únicamente en formato digital y si ese formato cumple los estándares de integridad, atribución y trazabilidad que un juez va a exigir el día en que esa información se convierta en prueba.
Una hoja de ruta para quienes formamos parte de este ecosistema
De este entramado normativo se desprende una agenda mínima, distinta según el papel que se ocupe frente al sistema de justicia digital.
Para el abogado litigante y el área jurídica corporativa, la prioridad es auditar los contratos vigentes y las plantillas contractuales para migrarlos a documentos electrónicos nativos —no simples digitalizaciones— suscritos con firma electrónica avanzada respaldada por un certificado digital vigente; pactar expresamente la vía digital con clientes, proveedores y contrapartes; conservar los correos institucionales, no los personales, dentro de una política formal de retención documental; y, sobre todo, trabajar con un prestador de servicios de certificación que garantice la conservación conforme a la NOM-151, de forma que la constancia de conservación —con su sello de tiempo, su función hash y su cadena de custodia documentada— esté lista antes de que un litigio la exija, no después.37
Para las personas juzgadoras, el reto es aplicar un marco normativo enteramente nuevo sin infraestructura tecnológica uniforme entre entidades y hacerlo bajo un estándar de valoración —el de los artículos 348 y 349— que exige un entendimiento técnico de fiabilidad, atribución y accesibilidad que hasta hace muy poco no formaba parte de la formación judicial tradicional.
Y para quien algún día será parte de un juicio civil o familiar, conviene saberlo desde ahora: la firma electrónica que hoy se usa para aceptar un contrato, el correo que se conserva sin pensarlo dos veces, la conversación que documenta un acuerdo, pueden convertirse mañana en la prueba que decida un litigio —o en la razón por la que se pierda, por no haberla preservado en condiciones que resistan el estándar de fiabilidad que exige el Código—.38
Una precisión final
Vale la pena cerrar con una aclaración: en junio de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó, mediante la acción de inconstitucionalidad 154/2023 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los artículos 610, fracciones II y IV, 638, fracción III, y 554, segunda parte, del Código Nacional.39 Circula la idea de que esa sentencia introdujo incertidumbre sobre el capítulo de justicia digital; no fue así. Los artículos invalidados regulan la restitución nacional de niñas, niños y adolescentes y nada tienen que ver con la firma electrónica ni con la prueba digital. El Libro Octavo, hasta ahora, no ha sido objeto de ningún pronunciamiento de inconstitucionalidad.
La pregunta, entonces, es si, para el 1 de abril de 2027, abogados, personas juzgadoras y ciudadanos habremos aprendido a hablar este nuevo idioma —con sus treinta y seis definiciones, sus certificados digitales y su cadena de custodia— o si, una vez más, vamos a llegar corriendo.
Rolando Martínez Cornejo es abogado e ingeniero en sistemas, cuenta con una Certificación en Project Management for IT/IS y una Maestría en Ciencias Económicas y Administrativas. Se especializa en la intersección entre innovación tecnológica y normatividad, con énfasis en la implementación de infraestructura de firma electrónica avanzada y conservación de prueba digital para gobiernos y empresas.
Notas
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), Ley Modelo sobre Comercio Electrónico, adoptada el 12 de junio de 1996 y confirmada por la Asamblea General de la ONU mediante Resolución 51/162 del 16 de diciembre de 1996.
Uncitral, Ley Modelo sobre las Firmas Electrónicas, adoptada el 5 de julio de 2001.
Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código de Comercio, del Código Civil Federal, del Código Federal de Procedimientos Civiles y de la Ley Federal de Protección al Consumidor, Diario Oficial de la Federación (DOF), 29 de mayo de 2000.
Código de Comercio, Libro Segundo, Título Segundo «Del Comercio Electrónico», artículos 89 a 113; reforma DOF 29 de agosto de 2003; actualizado por última vez en la materia mediante reforma DOF 7 de abril de 2016.
Ley de Firma Electrónica Avanzada, DOF 11 de enero de 2012, artículo 1.
Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2016, «Requisitos que deben observarse para la conservación de mensajes de datos y digitalización de documentos», publicada en el DOF el 30 de marzo de 2017; expedida con fundamento en los artículos 33, 34, 38, 46 Bis, 49, 89 y 93 Bis del Código de Comercio.
Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, DOF 7 de junio de 2023, Libro Octavo, «De la Justicia Digital».
Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (en adelante, CNPCF), Libro Octavo, «De la Justicia Digital», Título Único, Capítulos I a III, artículos 933 a 973.
CNPCF, artículo 933.
CNPCF, artículo 934.
CNPCF, artículo 935.
CNPCF, artículo 936, fracciones I y III.
CNPCF, artículo 2.
CNPCF, artículo 2, fracción XXV.
CNPCF, artículo 2, fracción XX.
CNPCF, artículo 2, fracción XXIII.
CNPCF, artículo 2, fracción IV.
CNPCF, artículo 2, fracción XV.
CNPCF, artículo 2, fracción XVI.
CNPCF, artículo 2, fracción VII.
CNPCF, artículo 947.
CNPCF, artículo 948.
CNPCF, artículo 949.
CNPCF, artículo 950.
Código de Comercio, artículos 90 y 90 Bis.
CNPCF, artículo 308.
CNPCF, artículo 335.
CNPCF, artículo 336.
CNPCF, artículos 348 y 349.
Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, DOF 7 de junio de 2023, artículo transitorio segundo.
«Solo dos estados han implementado el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares», LJA.mx, abril de 2026, con base en declaraciones de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (Conatrib).
Congreso de la Ciudad de México, dictamen de modificación de la Declaratoria de Vigencia del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en la Ciudad de México, 2026.
Declaratoria de vigencia y aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el Estado de Quintana Roo.
Poder Judicial del Estado de México, Portal de Implementación del CNPCyF; «Actualización 2025: implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares», Anaya Legal Playa, noviembre de 2025.
Poder Judicial del Estado de México, Portal de Implementación del CNPCyF.
CNPCF, artículo 936, fracción I.
NOM-151-SCFI-2016; CNPCF, artículo 948.
CNPCF, artículos 348 y 349.
Suprema Corte de Justicia de la Nación, Acción de inconstitucionalidad 154/2023, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sentencia publicada en el DOF el 5 de junio de 2025; engrose notificado para efectos legales el 17 de junio de 2025.
Heraldo de Aguascalientes
