La carrera por el DNI del futuro: identidad digital y soberanía
Mientras gran parte del debate sobre transformación digital se concentra en la inteligencia artificial o la ciberseguridad, otra infraestructura empieza a definir el margen de decisión de los Estados: la capacidad de acreditar y gestionar la identidad de sus ciudadanos en el mundo digital.
Cada vez que una persona ingresa a un portal estatal, firma un documento de manera remota o accede a un servicio digital ocurre un proceso que suele pasar inadvertido: alguien debe verificar que esa persona es realmente quien dice ser. Durante décadas esa tarea estuvo asociada al documento físico. Hoy depende cada vez más de la infraestructura digital. Allí aparece una discusión que excede a la tecnología: quién administra esa infraestructura y bajo qué reglas.
Esa discusión comenzó a tomar forma en América Latina con el lanzamiento de IdLAC, presentado durante la XIX Reunión Anual de la Red GEALC en Guatemala en octubre de 2025. La iniciativa, impulsada por el BID y desarrollada técnicamente por Uruguay a través de AGESIC, funciona como un broker regional de identidad digital que permite interoperar entre países utilizando los sistemas nacionales de identificación existentes. Argentina, junto con otros países de la región, adhirió con un objetivo concreto: que un ciudadano pueda acreditar su identidad en otro país sin depender de plataformas privadas o intermediarios externos.
La relevancia de estas iniciativas excede la simplificación de trámites. La identidad digital se convirtió en una puerta de acceso a servicios públicos y privados: desde prestaciones estatales hasta operaciones financieras, comercio electrónico o firma digital. Disponer de infraestructura propia no es solamente una decisión tecnológica; también implica conservar capacidad de decisión sobre uno de los activos más sensibles de la economía digital.
El Banco Mundial, a través de su iniciativa Identification for Development (ID4D), señala que millones de personas todavía carecen de una identidad reconocida oficialmente y que los países enfrentan el desafío de construir sistemas seguros, interoperables y respetuosos de la privacidad. Por su parte, en Argentina, el RENAPER consolidó infraestructura propia para la gestión de identidad digital. El Sistema de Identidad Digital permite validar la identidad de una persona en tiempo real mediante los datos del DNI y reconocimiento facial biométrico, mientras que el DNI digital incorporado a Mi Argentina amplió las posibilidades de identificación en distintos trámites.
Sin embargo, la infraestructura por sí sola no alcanza. La identidad digital requiere interoperabilidad, coordinación institucional e inversión sostenida. En relación con ello, el Índice de Gobierno Digital 2023 elaborado por la OCDE y el BID muestra una dificultad regional: solamente el 22% de los países de América Latina y el Caribe intercambia todas las categorías básicas de datos evaluadas entre organismos públicos, incluyendo identidad, residencia, registro civil, información económica y salud.
El desafío no pasa únicamente por contar con un DNI digital, sino por sostener un ecosistema público capaz de evolucionar con autonomía. En un contexto donde muchas soluciones tecnológicas pueden contratarse rápidamente en el mercado, la discusión sobre qué capacidades deben permanecer bajo control estatal vuelve a ocupar un lugar preponderante. Durante décadas, la soberanía estuvo asociada al territorio, la energía o la defensa. En la economía digital aparece una nueva dimensión: la capacidad de un Estado para reconocer, autenticar y proteger la identidad de sus ciudadanos. La confianza también necesita infraestructura, y los países que no construyan la propia dependen de aquella que otros estén dispuestos a ofrecer.
Infobae
