Cerro de La Campana
La decisión del presidente Donald Trump de endurecer los controles para impedir que mujeres extranjeras viajen a Estados Unidos con la intención de dar a luz y que sus hijos obtengan la ciudadanía estadounidense, pone nuevamente sobre la mesa una práctica que no es nueva y que tampoco resulta ajena a la frontera de Sonora.
El llamado “turismo de nacimiento” se ha convertido durante años en una alternativa utilizada por algunas mujeres embarazadas que buscan que sus retoños nazcan en territorio estadounidense.
La cercanía geográfica facilita que esta práctica tenga particular presencia en los estados fronterizos y, en el caso de Sonora, las ciudades de Arizona están literalmente a unos cuantos kilómetros de comunidades mexicanas.
No se trata de decir que todas las mujeres que cruzan embarazadas lo hagan con ese propósito, pero sí de reconocer que el nacimiento de un hijo en Estados Unidos ha sido visto por algunas familias como una oportunidad para obtener la ciudadanía estadounidense para el menor.
Trump pretende ahora cerrar esa posibilidad desde el acceso mismo al país, mediante mayores controles y la negativa de visas cuando las autoridades consideren que el propósito principal del viaje es dar a luz.
La medida, sin embargo, enfrenta un punto fundamental: La Enmienda 14 de la Constitución estadounidense establece el derecho a la ciudadanía por nacimiento para las personas nacidas en territorio de Estados Unidos, con excepciones muy específicas.
Es una de las grandes controversias. Una cosa es perseguir a quienes lucran con redes organizadas para facilitar estos viajes y otra muy distinta modificar, por la vía administrativa, un derecho que tiene respaldo constitucional.
La frontera forma parte de la vida cotidiana de miles de personas y los vínculos familiares, comerciales y sociales entre ambos lados son permanentes. Por eso, cualquier cambio en las reglas migratorias estadounidenses tiene un efecto inmediato en esta región.
Ser policía en México se ha convertido en uno de los oficios más peligrosos. No es una frase hecha ni una percepción: Los números muestran una realidad que debería provocar algo más que preocupación.
De acuerdo con Causa en Común, que coordina María Elena Morera, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fueron asesinados al menos 2 mil 456 policías. En 2023 se registraron 412 casos; en 2024 fueron 320 y el año pasado la cifra volvió a crecer hasta 348, un promedio de prácticamente un agente asesinado cada día.
En lo que va de 2026 han sido asesinados al menos 186 agentes de seguridad pública en el País.
Pero detrás de cada cifra hay una familia. Hay hijos que se quedan sin padre o madre, esposas, esposos, padres y hermanos que reciben la noticia de que aquel hombre o mujer que salió a trabajar para proteger a otros ya no regresará a casa.
En Sonora la dimensión puede parecer menor frente a entidades como Jalisco, Michoacán o Sinaloa, pero cuatro policías han sido asesinados en lo que va de 2026. Cabe destacar que el año pasado fueron cinco en total.
El problema, por supuesto, no se resuelve únicamente con más patrullas o más armas. El diagnóstico de Causa en Común apunta hacia un problema institucional mucho más profundo: Policías mal pagados, condiciones laborales precarias, falta de seguros de vida adecuados, pensiones insuficientes y corporaciones que en muchos casos enfrentan a grupos criminales con menos recursos y capacidades que sus adversarios.
Resulta contradictorio exigirle a un agente que enfrente a la delincuencia organizada cuando no siempre cuenta con el equipo, capacitación, protección y respaldo institucional necesarios.
El Imparcial
