Aguirre: 12 años después

La detención del ex gobernador del estado de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta responsabilidad en el ocultamiento de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, representa uno de los movimientos judiciales más relevantes en los últimos años; expediente que, desde su origen, ha estado marcado por la manipulación institucional, la disputa política y la lucha por el control de la verdad.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la acusación gira en torno al presunto ocultamiento y destrucción de videograbaciones del Palacio de Justicia de Iguala, material que habría registrado momentos clave de la agresión contra los normalistas, y cuya desaparición habría impedido reconstruir con mayor precisión la secuencia de los hechos. Lo sorprendente del caso no es sólo la detención de quien encabezara el gobierno estatal durante dichos acontecimientos, sino que la investigación actual sostenga que dichas videograbaciones fueron deliberadamente ocultadas, lo que lleva a preguntarnos por qué la Fiscalía tardó dos administraciones federales, la de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, en formular una imputación donde la autoridad ministerial ha concluido que el entonces gobernador podría haber tenido responsabilidad en el ocultamiento de pruebas fundamentales, indagatorias que, desde hace años, formaban parte de diversas líneas de investigación, así como de los señalamientos realizados por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyos informes insistieron reiteradamente en la existencia de evidencia desaparecida, documentación incompleta y obstáculos institucionales que impedían reconstruir íntegramente lo ocurrido durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

De acuerdo con fuentes allegadas al caso, los indicios para poder cumplimentar la detención del ex gobernador habrían sido proporcionados por medio de información facilitada por dos informantes clave, a partir de la coyuntura generada por la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del 9 de julio 208VG/2026 la cual exculpa al ejército de acciones en contra de la desaparición de los estudiantes, así como de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales. En este sentido, habría también que preguntarse si tales declaraciones podrían haberse llevado a cabo como un proceso de colaboración producto de la campaña de difusión “Rompe el Silencio” implementada el 17 de septiembre de 2024 por la actual gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, mediante la cual se ofrecen hasta 10 millones de pesos por información que pueda brindarse para la localización de los jóvenes desaparecidos. Campaña que, a decir de las fuentes consultadas, habría significado “meterse a la boca del lobo” en términos de significar ser considerado cómplice o delator de quienes hubieran participado en los hechos, con las repercusiones que ello pudiera traer consigo.

Igualmente debe tenerse en cuenta que el proceso que buscaría ejecutar una sentencia en firme en contra del ex gobernador de 70 años todavía puede verse afectado por una serie de circunstancias, tales como faltas al debido proceso por medio de las cuáles pudiera ser exculpado o cumplir la misma desde prisión domiciliaria aduciendo problemas de salud, como el caso del ex titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) Jesús Murillo Karam. Lo cierto es que, para las familias de los 43 desaparecidos y el caso mismo, la detención es una cuenta pendiente que se tiene desde el día uno de la ocurrencia de los hechos, hace doce años, como paso lógico a seguir después de la detención, en noviembre de 2014, de José Luis Abarca, ex alcalde de Iguala, hecho que podría suponer llevar a cabo la detención de otros implicados en dichos acontecimientos. Dentro de ello, un punto a recalcar es la colaboración de informantes con el gobierno federal a través de las instituciones de seguridad y justicia encargadas del caso, proporcionando información con la que no cuenten, o corroborándola, que pudiera resultar útil para emprender determinadas acciones de investigación más allá de las validaciones, o no, de la llamada verdad histórica o derivaciones de la misma. Sin embargo, a decir de fuentes allegadas a los familiares, podría tratarse también de otro chivo expiatorio que pudiera representar el “último bastión” del caso Ayotzinapa a través del cual quisiera resolverse el caso.

La detención de Aguirre, retirado de la vida pública, llevada a cabo en Tepotzotlán, Estado de México, y trasladado al Centro Federal de Reinserción Social (CEFERESO) No. 1, conocido como penal del Altiplano, ubicado en Almoloya de Juárez de la misma entidad federativa, parece seguir una ruta que desde hace tiempo era visible para quienes estudiaron con detenimiento las investigaciones independientes, quedando claro que el caso no podía entenderse exclusivamente como un enfrentamiento entre estudiantes y policías municipales, ya que las evidencias mostraban un entramado mucho más complejo donde convergen autoridades municipales, estructuras criminales, servidores públicos estatales y omisiones de diversas instituciones encargadas de la seguridad. Del mismo modo, tampoco constituye una revelación que las policías municipales de Iguala y Cocula se encontraban profundamente infiltradas por organizaciones criminales, ya que diversos diagnósticos federales advertían, desde antes de septiembre de 2014, la captura institucional de corporaciones policiales por parte de grupos criminales como Guerreros Unidos, resultando difícil, en consecuencia, sostener que las autoridades desconocían el grado de penetración del crimen organizado en el entramado institucional. De hecho, con el paso de los años, se ha documentado que distintas instancias de inteligencia civil y militar daban seguimiento a las actividades desarrolladas tanto en aquella noche, como con anterioridad, a la Escuela Normal Rural Isidro Burgos. En este contexto, diversos informes, documentos judiciales y trabajos del GIEI han sostenido la existencia de monitoreo permanente sobre los desplazamientos de los estudiantes, así como reportes generados por estructuras militares de inteligencia, continuando, incluso, los litigios para la entrega de la totalidad de los documentos elaborados por los centros de fusión de inteligencia.

Ayotzinapa evidencia cómo una tragedia nacional puede convertirse en un espacio donde distintos actores han obtenido beneficios políticos, institucionales, económicos o de legitimidad. Durante doce años, cada gobierno, organización, institución y protagonista han intentado construir su propia versión del caso, radicando ahí porqué la verdad sigue siendo esquiva, representando la detención de Aguirre un eslabón más de un caso que se encuentra aún lejos de solucionarse.

¿Y usted, ya se preguntó cuántas verdades caben dentro de un mismo expediente? Seguiremos atentos.