Así luce una dictadura desesperada

Por Gioconda Belli, The New York Times.

El 19 de julio, en el 47.º aniversario de la Revolución sandinista que puso fin a la dictadura de los Somoza en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega declaró que las elecciones ya no ofrecerían una vía para acceder al poder. “Que se olviden”, dijo, presumiblemente en referencia a los muchos conspiradores, golpistas y traidores contra los que el presidente octogenario afirma estar luchando desde que regresó al poder en 2007.

El anuncio causó revuelo. A los pocos días, Rosario Murillo, quien, además de ser la esposa y copresidenta de Ortega, es la principal propagandista del régimen, intentó darle un giro a la noticia. Dijo que las elecciones continuarán, pero con nuevas reglas que excluyan los intereses extranjeros e impidan que los llamados traidores y lacayos imperialistas compitan por el poder.

El presidente de la Asamblea Nacional habló de una reforma que aumentaría el mandato presidencial de seis a siete años renovables por otros siete años, una idea surrealista que hace que la presidencia suene como el contrato de uso de un carro. Sea cual sea el proceso exacto que decidan, está claro que el régimen se propone mantener al matrimonio en el poder hasta que mueran.

El régimen ya controla de manera efectiva a las autoridades electorales, la legislatura, los tribunales, la policía, el ejército y prácticamente cualquier otra institución capaz de influir en los resultados electorales. En 2021, Ortega encarceló a casi todos los contendientes serios a la presidencia, junto con cientos de otros críticos y miembros de la oposición. Muchos de ellos fueron declarados traidores, enviados en avión a Estados Unidos y despojados de su ciudadanía. Entonces, ¿por qué abandonar incluso la ficción de unas elecciones libres?

Es posible que una de las respuestas radique en la ambición de Rosario Murillo de convertirse en presidenta, y en su inseguridad por lo que pueda suceder si es la única candidata. Conozco a los actores de este drama desde hace décadas y conozco sus métodos. Creo que Murillo teme perder incluso unas elecciones amañadas; que le asusta aparecer sola en la boleta electoral.

Murillo ha acumulado un enorme poder. Se convirtió en la vicepresidenta de Ortega en 2017, y fue nombrada copresidenta ocho años después, mediante una enmienda constitucional que eliminó la separación de poderes, otorgó a la pareja el control absoluto sobre el Estado, y dejó en claro que ella sucedería a Ortega tras su muerte. Dado que él parece visiblemente deteriorado y cada vez más incoherente, ella, que es cinco años menor, está más cerca que nunca de alcanzar finalmente la cima.

Ni Ortega ni, mucho menos, Murillo podrían ganar unas elecciones libres y justas. Ortega perdió las elecciones presidenciales en 1990 después de más de una década en el poder, y recuperó la presidencia en 2007 con solo el 38 por ciento de los votos. Aunque ya no hay encuestas de opinión independientes dentro del país, según un sondeo realizado por Hagamos Democracia, una conocida organización nicaragüense sin fines de lucro que ahora opera desde Costa Rica, más del 95,8 por ciento de los nicaragüenses tiene una visión negativa del futuro y el 66,4 por ciento se iría del país si pudiera.

Lo que queda de la legitimidad de Ortega se fundamenta en los años revolucionarios y en su propia trayectoria como dirigente. Su nombre está asociado —por muy distorsionada que se haya vuelto ahora esa asociación— con la lucha contra la dinastía Somoza, el triunfo de 1979 y la mitología de la Revolución sandinista.

En cambio, el poder de Murillo deriva de su asociación con Ortega. Ella no posee su historia, su autoridad revolucionaria ni siquiera su conexión emocional residual con partes de la base sandinista. Carece de popularidad por derecho propio. En una sociedad profundamente religiosa y a menudo supersticiosa, con frecuencia se le llama “la Chamuca”, o la bruja, debido a su uso habitual de símbolos esotéricos y lenguaje místico. Se le considera tanto temible como objeto de sospecha y burla.

Murillo parece entender su situación a la perfección. A la vez que rinde homenaje constante a su esposo y se presenta como la guardiana de su legado, ha eliminado de forma metódica a cualquiera dentro del movimiento sandinista que pudiera cuestionar su sucesión u ofrecer una alternativa política.

Las desnacionalizaciones masivas que comenzaron en febrero de 2023 encajan en esta estrategia de eliminar no solo a la oposición política, sino incluso la existencia legal de posibles rivales. Cientos de nicaragüenses, incluyéndome, hemos sido privados arbitrariamente de nuestra nacionalidad. A muchos de nosotros nos han expulsado del país, han confiscado nuestras propiedades y se nos ha prohibido de forma permanente ocupar cargos públicos. El mensaje es claro: cualquiera capaz de competir políticamente corre el riesgo de ser transformado en un apátrida.

Las purgas se han extendido más allá de la oposición tradicional. Si bien Murillo impregna sus discursos con referencias a Dios, a Cristo y a la Virgen María, el régimen ha encarcelado o exiliado a sacerdotes y obispos que criticaron su represión. El gobierno ha desmantelado instituciones católicas, restringido la actividad religiosa y expulsado del país a gran parte de la jerarquía eclesiástica.

Las medidas represivas también han alcanzado a personas que sirvieron a la revolución e incluso a aquellos que alguna vez fueron cercanos a la pareja gobernante. El caso más revelador quizá sea el del general Humberto Ortega, hermano de Ortega.

Humberto fue uno de los principales estrategas de la insurrección contra Anastasio Somoza Debayle y luego dirigió el Ejército Popular Sandinista. En una entrevista en mayo de 2024, cuestionó públicamente la posibilidad de una sucesión familiar. Argumentó que sería extremadamente difícil para Murillo o los hijos de Ortega conservar el poder después de la muerte de Daniel e insistió en que un sucesor tendría que surgir de un proceso electoral. A las pocas horas, según informaron los medios locales, la policía nicaragüense incautó sus dispositivos electrónicos y lo puso bajo arresto domiciliario. Permaneció bajo vigilancia constante hasta su muerte en un hospital militar meses después. El destino de Humberto dejó claro que ni la trayectoria revolucionaria, ni el historial de servicio, ni la cercanía con Daniel Ortega protegerían a cualquiera que cuestionara la sucesión de Murillo.

Tanto Ortega como Murillo sin duda entienden que corren el riesgo de ser derrocados como ocurrió con Somoza hace casi medio siglo. Murillo necesita algo más seguro que unas elecciones fraudulentas. Necesita un sistema en el que ningún oponente auténtico pueda postularse, ningún movimiento político inesperado pueda surgir y ningún resultado electoral —incluso uno manipulado— pueda convertirse en un juicio público sobre su pretensión de heredar el país. La democracia de Nicaragua, por la que tantos lucharon durante tanto tiempo, muere con su determinación de portar la banda presidencial, cueste lo que cueste. c. 2026 The New York Times Company.