Organizaciones documentan más de un centenar de presuntas violaciones a derechos humanos durante el Mundial 2026 en México

Organizaciones de la sociedad civil aseguraron haber documentado 104 presuntas agresiones y violaciones a los derechos humanos durante la preparación y desarrollo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México. Entre los hechos reportados figuran detenciones arbitrarias, restricciones a la protesta social, desplazamientos forzados y agresiones contra periodistas, personas defensoras de derechos humanos y colectivos de búsqueda.

La realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México dejó, además del balance deportivo y económico, un intenso debate sobre el respeto a los derechos humanos durante el desarrollo del torneo. El Observatorio Mundialista de Derechos Humanos, impulsado por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT), informó que documentó 63 eventos en los que registró un total de 104 presuntas agresiones relacionadas con acciones de autoridades en el contexto del campeonato.

La Red TDT, integrada por 88 organizaciones civiles con presencia en 23 entidades del país, señaló que las violaciones documentadas estuvieron asociadas principalmente con operativos de seguridad, estrategias de movilidad, acciones de ordenamiento urbano y medidas implementadas por distintos niveles de gobierno para la organización del evento internacional.

Entre las conductas registradas se encuentran presuntas detenciones arbitrarias, intimidación, uso excesivo de la fuerza, restricciones a la libertad de expresión, actos de censura, tortura, agresiones contra periodistas, personas defensoras de derechos humanos, mujeres, integrantes de la población LGBTIQ+ y colectivos de familiares de personas desaparecidas.

De acuerdo con el informe presentado por las organizaciones, la mayor parte de los casos se concentró en las ciudades sede del torneo, particularmente en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, donde se desplegaron amplios operativos de seguridad y control del espacio público durante las semanas de competencia.

El Observatorio sostuvo que varias de las acciones estuvieron relacionadas con procesos que calificó como «limpieza de imagen» de las ciudades anfitrionas. Entre los hechos señalados figuran desalojos de personas migrantes, comerciantes ambulantes, personas en situación de calle y otros grupos vulnerables, además del retiro de fichas de búsqueda de personas desaparecidas colocadas en espacios públicos y diversas intervenciones para impedir manifestaciones sociales durante el torneo.

Las organizaciones también reportaron desplazamientos forzados en zonas del centro de Guadalajara y en distintas áreas de la Ciudad de México, así como decenas de detenciones ocurridas durante movilizaciones de colectivos sociales que buscaban visibilizar problemáticas relacionadas con desapariciones, violencia y derechos humanos ante la presencia de visitantes nacionales e internacionales.

El informe advierte igualmente sobre un incremento de distintas formas de violencia de género durante el periodo mundialista y sostiene que algunos feminicidios ocurrieron en un contexto de alta exposición pública derivada de las celebraciones relacionadas con el torneo. Las organizaciones consideran que este tipo de fenómenos requiere investigaciones específicas y políticas preventivas que acompañen la realización de eventos masivos.

Las agresiones documentadas se concentraron principalmente en actos relacionados con la represión de la protesta social y el abuso de autoridad. Según el Observatorio, la mayoría de los incidentes involucró la actuación de corporaciones de seguridad pública durante manifestaciones o acciones de control urbano implementadas en el marco del Mundial.

El trabajo de documentación comenzó incluso antes del inicio de la competencia. En junio, el Observatorio Mundialista ya había advertido sobre un aumento de operativos de seguridad, desalojos y restricciones al ejercicio de diversos derechos en las ciudades sede, además de expresar preocupación por posibles afectaciones a periodistas, personas defensoras y poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Las preocupaciones expresadas por las organizaciones civiles coincidieron con advertencias emitidas previamente por organismos internacionales. Antes del arranque del torneo, Amnistía Internacional publicó un informe en el que pidió a los tres países anfitriones —México, Estados Unidos y Canadá— garantizar plenamente los derechos a la libertad de expresión, la protesta pacífica y la protección de comunidades vulnerables durante el desarrollo de la Copa Mundial. Human Rights Watch también alertó sobre los riesgos que enfrentaban periodistas, personas migrantes y manifestantes en el contexto del campeonato.

Por su parte, el Gobierno de México respondió semanas atrás a diversos señalamientos de expertos internacionales reiterando su compromiso con la protección de la protesta pacífica, la libertad de expresión y el acompañamiento a colectivos de familiares de personas desaparecidas, además de manifestar su disposición para colaborar con los mecanismos internacionales de derechos humanos.

El Observatorio Mundialista subrayó que ningún evento deportivo, por importante que sea, debe traducirse en restricciones a las garantías constitucionales ni justificar medidas que afecten derechos fundamentales. Las organizaciones hicieron un llamado a las autoridades para investigar los casos documentados, garantizar la rendición de cuentas y adoptar mecanismos que aseguren el respeto a los derechos humanos durante futuros eventos internacionales.

México se convirtió en 2026 en el primer país en albergar tres ediciones de la Copa Mundial de la FIFA, tras haber sido sede en 1970 y 1986. El torneo, organizado conjuntamente con Estados Unidos y Canadá, reunió por primera vez a 48 selecciones nacionales y contempló la disputa de 104 partidos, consolidándose como la edición más amplia en la historia de la competencia.