Corrupción y oportunidad

AGENDA CIUDADANA

Lorenzo Meyer

Del año pasado a la fecha se han destapado varios casos de corrupción a lo grande en materia de introducción ilegal al país de productos petrolíferos. Se trata del contrabando de combustible y derivados procedentes de Estados Unidos, lo mismo por vía marítima que terrestre. Todo lo descubierto hasta ahora puede terminar en meros registros de otros tantos escándalos en la larga y deprimente historia de la inmoralidad pública. Sin embargo, bien llevadas las investigaciones, los casos actuales tienen el potencial de ser sendas oportunidades para que el gobierno de Claudia Sheinbaum demuestre que en este campo efectivamente ya hay un nuevo régimen y que, por tanto, el país tiene la oportunidad de hacer realidad el largamente pospuesto ideal del combate a fondo contra uno de los males seculares más arraigados en la vida pública mexicana: la ausencia de honestidad en sus estructuras gubernamentales.
En el índice de 2024 de percepción de corrupción publicado por Transparencia Internacional, México ocupó el nada envidiable lugar 140 entre 180. ¿Peor que nosotros? ¡apenas cuatro decenas de países! Independientemente de lo adecuada que pueda ser la metodología de la clasificación, la 4T tiene como compromiso central no solo el de “primero los pobres” sino también el transformar la realidad y la percepción internacional sobre la calidad y efectividad de nuestro sector público que, hoy por hoy, es un Talón de Aquiles en la relación con Washington. Y es que los críticos externos que operan desde la derecha como Stephen Miller –el subdirector de Políticas Públicas de la Casa Blanca– siguen insistiendo en que el gobierno mexicano se encuentra bajo la influencia o dominado por los cárteles del narcotráfico y que por lo tanto es un peligro para la seguridad norteamericana.
Claro que a críticos como Miller se les podría responder con una cita evangélica: “Quien esté libre de culpa que tire la primera piedra”, pero lo apropiado –lo ideal– sería responderles con resultados, con acciones contra la corrupción y entre más contundentes mejor. Y es que si bien en todos los sistemas políticos se pueden encontrar casos de deshonestidad –obviamente se pueden encontrar en el propio gobierno de nuestro vecino del norte y a su nivel más alto–, también es igualmente cierto que hay grados de corrupción y que es imposible negar que en México el fenómeno ha sido históricamente notable y sistemático.
Con lo investigado y escrito sobre la naturaleza de la corrupción en todas las civilizaciones, épocas y estructuras de gobierno se podrían llenar bibliotecas enteras. En la actualidad, un profesor de las universidades de Gotemburgo y de Oxford, Bo Rothstein, ha elaborado una teoría donde la explicación de fondo del fenómeno que nos ocupa no se localiza tanto en las fallas morales de los funcionarios –fallas que desde luego existen– sino en los sistemas dentro de los que esos personajes operan, especialmente en donde la corrupción es norma y que por tanto no sólo es irracional sino incluso peligroso apartarse de ella.
La característica central de todo sistema administrativo corrupto es que funciona a contracorriente de lo que debiera ser su eje axiológico: el principio de imparcialidad. Si el sistema tolera y alienta decisiones particularistas tales como el nepotismo, el clientelismo o el favoritismo, tarde o temprano llegará a aceptar la captura de instituciones completas por intereses particulares, como por ejemplo una Secretaría de Estado o un gobierno e incluso que el gobierno como un todo quede a merced de los corruptos. En esos casos la regla que dominará entre sus funcionarios de cualquier nivel será: “yo sólo hago lo que todos los demás hacen y esperan que yo también haga”. De esta manera y en la práctica, el interés general, así como la eficacia y la legitimidad del poder quedan relegados o anulados en favor de intereses particulares.
Rothstein sugiere que si hay la voluntad política de combatir la corrupción no debe de optarse por la vía del cambio lento, gradual sino por las acciones de fondo y sin titubeos. Hoy en México el combate al llamado “huachicol fiscal” –la importación en gran escala de derivados del petróleo amparados con documentación alterada o falsa y donde operan coordinadamente redes empresariales y personal de aduanas e incluso cárteles criminales– se presenta como una oportunidad para castigar ejemplarmente casos concretos y, sobre todo, dejar en claro que lo mismo se actúa contra empresarios que contra personajes políticamente notables o altos mandos en la administración pública incluyendo a las fuerzas armadas.
Un caso destacado de contrabando de petrolíferos a gran escala ha involucrado tanto a empresas como a altos mandos de la Secretaría de Marina habilitados como responsables de aduanas marítimas. Y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró en el sexenio pasado que, ante la prevalencia de la deshonestidad en muchas áreas de la administración pública y ante la falta de un cuerpo de servidores civiles de carrera disciplinados y honestos, las estructuras del Ejército y la Armada podían ser el mejor escudo contra la deshonestidad administrativa, en tanto que se construía ese servicio civil de carrera realmente comprometido con su labor. Para AMLO las fuerzas armadas podían ser la alternativa inmediata para mejorar la seguridad y llevar a cabo, entre otras misiones delicadas, la vigilancia de las aduanas, el revivir y manejar una línea aérea nacional emblemática y construir nuevas líneas de ferrocarril. Desafortunadamente, la corrupción logró cooptar a ciertos elementos dentro de las estructuras más disciplinadas de las que dispone el gobierno.
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) han llevado a concluir que las aduanas marítimas a cargo de la Armada no están enteramente libres de corrupción. Los indicios disponibles permiten suponer que en un par de puertos de Tamaulipas -–Tampico y Altamira– se ha llevado a cabo un activo contrabando de combustible procedente de Estados Unidos y donde altos mandos de la Marina incurrieron en faltas graves.
A raíz de una investigación iniciada en 2025 sobre la carga declarada del buque Challenge Procyon en Tamaulipas surgieron los nombres de dos hermanos: uno vicealmirante, Manuel Roberto Farías Laguna y otro contralmirante, Fernando Farías Laguna, sobrinos políticos del que fuera secretario de Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán. Ya en junio de 2024 un contralmirante, Fernando Rubén Guerrero, había advertido a la superioridad sobre la posible participación de los hermanos Farías Laguna en un fraude fiscal, pero el 8 de noviembre de ese año el denunciante y en su último día de vacaciones, fue asesinado por sicarios a plena luz del día y hasta la fecha ese crimen no se ha esclarecido. La FGR ya tiene abierta la investigación sobre los Farías Laguna; Manuel está detenido y vinculado a proceso y su hermano Fernando fue capturado en Argentina, pero su extradición va para largo pues el contralmirante ha pedido asilo político al gobierno de ese país, gobierno que hoy está muy distanciado del nuestro. Desde el año pasado la prensa informó sobre la existencia de un gran convoy ferroviario con combustible importado y detenido en el norte del país. Se trató del hallazgo que hicieran agentes locales y federales de 129 carrotanques cargados con más de 15 millones de litros de diésel, gasolina y otros derivados del petróleo no declarados. Obviamente se trataba de un caso del llamado “huachicol” que a partir de 2022 ha dado el salto del robo en los ductos de Pemex y donde el combate al ilícito había tenido éxito, a otro cuantitativa y cualitativamente más dañino para el interés público: el tráfico internacional de combustible en gran escala empleando documentación alterada o falsa para su importación y distribuido a través de complejas redes de comercialización aparentemente legales. Por mucho tiempo Pemex había sido la única empresa autorizada para importar combustible pero la política de privatización de lo público abrió ese campo a las empresas privadas y la corrupción del sistema aduanero les abrió la puerta para documentar la introducción y distribución ilegal de petrolíferos a través de establecimientos formalmente legales.
El gobierno, como se sabe, ya abrió una investigación que ha llevado ante los tribunales a un grupo de empresarios entre los que destaca el exgobernador panista de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, como propietario de una firma –Ingemar– que presuntamente sirvió para la importación de los derivados del petróleo vía el ferrocarril y defraudar al fisco por un monto calculado en 4 mil millones de pesos. En este caso el golpe del gobierno al contrabando pretende ser doble: por un lado, contra el “huachicol fiscal” y por el otro contra una figura política relevante de la oposición.
En fin, que en 2024 y teniendo como base las diferencias entre el total del combustible registrado en Estados Unidos como exportado a México y lo registrado en México como importado, lleva a considerar que alrededor del 30% de los petrolíferos no pagó los impuestos debidos (datos de la consultora Petro Intelligence, El País, 09/10/25).
En esta coyuntura la calidad y profundidad de las investigaciones de la FGR es fundamental, así como la voluntad política de la Presidencia de actuar a fondo contra los responsables, pero con imparcialidad, justo como lo demanda la ética del servicio público. Investigar a las aduanas y esclarecer el asesinato del contralmirante Guerrero no debería considerarse como un ataque a la armada sino todo lo contrario, ambos, contrabando y asesinato son temas que conviene y deben esclarecerse y presentarse como esfuerzos por reafirmar ante la sociedad que la institución naval es capaz de actuar contra los elementos corruptos y mantenerse a la altura de la buena imagen que revelan las encuestas de opinión que tiene.
En suma, lo que está en juego en los casos mencionados y en otros similares es mucho más que grandes cantidades de recursos fiscales: es la reputación internacional del país y, sobre todo, la necesidad de mostrarnos a nosotros mismos que el actual régimen político, producto de una larga lucha democrática, es efectivamente nuevo y mejor que el antiguo y que vale la pena el empeño en apoyarlo frente a las presiones en contra internas y externas.

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