La UNAM y el nuevo costo de la confianza

La UNAM entró en crisis por algo inédito en México. No fue un sabotaje ni un ciberataque. Fue algo más inquietante: un número todavía indeterminado de decisiones individuales que, acumuladas, quebraron la credibilidad del proceso de admisión más importante del país.

Qué fue lo que pasó

Por primera vez en su historia, la UNAM aplicó completamente en línea su examen de ingreso a licenciatura. Lo presentaron 158 mil 712 aspirantes de los 191 mil 306 registrados, bajo supervisión remota, con herramientas de inteligencia artificial que generaban alertas para su revisión por personal universitario.

Los resultados, publicados el 17 de julio, encendieron las alarmas por una anomalía estadística contundente. Entre 2021 y 2025, apenas 3.5 por ciento de los sustentantes alcanzaba 100 aciertos o más. Este año, la proporción saltó a 16.3 por ciento. En el segmento de excelencia —110 aciertos o más—, el brinco fue de 0.9 a 5.5 por ciento. Una variación de esa magnitud exigía una explicación y hacía imposible tratar los resultados como ordinarios.

La Universidad canceló alrededor de 2 por ciento de los procesos por conductas contrarias a la convocatoria; presentó el 3 de julio una denuncia penal contra quienes vendían servicios fraudulentos para sustentar el examen; suspendió las inscripciones, e instaló una Comisión Técnica de 16 integrantes —15 especialistas en educación, estadística, cómputo, derecho e inteligencia artificial, más un secretario técnico—, presidida por Eduardo Bárzana García. El viernes pasado, la Comisión entregó su primer dictamen y el rector Leonardo Lomelí aceptó su recomendación central: aplicar un examen de control, presencial y con versiones diferenciadas, cuyo resultado definirá la asignación final de lugares.

Las causas: incentivos, no solo tecnología

Es tentador culpar a la inteligencia artificial de lo que pasó. Sería un diagnóstico incompleto. La IA fue uno de los instrumentos; las causas principales estuvieron en el diseño y en los incentivos.

El diseño: un examen de altísima demanda aplicado en casa, durante múltiples días y turnos, permitió que los reactivos circularan en redes entre quienes ya lo habían presentado y quienes lo harían después. En paralelo floreció un mercado: paquetes de respuestas y “servicios” de resolución ofrecidos en TikTok y WhatsApp desde 500 pesos.

El Nobel de Economía Gary Becker mostró desde 1968, en su célebre ensayo sobre la economía del crimen, que quien viola una regla puede responder a un cálculo: compara el beneficio esperado con la probabilidad de ser descubierto y la sanción probable. Su marco permite entender que la disuasión depende no solo de la severidad del castigo, sino de la probabilidad efectiva de detección.

Apliquemos ese lente. El premio era enorme: un lugar en la universidad pública más importante de Iberoamérica, con matrícula prácticamente gratuita y tasas de rechazo de entre 80 y 90 por ciento. El costo de la trampa era bajo frente al beneficio esperado; la probabilidad percibida de ser descubierto en un examen presentado en casa, también. El fraude no fue una anomalía moral exclusiva de esta generación: fue una respuesta previsible a incentivos mal diseñados. La IA no creó ese cálculo; solo lo abarató masivamente.

La solución: un mal menor con riesgos jurídicos

¿Es correcta la decisión de repetir la evaluación mediante un examen de control? Mi respuesta es sí, pero con algunas reservas.

A favor: los datos hacían insostenible validar el resultado. Convalidar distribuciones estadísticamente inverosímiles habría premiado el fraude y castigado a quienes compitieron limpiamente. La Comisión, además, tuvo el cuidado de no acusar individualmente a nadie y de ampliar la convocatoria a quienes, con base en los puntajes mínimos de ingreso registrados entre 2021 y 2026, habrían obtenido un lugar de no mediar la distorsión.

En contra: los aspirantes seleccionados que actuaron con honestidad pagarán un costo que no generaron: volver a examinarse, en condiciones distintas y con semanas de tensión encima. Ya se anticipan impugnaciones que podrían invocar seguridad jurídica, debido proceso y derecho a la educación. El desenlace judicial no es trivial: si un juez suspendiera el examen de control, la crisis se prolongaría hacia un ciclo escolar que debía comenzar el 10 de agosto.

Vale el contraste internacional, porque este dilema ya se vivió a una escala mucho mayor. En mayo de 2024, India aplicó el NEET, su examen nacional de ingreso a medicina, a más de 2.3 millones de aspirantes. Después surgieron evidencias de una filtración del cuestionario vinculada con Patna y Hazaribagh, y el caso llegó a la agencia federal de investigación y a la Suprema Corte.

El tribunal se negó a cancelar toda la prueba. Consideró acreditada una filtración localizada, pero no encontró elementos suficientes para concluir que la integridad del examen entero hubiera quedado destruida. Repetirlo para millones de aspirantes, razonó, habría producido una disrupción desproporcionada. El criterio relevante no fue que no existiera fraude, sino que su alcance comprobado no justificaba invalidar todo el proceso.

La UNAM enfrenta una situación distinta: la anomalía no se concentra en una sede o en un grupo identificado, sino que aparece en la distribución general de resultados. El principio, sin embargo, es el mismo: el remedio debe guardar proporción con el alcance comprobable de la contaminación. Bajo ese criterio, el nuevo examen de control es defendible.

El precedente: evaluar en la era de la desconfianza

Lo ocurrido trasciende a la UNAM. Es una de las primeras grandes crisis mexicanas de integridad académica asociadas con la era de la IA generativa, y anticipa lo que viene para certificaciones profesionales, exámenes de oposición, concursos públicos y hasta procesos de contratación.

La lección global ya estaba escrita. En Estados Unidos, el College Board —la organización que aplica el SAT, el examen de admisión universitaria que presentan cerca de dos millones de estudiantes cada año— digitalizó por completo su prueba desde 2024, pero jamás la sacó de sedes presenciales supervisadas: se responde en computadora, nunca en casa. La evaluación de alto impacto puede ser digital; lo que no puede ser, todavía, es remota y desde casa. La tecnología abarató el fraude y, en consecuencia, encareció la verificación. Ese es el nuevo costo de transacción de la confianza, y las instituciones que no lo presupuesten lo pagarán en credibilidad.

Hay también una dimensión cultural que no conviene esquivar. La facilidad con que surgió un mercado de respuestas muestra que, cuando la trampa parece barata y difícil de detectar, demasiadas personas están dispuestas a normalizarla. Esa disposición es más corrosiva que cualquier falla tecnológica, porque los títulos, las calificaciones y los concursos valen exactamente lo que vale la confianza en cómo se obtuvieron.

La UNAM cometió un error de diseño y lo está corrigiendo con una rapidez inusual para su tamaño. Si el examen de control se aplica bien, habrá convertido una crisis en un precedente valioso: en la era de la IA, la equidad no se decreta; se verifica.