La muerte del profesor Alberto Israel Jasso Cruz, docente del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, luego de enfrentar una denuncia por presunto abuso sexual, detonó una de las controversias más fuertes en redes sociales y abre un debate nacional sobre la presunción de inocencia.
El caso de Alberto Jasso Cruz dejó de ser solamente una investigación de un individuo y se convirtió en un debate acerca de cómo enfrenta México los casos de denuncia por violencia sexual dentro de las instituciones educativas.
Es importante destacar que mientras hay sectores que reclaman una mayor protección para las víctimas y la no impunidad, existen otros que piden procesos más transparentes que garanticen derechos para las personas acusadas antes de una sentencia.
El caso se volvió relevante cuando el profesor publicó un video de poco más de tres minutos en el que niega los cargos en su contra, cuestiona al sistema judicial mexicano y explica las razones por las que, según él, no quería enfrentar el proceso penal.
El profesor Jasso Cruz se suicidó horas después de publicar la grabación en redes sociales, mensaje que hizo de este caso un debate nacional.
En el video, el catedrático manifestó que durante 25 años laboró en el IEMS y que sumaba casi una década más trabajando en preparatorias del Estado de México.
Tranquilo, negó haber cometido abuso sexual y calificó como falsa la denuncia en su contra y, después de difundir el video, se quitó la vida.
La denuncia por presunto abuso sexual presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en contra del profesor del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), Alberto “N”, será sobreseída, luego de que el señalado se quitó la vida el pasado 21 de julio, informó la fiscal general, Bertha Alcalde Luján.
La funcionaria explica que la investigación continúa en curso y que aún deben agotarse diversas diligencias, por lo que la Fiscalía no puede determinar si existía o no responsabilidad penal por parte del docente.
Precisa que el caso nunca fue judicializado y recuerda que, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, cuando el probable responsable fallece antes de que concluya el proceso, la acción penal debe sobreseerse.
“Es una investigación que está en curso, se tiene todavía que avanzar, no podemos nosotros decir si hay o no responsabilidad por parte del profesor.
”Fue un caso que no se llegó a judicializar; en el caso de que haya un probable responsable que desafortunadamente pierde la vida, estos casos, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, se tienen que sobreseer. Eso es lo que pasa formalmente en este caso”, señala la fiscal.
El caso se vuelve relevante cuando el profesor publica un video de poco más de tres minutos, en el cual niega haber cometido abuso sexual y califica como falsa la denuncia en su contra.
Según la versión del profesor, una alumna lo denunció por supuestos actos de abuso sexual ante la Dirección Jurídica del IEMS el pasado 14 de julio, y posteriormente ante el Ministerio Público.
El profesor señaló que la denuncia se refería a supuestos tocamientos ocurridos en seis oportunidades en un mismo día, lo que, según el relato de la alumna, le habría provocado una crisis de ansiedad que requirió atención médica.
Hasta el momento no hay una resolución judicial que determine la responsabilidad o la inocencia del profesor, por lo tanto, la investigación corresponde a las autoridades ministeriales.
Jasso Cruz insistió durante la grabación que no se trataba de aceptar responsabilidad sino de lo que él consideró una falta de garantías dentro del sistema de justicia.
“Quiero dejar claro que la decisión que tomo no es porque sea culpable, sino todo lo contrario”, manifestó.
Y después de unas horas que difunde este mensaje, Jasso Cruz se suicida.
El núcleo de la disputa es el choque entre dos demandas sociales: una garantía de la presunción de inocencia de la persona investigada y una garantía de mecanismos efectivos de protección de quienes denuncian violencia sexual.
Las organizaciones feministas cuestionaron que el docente diera a conocer la identidad de la adolescente que presentó la denuncia y señalaron que la difusión del video provocó una exposición y ataques contra la estudiante.
Según Las Brujas del Mar, el suicidio del profesor, junto con los comentarios en contra de la denunciante, generó una ola de violencia digital contra la joven.
Pero otros grupos han hecho hincapié en la necesidad de revisar los procedimientos institucionales para que una acusación no se convierta en condena social antes de que haya sentencia.
Después de varios días de silencio, el Instituto de Educación Media Superior se pronunció confirmando el fallecimiento del trabajador.
Asimismo, solicitó evitar la difusión de información no verificada, datos personales y mensajes que puedan generar revictimización o discursos de odio.
La institución manifestó que en los procedimientos pertinentes al caso “ha actuado de manera objetiva, leal y con la debida diligencia”.
También manifestó que le corresponde a las autoridades ministeriales dilucidar los hechos y asegurar una justicia íntegra e imparcial.
El IEMS también confirmó que la persona involucrada como denunciante es una adolescente, por lo que llamó a respetar su privacidad.
La polémica se incrementó cuando empezó a circular un mensaje atribuido a la estudiante que denunció al profesor, en el que lamentaba las consecuencias del caso y se disculpaba con los familiares y con las personas afectadas.
La publicación fue posteriormente bloqueada en la cuenta donde apareció, aunque capturas del mensaje se difundieron ampliamente en redes sociales.
La organización Equidad y Justicia, en conjunto con docentes, colectivos y ciudadanos, promovió desde el caso una propuesta llamada “Ley Alberto”.
Lo que se busca con esta propuesta es cambiar la forma en que las instituciones educativas atienden los casos de denuncia contra profesores.
Sus promotores plantean reforzar la presunción de inocencia y el debido proceso en el transcurso de las investigaciones, al entender que las medidas cautelares adoptadas por las escuelas no deben convertirse en una sentencia anticipada de culpabilidad.
La iniciativa plantea, además, mantener mecanismos de protección para las víctimas y mejorar los procedimientos internos para evitar abusos o errores en la atención de denuncias.
Este debate no solo queda en redes sociales y en el ámbito educativo y judicial, sino que llega al Senado, donde la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Laura Itzel Castillo Juárez insiste en proteger a las mujeres y llama a respetar la presunción de inocencia.
La también presidenta de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión afirma que la defensa de los derechos de las mujeres seguirá siendo una prioridad del Estado mexicano.
La legisladora apunta que, si bien toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia, cuando se acredita una agresión contra una mujer existen mecanismos legales e institucionales para garantizar su protección.
La legisladora fue cuestionada sobre los casos en los que un hombre pudiera ser acusado injustamente por una mujer como fue el de Alberto Israel.
En respuesta, Laura Itzel subraya que el marco jurídico contempla instrumentos para garantizar el debido proceso y reitera que la verdad debe prevalecer en cualquier procedimiento legal.
“En todos los casos siempre habrá presunción de inocencia”, señaló la senadora.
Castillo Juárez resalta que la defensa de las mujeres responde a una realidad histórica marcada por la desigualdad y la discriminación de género, por lo que considera necesario mantener políticas públicas específicas para garantizar sus derechos.
En ese contexto, destacó que el actual gobierno federal, encabezado por una mujer, ha colocado la protección de las mujeres como una de sus prioridades.
La legisladora reconoció que recientemente se han registrado casos lamentables de violencia contra mujeres, por lo que aprovechó para difundir los mecanismos de atención disponibles a través de la Secretaría de las Mujeres.
Recordó que las víctimas pueden solicitar apoyo mediante la línea telefónica 079, opción 1, servicio que opera las 24 horas del día, los 365 días del año, con el propósito de brindar orientación y acompañamiento.
Ante la insistencia sobre qué ocurrirá cuando una mujer presente una denuncia falsa y un hombre resulte detenido de manera injusta, Laura Itzel Castillo responde que el sistema legal contempla los procedimientos correspondientes para esclarecer los hechos.
Además de que puntualiza que todas las personas deben conducirse con apego a la verdad.
No obstante, la senadora enfatiza que la responsabilidad de las instituciones y de quienes impulsan la agenda de igualdad es continuar defendiendo los derechos de las mujeres, debido a que persisten altos niveles de violencia y discriminación.
Como ejemplo, recordó que el feminicidio constituye la expresión más extrema de esa violencia y rememoró que participó como diputada federal en la legislatura que impulsó la incorporación de ese delito al Código Penal.

Si bien, la legisladora reconoció que pueden existir casos aislados en los que se presenten acusaciones falsas, insistió en que no representan la realidad general del país.
En ese sentido, citó datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según los cuales alrededor del 75% de las mujeres han sufrido algún tipo de agresión a lo largo de su vida, principalmente por parte de hombres y, en muchos casos, de personas cercanas a ellas.
La presidenta del Senado sostuvo que esa cifra refleja la magnitud del problema de violencia de género en México y demuestra la necesidad de continuar fortaleciendo las políticas públicas de prevención, atención y acceso a la justicia para las mujeres.
Finalmente, hizo un llamado a transformar la cultura de discriminación y violencia mediante el respeto pleno a los derechos de las mujeres.
Resalta que la mujeres han demostrado su capacidad para desempeñar cualquier responsabilidad pública o privada y ocupar espacios donde se toman decisiones fundamentales para el país.
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