Casi dos mil carpetas por despojo en seis meses, sin contar casos no denunciados: concejal de BJ

Las recientes detenciones de Virginia “N” y Diana “N” por su probable participación en el despojo de un inmueble en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez, representan un avance en una problemática que desde hace meses ha sido denunciada por vecinos y víctimas, afirmó el concejal de Morena en esa demarcación, Hugo Torres Zumaya.

Durante una entrevista con Aristegui en Vivo, sostuvo que los casos registrados en distintos puntos de la capital presentan un mismo patrón de operación y evidencian deficiencias institucionales en la atención de las denuncias.

“Al final el tiempo nos dio la razón, lo advertimos hace cinco meses, lo dijimos aquí, porque fuimos los primeros en decir que algo estaba pasando en la alcaldía de Benito Juárez”, expresó.

Recordó que desde entonces señaló la existencia de lo que denominó una “mafia del despojo” y sostuvo que los casos no eran hechos aislados, sino parte de una forma de operar que, afirmó, se desarrolló gradualmente.

Agregó que también había advertido que parte del origen del denominado “cártel inmobiliario” estaba relacionado con despojos vinculados a desarrollos inmobiliarios. “No nos equivocamos”, afirmó, al señalar que las víctimas enfrentan actualmente “un sistema que es muy complicado”.

El concejal sostuvo que la dimensión del problema rebasa ampliamente los casos conocidos públicamente. “Lamentablemente, en lo que va de estos seis meses nos dicen que son casi dos mil carpetas en la Ciudad de México por despojo, pero también hay que revisar la cifra negra”, señaló. Además, sostuvo que muchas víctimas enfrentan dificultades para que sus denuncias sean investigadas como despojo, ya que en algunos casos son reclasificadas como allanamiento.

“Cuando los vecinos acuden a la fiscalía desconcentrada, en muchas ocasiones el Ministerio Público no les toma la denuncia, porque dice que no se adecúa al tipo penal. Entonces, si no les toma la denuncia, deja de ser un despojo y pasa a ser un allanamiento”, afirmó.

Torres insistió en que existe una diferencia jurídica que, a su juicio, debe quedar clara para las víctimas: “La tentativa de despojo no existe. No hay un intento de despojo. O te despojan, o fue un allanamiento. Así de simple”.

También relató un episodio ocurrido en la colonia Cuauhtémoc, donde aseguró haber acompañado a una adulta mayor víctima de un presunto despojo. Explicó que vecinos y policías lograron detener en flagrancia a los presuntos responsables; sin embargo, afirmó que el procedimiento se complicó cuando fueron presentados ante la Fiscalía.

Según narró, debido al tiempo transcurrido durante la puesta a disposición, el responsable de la agencia ministerial se negó inicialmente a aceptar la detención, por lo que finalmente los involucrados fueron enviados al juzgado cívico. En ese mismo caso, dijo que posteriormente se identificó la presunta participación de un elemento policiaco.

A partir de ello pidió revisar el comportamiento de mandos policiales, particularmente en la zona de la colonia Del Valle, donde, aclaró, no busca criminalizar a ninguna persona, sino que se investigue si existen coincidencias con otros casos.

Torres consideró que el anuncio del Gobierno capitalino para instalar mesas de atención sobre despojos debe acompañarse de una estrategia especializada. A su juicio, no basta con abrir espacios de atención si las víctimas continúan enfrentando procedimientos complejos mientras avanzan los litigios civiles y penales.

Explicó que muchas personas que buscan apoyo gubernamental llegan después de haber sufrido fraudes o de atravesar situaciones de desgaste emocional derivadas de la pérdida de su patrimonio, por lo que estimó indispensable establecer protocolos específicos de actuación para atender estos casos.

En ese sentido, informó que ha solicitado un protocolo de actuación para la policía en casos de despojo y que, si se crea un gabinete especializado, quienes lo integren cuenten con exámenes de control de confianza y experiencia en la materia.

Asimismo, cuestionó la dispersión institucional existente y preguntó por qué las víctimas deben acudir a distintas instancias cuando debería existir una atención integral.

Añadió que esta misma semana acudió al Congreso de la Ciudad de México para solicitar la creación de una comisión especial que investigue el fenómeno del despojo y dé seguimiento específico a los casos denunciados por las víctimas.

Por su parte, Martha Patricia Rojas, administradora de un condominio afectado por el sismo de 2017, relató cómo ella y otros propietarios quedaron sin acceso a su edificio tras el cambio de la cerradura principal por personas cuya identidad desconocen.

Rojas es la administradora del condominio ubicado en Patricio Sanz 529, que desde el sismo de 2017 permanece inmerso en un proceso de rehabilitación inconcluso. Precisó que es propietaria de un departamento y que fue electa administradora por la asamblea de condóminos, cargo que, dijo, está registrado ante la Procuraduría Social (PROSOC).

Relató que el pasado 15 de julio acudió al inmueble para realizar una inspección ordinaria como parte de sus funciones, pero descubrió que la llave de acceso principal ya no abría la puerta del edificio.

Al preguntar a los vigilantes qué había ocurrido, éstos le informaron que un día antes varias personas ingresaron como visitantes, dijeron ser familiares de algunos residentes y llevaron a un cerrajero para cambiar la chapa principal. “Me di cuenta que no abría mi llave”, relató.

Explicó que presentó una denuncia ante la fiscalía desconcentrada, pero el Ministerio Público le respondió que los hechos no configuraban el delito de despojo. “Le dije que yo estaba ahí denunciando un hecho, que yo no puedo ingresar a mi departamento porque no tengo la llave de la entrada”, recordó.

Según su testimonio, inicialmente la autoridad pretendía iniciar una carpeta por daño en propiedad privada, por lo que posteriormente acudió a la sede central de la Fiscalía para denunciar formalmente el presunto despojo, investigación que continúa abierta.

La administradora explicó que el edificio se encuentra particularmente expuesto debido a que aproximadamente la mitad de los departamentos permanece desocupada desde que comenzaron las obras de reconstrucción, las cuales posteriormente fueron suspendidas a raíz de un amparo. Indicó que esa situación ha dejado espacios vacíos que pueden ser aprovechados por terceros para intentar ocuparlos ilegalmente. “Estamos vulnerables a que nos invadan, vulnerables a que nos despojen”, afirmó.

Precisó que el problema no sólo la afecta a ella, sino también a otros propietarios que actualmente tampoco pueden ingresar al edificio. Dijo que varios de ellos aún no presentan denuncias debido a que no habitan de manera permanente en el inmueble, precisamente porque éste se encuentra parcialmente desocupado mientras espera la continuación de los trabajos de rehabilitación.

Señaló que existen dictámenes recientes que advierten daños importantes en columnas, trabes y otros elementos estructurales, por lo que ha solicitado, junto con otros vecinos, que las autoridades definan el futuro de la rehabilitación y ordenen una desocupación temporal que permita realizar las obras correspondientes.

Sin embargo, afirmó que distintas instancias se remiten mutuamente la responsabilidad y no ofrecen una solución definitiva. “Las diferentes autoridades, pues digamos que creemos que se lavan las manos. Estamos preocupados por ello”, manifestó.

El concejal Hugo Torres relacionó las recientes detenciones con los casos registrados en la cerrada de Matías Romero, donde, dijo, comenzó a hacerse visible el problema de los despojos en Benito Juárez.

Indicó que uno de esos expedientes corresponde al inmueble marcado con el número 18, caso en el que, aseguró, está vinculada Virginia “N”, una de las personas detenidas recientemente por la Fiscalía.

Añadió que existe un segundo caso en el número 57 de la misma calle, donde aseguró haber presenciado la presencia de grupos de choque en abril, cuando comenzaron a denunciar públicamente la problemática. Posteriormente, dijo, la familia afectada recuperó legalmente el inmueble.

El concejal afirmó que, según la información que le proporcionó la propia familia, el origen de ese despojo estuvo relacionado con un secuestro, lo que, a su juicio, demuestra que este tipo de casos puede involucrar otros delitos de mayor gravedad.

“Que revisen que no son expedientes y no son números, son vidas y son personas”, expresó al hacer un llamado a las autoridades para fortalecer los mecanismos de atención a víctimas.

Sostuvo que también han detectado casos en los que personas presuntamente vinculadas con redes de despojo buscan presentarse públicamente como víctimas. Relató que vecinos le informaron que quienes fueron señalados como presuntos despojadores en uno de los inmuebles acudieron al Zócalo capitalino para solicitar la restitución de la propiedad, pese a que, afirmó, los legítimos propietarios cuentan con la documentación correspondiente.

Por ello pidió a los medios de comunicación verificar cuidadosamente la información antes de difundir testimonios. “No hay un control. Y si no hay un control, hay un desorden. Y eso hay que arreglarlo”, concluyó.