Firmantes de paz rechazaron posible desmonte del acuerdo en el Gobierno De la Espriella: “Sería un ataque a las víctimas”
Los firmantes del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc en 2016 manifestaron su preocupación ante el posible desmonte de lo pactado por parte del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, que se posesionará el 7 de agosto de 2026.
Reunidos en un Encuentro Nacional en Bogotá, los excombatientes que suscribieron el Acuerdo Final construyeron un mensaje conjunto dirigido al presidente electo y a su gabinete.
En la carta señalaron que la transición entre gobiernos pone a prueba la capacidad del Estado colombiano para cumplir la palabra comprometida, en un momento en que, según ellos, hay preocupación en los territorios, entre las víctimas y en la comunidad internacional.
“La transición democrática entre gobiernos expresa la fortaleza de nuestras instituciones, pero también pone a prueba la capacidad del Estado colombiano para honrar la palabra empeñada”, señalaron los firmantes en la misiva citada por el medio digital Pulzo.
En su pronunciamiento, los firmantes definen el acuerdo como un compromiso estatal construido colectivamente en el país, por lo que su posible desmonte, en sus palabras, no solo sería un cambio administrativo o presupuestal, sino “una ruptura del orden constitucional, una violación de la buena fe internacional y una afectación directa a los derechos de las víctimas”.
“No puede hacerlo porque la paz ya no es un programa de gobierno ni una concesión transitoria de un mandato a otro”, complementaron.
El documento también respondió a recientes declaraciones de De la Espriella sobre la eliminación de las oficinas de paz, asegurando que esas medidas no pueden leerse como una política legítima de gobierno.
“Es el desconocimiento del principio de cosa juzgada, de la autonomía de la Jurisdicción Especial para la Paz y de la estabilidad de todo el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (...) estas declaraciones no son opiniones de campaña; son amenazas directas al Estado de Derecho”, señalaron.
También, los firmantes insistieron en que el acuerdo no fue suscrito para beneficiar solo a excombatientes, sino a la transformación de los territorios y la reparación de las víctimas.
“A casi una década de implementación, la reincorporación ha demostrado ser un proceso de desarrollo que beneficia también a las comunidades que históricamente padecieron el conflicto”, recalcaron.
Al mismo tiempo, reconocieron que persisten graves problemas de seguridad. “No desconocemos los desafíos que persisten. Las afectaciones a la seguridad de las y los firmantes y de los liderazgos sociales siguen siendo una tragedia nacional”, afirmaron en el comunicado.
Por último, los firmantes de paz plantearon tres prioridades al Gobierno Nacional, al Congreso de la República y a la comunidad internacional para priorizar el acuerdo, entre los que se destacan “un Pacto Nacional por la Continuidad del Acuerdo Final (...) la inclusión de la implementación del acuerdo en el próximo Plan Nacional de Desarrollo (...) y el cese inmediato de la estigmatización contra la población firmante y el respeto irrestricto a la autonomía de la Unidad de Búsqueda y de la Jurisdicción Especial para la Paz”.
Vale mencionar que el presidente electo Abelardo de la Espriella ha manifestado su postura reacia ante el Acuerdo de Paz. En su alocución emitida el 5 de julio, aseguró que asignará un equipo especializado para detener lo que catalogó como una “falsa paz”.
Igualmente, enfatizó en que, al momento de posesionarse como nuevo mandatario de los colombianos, anunció el cierre de varias dependencias de la Presidencia, entre ellas, la Consejería Comisionado de Paz, al considerar que en su mandato “no habrá más procesos de falsa paz”.
Infobae
