El expediente contra el Estado mexicano

Stephen Miller no es un provocador que habla desde la periferia del trumpismo. Es subjefe de gabinete de la Casa Blanca para política y uno de los principales arquitectos de la estrategia migratoria y de seguridad de Donald Trump.

Sus palabras importan porque suelen anticipar la lógica con la que una obsesión política termina convertida en decisión de gobierno.

Por eso su discurso sobre México debe leerse más allá de la estridencia. En el Pentágono, durante una ceremonia para reconocer a militares desplegados en la frontera, Miller afirmó que en nuestro país no funcionan el sistema judicial, el sistema político ni el sistema legal, y que existen territorios “controlados y ocupados” por organizaciones terroristas.

Lo que cambió no fue sólo el tono. Cambió el sujeto de la acusación.

Durante años, Washington señaló a los cárteles como organizaciones criminales capaces de corromper autoridades, disputar territorios y exportar violencia.

Después, la sospecha alcanzó a funcionarios mexicanos presuntamente vinculados con esas redes. Más tarde apareció la noción de “narcogobierno”: ya no se hablaba únicamente de servidores públicos infiltrados, sino de un aparato político que protege, tolera o comparte intereses con el crimen organizado.

La reciente referencia del director de la DEA a una “conexión mortal” entre el gobierno mexicano y los cárteles llevó esa acusación al límite.

Miller dio el paso siguiente. Dejó de señalar a los criminales, a quienes los protegen o al gobierno que no consigue contenerlos. Ahora el acusado es el Estado mexicano: sus instituciones, su sistema de justicia y su capacidad para ejercer autoridad.

La diferencia no es retórica. Cada diagnóstico vuelve imaginable una respuesta distinta. Frente a los cárteles, la vía es la cooperación policial, la inteligencia y las extradiciones. Frente a funcionarios coludidos, la investigación, el procesamiento o las sanciones. Frente a un gobierno acusado de proteger criminales, la presión diplomática y los condicionamientos.

Pero si se afirma que el Estado dejó de funcionar y que parte de su territorio está “ocupado”, la cooperación puede presentarse como inútil y la acción unilateral como necesaria.

Ahí conduce el cambio de sujeto.

La administración Trump ya había trasladado a los cárteles del terreno del crimen organizado al de la seguridad nacional al designarlos organizaciones terroristas. También había sostenido que su derrota no podía depender solamente de mecanismos judiciales.

Miller completó la arquitectura: el adversario tiene naturaleza terrorista, controla territorio y el Estado donde opera es incapaz de contenerlo.

La ceremonia militar no fue un detalle. El secretario de Defensa habló de “invasión”, las tropas fueron presentadas como defensoras del territorio estadounidense y México apareció como el espacio desde el cual se origina la amenaza.

No se anunció una intervención. Se construyó el razonamiento que permitiría explicarla, llegado el caso, como defensa.

Claudia Sheinbaum respondió que en México gobierna el pueblo y recordó la responsabilidad estadounidense en el consumo de drogas, el tráfico de armas y el lavado de dinero. El señalamiento es correcto, pero no entra al centro de la acusación.

Miller no cuestionó el origen democrático del gobierno mexicano. Cuestionó su capacidad material para gobernar el territorio que reclama como propio.

México tampoco puede responder negando la captura criminal de regiones, policías, autoridades o economías locales. Cada negación facilita el expediente estadounidense.

La soberanía no se defiende repitiéndola, sino ejerciéndola: investigando, procesando, recuperando territorio y rompiendo las redes políticas y financieras que sostienen a los cárteles.

ANTES DEL FIN

El problema ya no es que Washington acuse a México de tolerar criminales, sino que empiece a describirlo como un Estado incapaz de gobernarse.

Ese desplazamiento modifica la respuesta que Estados Unidos puede considerar legítima. Ante un cártel se coopera; ante funcionarios corruptos se sanciona; ante un Estado que no controla su territorio, una potencia puede pretender sustituirlo.

La pregunta ya no es sólo qué quiso decir Miller, sino qué hará México para impedir que ese diagnóstico se vuelva doctrina. Porque la soberanía no se pierde cuando otro país la cuestiona, sino cuando encuentra hechos suficientes para hacerlo creíble.