La educación no admite improvisados
Hay decisiones políticas que duran un sexenio. Sus consecuencias, en cambio, pueden marcar a toda una generación.
La salida de Claudia Tello de la Secretaría de Educación de Veracruz era un desenlace que muchos anticipaban. Durante meses circularon versiones sobre su eventual relevo, alimentadas por una gestión caracterizada por conflictos constantes con sindicatos, trabajadores y diversos actores del sistema educativo. Lo extraordinario no fue su salida; lo verdaderamente importante es lo que ese relevo vuelve a poner sobre la mesa: ¿con qué criterios se designa a quienes administran la educación de millones de veracruzanos?
Ésa debería ser la discusión.
La Secretaría de Educación no es una oficina de trámite ni un espacio para premiar lealtades políticas. Es la dependencia con uno de los presupuestos más importantes del gobierno estatal y la responsable de conducir el sistema educativo que forma a las futuras generaciones. Cada decisión administrativa repercute en aulas, maestros, alumnos y familias.
Por eso sorprende que, una vez más, el debate público termine concentrándose en nombres, amistades y afinidades políticas, cuando la verdadera pregunta debería ser otra: ¿el perfil de quien llega responde a la magnitud de la responsabilidad que asume?
Toda persona merece la oportunidad de demostrar su capacidad. Nadie debería ser condenado antes de ejercer un cargo. Pero esa presunción de competencia no exime a los gobiernos de una obligación elemental: explicar por qué una persona fue considerada la mejor opción.
En las democracias consolidadas, los nombramientos en áreas estratégicas suelen acompañarse de una exposición clara de la trayectoria profesional, la experiencia administrativa y los resultados que respaldan la designación. No es un gesto de cortesía; es un acto de transparencia y de respeto hacia los ciudadanos.
Cuando esa información no se comunica con claridad, el vacío lo ocupan inevitablemente las especulaciones.
El problema, sin embargo, rebasa este relevo.
Desde hace años, Veracruz ha padecido una práctica que atraviesa administraciones de distintos partidos: convertir algunas dependencias públicas en espacios donde la cercanía política pesa más que la experiencia técnica. Cambian los gobernantes, cambian los discursos y cambian los colores partidistas, pero esa lógica permanece intacta.
La educación ha sido una de sus principales víctimas.
Mientras se suceden los secretarios, los problemas estructurales siguen esperando solución: infraestructura deteriorada, rezagos administrativos, conflictos laborales recurrentes y desafíos educativos que no admiten improvisaciones ni curvas de aprendizaje demasiado largas.
Gobernar la educación exige algo más que buena voluntad. Requiere conocimiento del sistema, capacidad de negociación, experiencia administrativa y liderazgo para conducir una de las instituciones más complejas del estado.
El relevo en la Secretaría de Educación representa ahora una oportunidad para romper con esa inercia. No bastará con un cambio de nombre en la oficina principal. Lo que la comunidad educativa espera son decisiones capaces de reconstruir la confianza, restablecer el diálogo con el magisterio y colocar nuevamente a los estudiantes en el centro de la política pública.
Porque ésa debería ser la prioridad de cualquier gobierno.
No las cuotas.
No las cercanías.
No las amistades.
La educación.
Los gobiernos tienen el derecho de nombrar a quienes consideren más aptos para integrar su equipo. Pero ese derecho lleva implícita una responsabilidad mayor: demostrar que el interés público estuvo por encima de cualquier consideración política.
En educación no hay margen para el ensayo y el error. Cada decisión equivocada no se mide únicamente en estadísticas o presupuestos; se mide en oportunidades perdidas para miles de niños y jóvenes que no tendrán otra generación para recuperar el tiempo que el gobierno desperdicie.
Cuando el mérito deja de ser el requisito para servir al Estado, la política deja de construir futuro y comienza a hipotecarlo.
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