La UNAM, entre “inmaculada” y “la peor de todas”

Antes de que la conviertan en causa y consecuencia de todo –de lo bueno y lo malo, de lo esencial y lo vano, de la caída de Tenochtitlán y del arribo del populismo, etcétera– la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una oportunidad y una obligación inescapables.

La crisis de la UNAM por la fallida prueba de admisión amenaza con desbordar CU. Así es casi siempre desde 1968 (aunque antes hubo también otras llamaradas): lo que pasa en cualquier facultad, preparatoria, relación laboral, cambio de rector, accidente o abuso de un docente e incluso de un egresado (presuntamente, Yasmín Esquivel) puede volverse en cosa de horas de importancia nacional.

Más aún si, como es el caso, se tiene un concierto de disfuncionalidad burocrática y de liderazgo que puede afectar la vida de miles de estudiantes.

La UNAM instaló antier una comisión para paliar la crisis por las trampas en el examen de admisión y trazar una salida al “problema”, como precavidamente le llama la presidenta Claudia Sheinbaum a una inédita suspensión del proceso de inscripción de primer ingreso.

Surge ahí la primera duda que la UNAM, y particularmente su rector Leonardo Lomelí, no ha despejado: ¿qué hizo antes?

Formalmente, desde el 6 de julio las autoridades universitarias admitieron saber del problema de un examen aplicado en varias sesiones dos meses atrás. Ese día informaron que el 3 de julio habían puesto una denuncia ante autoridades competentes luego de que “se detectaron algunas acciones contrarias a la convocatoria y a la normatividad universitaria, incluidas aquellas que podrían configurarse como prácticas ilegales de personas y empresas que engañaron a familias y vendieron servicios fraudulentos para sustentar el examen”.

Sin embargo, un mes antes, literalmente el 3 de junio, al reportar que había bloqueado a poco más de un millar de aspirantes por “identificar conductas contrarias a la normatividad”, la UNAM en un comunicado advertía: “La Universidad exhorta a las y los aspirantes a que eviten contratar a personas o empresas que ofrecen servicios fraudulentos para sustentar el examen, que violentan la normatividad y los procesos de admisión, lo que puede derivar en la cancelación del examen, incluso en conductas constitutivas de delito”.

Luego de que el 17 de julio los resultados fueron dados a conocer, distintas voces identificaron patrones anómalos que prefiguraban una problemática muy distante en magnitud a la sobria redacción del comunicado del 6 de julio. El resto es historia, una historia donde se ha aprovechado el episodio para hablar de la UNAM como si fuera “la peor de todas” o “inmaculada”. No hay tal.

Las autoridades de la UNAM tienen la obligación de salvaguardar la buena marcha de la vida universitaria, siempre y en particular en esta prueba. El paso indispensable es demostrar que su actuar ha estado a la altura de la crisis, lo cual es muy dudoso.

El 21 de julio el rector anunció la comisión para elaborar un informe. En México instalar un comité sirve para los peores motivos, donde ganar tiempo es el menos malo de ellos. Aquí lo que urge es una explicación satisfactoria de la Rectoría de Lomelí sobre cuándo supo qué y qué hizo a partir de ahí.

Como el problema incluye tecnología de punta (la que se supone contrataron por muchos millones de pesos y la que habría sido usada para burlar un sistema que, presumían, contaba con una veintena de candados), es increíble que entre el 6 y el 27 de julio el rector y su equipo no hayan detallado y atajado el fraude: nos obligan a pensar que las sacrosantas vacaciones de verano fueron respetadas.

La UNAM puede dar una lección que la salve del callejón donde tantos quieren meterla al decir que es un reflejo de todo lo malo que pasa hoy en México. Rectoría puede demostrar que cuando hay un problema se enfrenta, resuelve, penaliza y aprende; cueste lo que cueste y no cargando en los hombros de otros (en este caso jóvenes) sus fallas o negligencias.

De lo contrario, en efecto serán igual que todos: minimizan un problema gigantesco, se parapetan en sus muros burocráticos –vacaciones incluidas– y descargan contra el futuro de las y los jóvenes errores de una generación acostumbrada a escurrir bulto.