Reconstruir el Estado para ejecutar Infobae

El próximo gobierno recibirá un país sin margen para el aprendizaje. Los problemas son conocidos, las prioridades también. El desafío ya no es identificar qué hacer. El desafío es reconstruir el Estado para recuperar la capacidad de ejecutar. Después de años marcados por la inestabilidad política, el deterioro institucional y una creciente pérdida de confianza en las instituciones, los primeros meses de gestión serán determinantes para demostrar que todavía es posible recuperar el rumbo.

La primera prioridad debe ser prepararse para el fenómeno El Niño. El Perú ya conoce el enorme costo económico y social de reaccionar tarde. Basta recordar que, como consecuencia de los eventos climáticos de 2023, el sector agropecuario se contrajo en 2.9%, pero el empleo cayó en más del doble: una contracción del 7.5%, que significó casi 320,000 puestos de trabajo menos, según estimaciones de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional. Esperar la emergencia para actuar no solo resulta más costoso, sino que termina destruyendo infraestructura, afectando el empleo y poniendo en riesgo miles de vidas. Quedan pocos meses para acelerar las obras de prevención, fortalecer la infraestructura crítica y ejecutar eficientemente los recursos disponibles.

La segunda urgencia es enfrentar la delincuencia y el crimen organizado. Hoy la inseguridad ya no representa únicamente un problema policial; constituye uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico y social. Las extorsiones paralizan pequeños negocios, la minería ilegal continúa expandiéndose, el narcotráfico fortalece economías criminales y el turismo pierde atractivo frente a un entorno de creciente violencia. No sorprende, entonces, que el 83.2% de la población urbana considere que vive en una situación de inseguridad, según el INEI. Difícilmente un país puede aspirar a atraer inversiones y generar empleo cuando la incertidumbre se instala en la vida cotidiana de sus ciudadanos.

Pero incluso si estas dos urgencias son atendidas, el país difícilmente avanzará si el nuevo gobierno no recupera algo que el Estado ha venido perdiendo durante los últimos años: capacidad para gobernar.

Eso empieza por recomponer la imagen y el liderazgo presidencial. El Perú necesita una Presidencia que conduzca, marque prioridades y genere confianza. No se trata únicamente de mejorar los niveles de aprobación ciudadana, sino de recuperar la capacidad de coordinar al gabinete, dialogar con otros poderes del Estado y ofrecer previsibilidad a ciudadanos e inversionistas. Sin liderazgo político, las mejores políticas públicas terminan diluyéndose entre la improvisación y los conflictos internos.

En ese mismo esfuerzo, la Presidencia del Consejo de Ministros debe recuperar el rol que le corresponde. La PCM no puede seguir funcionando únicamente como un espacio para administrar crisis políticas. Debe convertirse nuevamente en el verdadero articulador del Ejecutivo, capaz de coordinar sectores, hacer seguimiento a los compromisos asumidos y asegurar que las prioridades del Gobierno se traduzcan en resultados concretos.

Lo mismo ocurre con el Ministerio de Economía y Finanzas. Durante décadas, el MEF fue reconocido por su solvencia técnica y su capacidad para preservar la estabilidad macroeconómica del país. Esa fortaleza nunca debió perderse. El próximo gobierno necesita un ministerio liderado por profesionales altamente calificados, con independencia técnica y con la autoridad suficiente para defender la sostenibilidad de las finanzas públicas, aun cuando ello implique frenar iniciativas políticamente populares pero fiscalmente irresponsables.

La advertencia del Consejo Fiscal ilustra la magnitud del problema: entre 2021 y 2026, el Congreso aprobó 268 leyes con impacto fiscal adverso, generando compromisos permanentes por S/ 36,700 millones anuales, equivalentes al 3% del PBI, y un costo fiscal acumulado de S/ 109,600 millones, alrededor del 9.1% del PBI. En un contexto de crecientes presiones para elevar el gasto público y flexibilizar las reglas fiscales, el país necesita un Ministerio de Economía y Finanzas que vuelva a ejercer el liderazgo técnico que históricamente lo caracterizó, con la autoridad suficiente para decir “no” cuando la sostenibilidad de las finanzas públicas esté en riesgo. Recuperar esa fortaleza no es una aspiración burocrática; es una condición indispensable para preservar la estabilidad económica y la confianza que el Perú tardó décadas en construir.

Paralelamente, será indispensable destrabar la inversión privada, simplificar trámites, reducir la permisología y elevar la calidad de la inversión pública. El crecimiento económico solo tendrá sentido si logra traducirse en mejores servicios para la población. Sin embargo, las brechas siguen ampliándose. Entre 2019 y 2025, la población urbana sin acceso a agua dentro de sus viviendas aumentó de 1.5 a 2.6 millones de personas, mientras que quienes carecen de acceso a desagüe pasaron de 3.2 a 4.9 millones. A ello se suma una pérdida sostenida de competitividad. El último Ranking Mundial de Competitividad del IMD, elaborado en colaboración con Centrum PUCP, ubica al Perú en el puesto 60 de 70 economías evaluadas, muy lejos del puesto 35 que ocupaba cuando ingresó por primera vez al ranking en 2008. Hemos perdido terreno porque el crecimiento dejó de estar acompañado por un Estado capaz de ejecutar, instituciones sólidas y políticas públicas orientadas a resultados.

El próximo 28 de julio no comienza una hoja en blanco. Comienza una cuenta regresiva. El Perú ya sabe cuáles son sus principales problemas y conoce buena parte de las soluciones. Ahora toca reconstruir el Estado para convertir esas soluciones en resultados. Lo que ha faltado no son diagnósticos, sino liderazgo para fijar prioridades, instituciones capaces de coordinar, equipos técnicos que inspiren confianza y un Estado dispuesto a ejecutar. El éxito del nuevo gobierno no se medirá por la cantidad de anuncios que formule durante sus primeras semanas, sino por su capacidad para devolverle al país aquello que nunca debió perder: autoridad para gobernar, solvencia técnica para decidir y eficacia para ejecutar.