Huachicol ¿Justicia… o estrategia política? El Diario de Chihuahua

Hay coincidencias que la política convierte en casualidades. Y hay casualidades que, por su acumulación, terminan convirtiéndose en preguntas legítimas. El combate al huachicol, tanto el tradicional como el fiscal, es una obligación ineludible del Estado mexicano. El robo de hidrocarburos y el contrabando de combustibles han significado durante años pérdidas multimillonarias para las finanzas públicas, el fortalecimiento de organizaciones criminales y una corrupción que alcanzó ductos, aduanas, empresas, funcionarios y operadores privados. Nadie con un mínimo sentido de responsabilidad democrática puede oponerse a que esos delitos se investiguen y, en su caso, se castiguen.

En Chihuahua también lo estamos viendo. Los recientes cateos en Ciudad Juárez, los aseguramientos de combustible, maquinaria e inmuebles en la zona de El Sauzal muestran que el fenómeno no es ajeno a la frontera norte, todo indica que las autoridades están desmantelando estructuras relacionadas con el mercado ilegal de hidrocarburos, y eso merece respaldo si las investigaciones se realizan con apego a la ley. Hasta ahí, difícilmente habría discusión.

Se trata de un caso relevante porque confirma que la frontera norte continúa siendo una zona estratégica para las organizaciones dedicadas al mercado ilegal de combustibles, al mismo tiempo, diversas investigaciones federales han puesto bajo la lupa redes de huachicol fiscal que presuntamente utilizaron cruces fronterizos, empresas importadoras, agentes aduanales y complejos esquemas de comercio exterior para introducir combustible evitando el pago de impuestos.

Aunque hasta ahora no existe información pública que vincule directamente el caso de Juárez con la investigación nacional por huachicol fiscal, ambos expedientes muestran las dos caras de un mismo fenómeno: la extracción, almacenamiento y distribución ilegal, por un lado, y el contrabando sofisticado mediante estructuras empresariales por el otro.

Antes de este caso, en 2025 surgieron denuncias públicas sobre una presunta red de corrupción dentro de la Aduana de Ciudad Juárez que habría facilitado operaciones de importación irregular de combustibles, entre los elementos conocidos públicamente destacaron: señalamientos de presuntas irregularidades en los procesos de importación, acusaciones cruzadas entre funcionarios y exfuncionarios aduanales, investigaciones internas y federales, participación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), SAT y FGR.

Aunque hasta ahora no se han hecho públicas sentencias condenatorias derivadas de ese caso, sí generó investigaciones de alto nivel y colocó nuevamente a Ciudad Juárez dentro del mapa nacional del combate al huachicol fiscal.

Pero el problema comienza cuando el combate legítimo al delito se cruza con la política, y en México, lamentablemente, esa línea cada vez parece más delgada. El caso de Ernesto Ruffo Appel no involucra a un empresario desconocido ni a un exfuncionario de segundo nivel.

Estamos hablando del primer gobernador de oposición democráticamente electo en la historia moderna del país. De uno de los llamados "Bárbaros del Norte", de una figura emblemática del PAN y de la transición democrática mexicana, es decir de un ícono de la democracia nacional que incluso trasciende a los partidos políticos, definitivamente no es un personaje cualquiera, por eso su procesamiento nunca será leído únicamente como un expediente penal.

Será, inevitablemente, un hecho político, más aún cuando el propio desarrollo del caso abre interrogantes difíciles de ignorar, porque de acuerdo con la información pública, las primeras solicitudes de orden de aprehensión fueron rechazadas por jueces federales de carrera, tiempo después, una jueza incorporada bajo el nuevo esquema derivado de la reforma judicial autorizó las órdenes de captura, incluyendo ahora a Ernesto Ruffo Appel.

¿Demuestra eso una persecución política? En términos estrictamente jurídicos no, pero mediática y políticamente sí deja muchas dudas esa actuación. Por supuesto que tampoco puede decirse que sea un dato irrelevante.

Puede haber explicaciones perfectamente jurídicas: nuevas pruebas, una teoría del caso distinta o una valoración diferente de los elementos presentados por la Fiscalía. Todas son posibilidades reales. Sin embargo, la política no vive únicamente de explicaciones jurídicas, y también caben las explicaciones políticas, en estos momentos de fuertes crisis reputacionales para Morena y la 4T por los casos de Rocha Moya, Marina del Pilar, Américo Villarreal, Adán Augusto López y otros más, lo de Ruffo es oxígeno puro.

Y la percepción que inevitablemente se instala es que, donde antes dos jueces consideraron insuficientes los elementos para restringir la libertad de una persona, posteriormente otro juzgado sí encontró razones para hacerlo. En cualquier democracia madura, un cambio así obliga a extremar la transparencia y la motivación de las resoluciones.

Porque la justicia no sólo debe ser imparcial, debe parecerlo. Ahora bien, el contexto tampoco puede ignorarse, México se encuentra ya en la ruta hacia una elección que volverá a colocar en disputa entidades estratégicas para la oposición, particularmente en el norte del país, Chihuahua, Nuevo León, Coahuila, en las que no gobierna y que ansía con todas sus fuerzas.

Son estados donde Morena ha encontrado mayores resistencias electorales que en buena parte del resto del país, es precisamente en ese contexto cuando una de las figuras históricas más representativas del panismo norteño termina enfrentando un proceso penal de enorme impacto mediático. Demasiadas casualidades

¿Es prueba suficiente para concluir que existe una estrategia de utilización política de la justicia? No, pero son demasiadas casualidades que juegan a favor de Morena y la 4T, demasiadas.

Porque sí constituye un contexto que alimenta esa interpretación y que el Gobierno federal tendrá que contrarrestar con investigaciones técnicamente impecables y procesos judiciales irreprochables.

Porque aquí aparece el verdadero riesgo institucional, cuando las investigaciones alcanzan únicamente a personajes de oposición —o cuando esa es la percepción predominante— el problema deja de ser exclusivamente jurídico, se convierte en un problema de legitimidad democrática, sobre todo en un marco de constantes y repetidos ataques desde la mañanera a opositores políticos.

En ese mismo contexto acabamos de vivir un muy lamentable y ominoso episodio en el que la primera mandataria del país se le fue a la yugular a la gobernadora Maru Campos, por el desmantelamiento de un narcolaboratorio de enormes dimensiones acusándola de traición a la patria por la supuesta intervención de agentes de la CIA, mientras defiende denodadamente a la gobernadora de Baja California Marina del Pilar, quien ha aceptado públicamente estar en negociaciones con autoridades norteamericanas para recuperar su visa y evitar su extradición, incluso a cambio de información clasificada de seguridad nacional.

La historia latinoamericana ofrece demasiados ejemplos de gobiernos que utilizaron fiscalías y tribunales para debilitar políticamente a sus adversarios. También ofrece ejemplos de opositores que intentaron refugiarse en el discurso de la persecución política para evitar responder por delitos reales.

Por eso ninguna de las dos narrativas puede aceptarse automáticamente, ni toda investigación contra un opositor constituye persecución, ni toda acusación formulada por la Fiscalía debe asumirse como prueba de culpabilidad, Ernesto Ruffo Appel sigue siendo constitucionalmente inocente mientras no exista una sentencia firme, ese principio no protege únicamente a Ruffo, nos protege a todos.

Porque cuando el Estado puede destruir políticamente a una persona antes de demostrar jurídicamente su responsabilidad, la presunción de inocencia deja de ser un derecho y se convierte en un discurso vacío.

Eso mismo han intentado hacer con la gobernadora Maru Campos, desde el poder central del país, sin mucho éxito, por cierto, sin importar pruebas o el Estado de Derecho o la presunción de inocencia, simplemente utilizando la mañanera como improvisado tribunal de oficio que acusa, juzga y condena en fast track a quien se le ocurre.

Mi preocupación, sin embargo, no está únicamente en el futuro jurídico de Ruffo, o de las elecciones en Chihuahua, está en el futuro institucional del país entero, si las pruebas de la Fiscalía son sólidas y resisten el escrutinio judicial, y los jueces del acordeón se mantienen en el horizonte del derecho, la aplicación de la ley deberá prevalecer, sin importar el nombre o la trayectoria política del acusado.

Pero si este expediente termina desmoronándose por falta de pruebas o por violaciones al debido proceso, el daño será mucho mayor que la absolución de un solo hombre. Se habrá fortalecido la percepción de que el aparato de justicia puede convertirse en una herramienta para desgastar adversarios políticos.