El error de crear nuevos derechos fundamentales en tiempos de IA Heraldo de Aguascalientes

No hace falta inventar nuevos derechos: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) ya los tiene, por eso desconozco por qué nos admiramos que tal país ya tenga ley de inteligencia artificial (IA), que en aquel otro se reguló blockchain, que más allá ya existen los neuroderechos y que deberíamos parecernos a ellos. Aplaudimos la “novedad” ajena sin hacernos antes la pregunta: ¿dónde estamos parados? ¿Qué tenemos ya para saber qué se puede regular y qué no? La buena regulación no nace de copiar la ley del vecino, sino de detectar qué es compatible en la realidad digital mexicana.

Reconocer un derecho es fácil. Lo firma cualquiera, en cualquier tarde, y sale la foto y hasta el reel. Cumplirlo es lo que cuesta, porque no da primera plana, ni funda escuela, ni corona a nadie de pionero. Así que dejemos de admirarnos del vecino y hagamos la tarea aburrida: infraestructura propia, ingenieros que la construyan, abogados que la entiendan, servidores públicos que la operen, legislación secundaria que aterrice lo que la CPEUM ya prometió. Nada de eso es novedoso. Nada de eso sale en la foto. Todo eso es lo único que falta.

Partamos de los 4 principios del artículo primero de la CPEUM. Solo hay que ajustarlos a la realidad digital:

• Universalidad: todos los mexicanos, y quien pise el territorio, pueden acceder a las tecnologías.
• Indivisibilidad: los temas de cuarta o de quinta generación no son derechos inferiores ni secundarios. Son derechos fundamentales, punto.
• Interdependencia: los datos son el combustible de la IA. La IA con la que interactuamos necesita internet. De éste penden la educación y la telemedicina.
• Progresividad: el más importante, porque obliga a que todos los derechos ya reconocidos se adapten a lo digital.

En la CPEUM hay 15 “derechos digitales” que ya son nuestros: no discriminación, acceso a tecnologías, a internet y a la información; libertad de expresión; protección de datos; tutela judicial efectiva; derechos de autor; trabajo; seguridad de la información; buena administración pública; navegación en el ciberespacio; propiedad; desarrollo y libre competencia (no es una columna para explicar cada uno, pero comparto algunos ejemplos).

Tenemos el derecho a no ser discriminados, a pesar de esto, se discute si hay que crear el derecho a no ser víctima de decisiones que toma la IA o el derecho a que nuestros datos no sean combustibles para el entrenamiento de algoritmos. ¿De verdad hace falta? Los algoritmos los diseñan humanos y siempre habrá sesgos; si la CPEUM ya prohíbe discriminar, el gobierno que los use está obligado a mitigar esos sesgos. Tenemos el derecho de protección de datos personales, y si la IA funciona con datos personales, su protección ya está en la CPEUM.

Otros hablan de que hay que crear el derecho a navegar libremente en el ciberespacio, pero ya existen los derechos a no ser discriminados, de acceso a internet, a la libertad de expresión, libre tránsito y protección de datos. Ya está todo en la CPEUM.

Hoy que está de moda hablar de la soberanía digital, lo que sí se puede decir es que ya se encuentra en la CPEUM tanto en el artículo 25 como el 39, por lo tanto, de lo que sí se debe de hablar en lugar de estar inventando derechos, es de la urgencia de construir infraestructura propia y fomentar soluciones locales para que realmente se garantice la soberanía.

Más que una ley de IA, urge ajustar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la responsabilidad patrimonial del Estado y la normativa de transparencia, para explicar dónde están los errores y cómo usar estas herramientas; y frenar la tecnología cuando dañe el interés general.

Siento que es absurdo recordar esto, pero no queda de otra: no se creó un artículo constitucional para el trabajo a distancia o el derecho fundamental a la desconexión digital. Bastó modificar la Ley Federal del Trabajo.

Reconocer estos derechos fue el primer paso, y ahí México está bien posicionado. Hacerlos efectivos es el reto: tecnología propia, ingenieros y abogados formados, servidores públicos capacitados, normas que los materialicen. Porque la relación ya cambió: el servidor público cumple mejor con menos esfuerzo y el ciudadano lo tiene a un clic de distancia.

Me despido con esta reflexión:

Llegamos al punto donde siempre llegamos, el de las buenas intenciones y las leyes bien escritas, porque escribir un derecho en la CPEUM es tarea de una tarde y hacerlo respirar es tarea de una vida, y entre lo uno y lo otro se abre ese abismo de siempre donde han caído tantas reformas que prometían el porvenir. No nos falta el texto: nos falta la voluntad, que es cosa más difícil de legislar, porque la voluntad no se decreta, se ejerce, y ejercerla –parece– cansa. Quede claro que no hay pecado en querer ser el primero; el pecado, si acaso, está en confundir la novedad con la utilidad, y en creer que un derecho existe más por bautizarlo de nuevo que por cumplirlo de una vez. Los profetas abundan, los notarios de lo evidente escasean, y este país necesita menos anuncios y más trabajo callado, del que no sale en la foto.

Al final, cuando el ciudadano toca la puerta digital del Estado, no le importa quién inventó el derecho: le importa que la puerta abra.