Diputada Claudia Dobles responde a la presidenta Laura Fernández: “Estoy haciendo mi trabajo; haga usted el suyo” Infobae
La diputada Claudia Dobles respondió a la presidenta de la República, Laura Fernández, luego de que la mandataria defendiera la potestad exclusiva del Poder Ejecutivo para evaluar a los ministros de Estado y cuestionara los señalamientos realizados por la legisladora contra varios integrantes del gabinete.
El intercambio se originó después de que Dobles criticara públicamente la gestión de dos jerarcas del Gobierno. La diputada aseguró que el ministro de la Presidencia ha mantenido una participación insuficiente en la conducción política entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa, al tiempo que cuestionó al ministro de Hacienda por impulsar una propuesta que contempla gravar con el impuesto al valor agregado (IVA) parte de la canasta básica. Ambos puesto asumidos por el expresidente, Rodrigo Chaves.
Las declaraciones de la legisladora provocaron una respuesta de la presidenta Laura Fernández, quien durante la conferencia de prensa semanal defendió la labor de sus ministros y afirmó que corresponde únicamente a la Presidencia de la República valorar el desempeño de quienes integran el gabinete.
“Cuando doña Claudia sea la presidenta de la República, que evalúe y juzgue a los ministros del Gobierno. Mientras yo sea la presidenta de la República, ese es mi trabajo”, manifestó la mandataria.
Tras esas declaraciones, Dobles utilizó sus redes sociales para responder y reiterar que sus cuestionamientos forman parte de las atribuciones que la Constitución Política otorga a la Asamblea Legislativa en materia de control político.
“Doña Laura, estoy segura de que conoce el artículo 121, incisos 23 y 24, de la Constitución Política. Usted nombra y evalúa a sus ministros; la Asamblea los investiga, interpela y fiscaliza. Estoy haciendo mi trabajo. Haga usted el suyo: menos show, menos venta de humo y más resultados”, escribió la diputada.
En la misma publicación, Dobles insistió en sus críticas al Gobierno y afirmó que “hasta ahora tenemos un ministro de la Presidencia ausente y un ministro de Hacienda que pretende gravar la canasta básica”, reforzando los señalamientos que habían motivado la respuesta presidencial.
El artículo 121 de la Constitución Política, citado por la legisladora, establece entre las atribuciones de la Asamblea Legislativa la posibilidad de investigar asuntos de interés público, interpelar a los ministros de Gobierno y ejercer funciones de fiscalización sobre la administración pública. Precisamente en esas facultades fundamentó Dobles su derecho a cuestionar la gestión de los jerarcas del Poder Ejecutivo.
Desde la perspectiva del Gobierno, sin embargo, la designación, permanencia y evaluación de los ministros constituye una competencia exclusiva de la Presidencia de la República. Bajo ese argumento, Laura Fernández sostuvo que corresponde al Ejecutivo determinar el desempeño de los integrantes de su gabinete y decidir eventuales cambios dentro del Consejo de Gobierno.
El intercambio refleja el ambiente de confrontación política que se ha intensificado en las últimas semanas entre el Gobierno y sectores de oposición en la Asamblea Legislativa, especialmente en temas relacionados con la conducción política del Ejecutivo y las medidas económicas impulsadas por la administración.
Uno de los puntos de mayor controversia ha sido la propuesta impulsada desde el Ministerio de Hacienda para modificar el tratamiento tributario de algunos productos de la canasta básica, iniciativa que ha generado cuestionamientos tanto de diputados como de diversos sectores sociales y productivos.
A ello se suma la relación entre el Poder Ejecutivo y el Congreso, donde la oposición ha criticado en varias ocasiones la estrategia política del Gobierno para construir acuerdos legislativos, señalando una limitada interlocución con las diferentes fracciones parlamentarias.
El episodio representa un nuevo capítulo en las diferencias entre el Ejecutivo y la oposición legislativa, en momentos en que diversos proyectos de ley y decisiones económicas mantienen un elevado nivel de confrontación política dentro y fuera de la Asamblea Legislativa.
