Chivo expiatorio El Financiero
El gobierno de la República está urgido de señalar como responsables de delitos “narcopolíticos” o “huachipolíticos” a otros personajes distintos, que a morenistas.
No importa la petición de los Estados Unidos por funcionarios de Sinaloa, todos militantes y vinculados a Morena. No importa tampoco la evidencia de La Barredora en Tabasco en tiempos de Adán Augusto, o la enorme derrama de dinero que provino —¿de dónde?— para las campañas morenistas en 2021 y 2024.
Menos aún la creciente percepción pública de que muchos morenistas, estatales y federales, están vinculados, ligados, financiados por el narco.
La presidenta, de forma inexplicable, abraza la bandera de fiscal general y acusa “con múltiples evidencias”, dijo a Ernesto Ruffo Appel.
Diferentes gobiernos federales han otorgado en las últimas dos décadas, e incluso un poco más, permisos para la importación de gasolinas y combustibles. La causa de ello era aumentar las reservas disponibles y multiplicar la mermada capacidad de Pemex para satisfacer el creciente mercado nacional.
Ruffo se vio beneficiado con un permiso en esa materia hace aproximadamente 18 años.
No es ilegal, no es un delito, y el cambio de reglas impulsado por AMLO bajo la entelequia de la “soberanía energética” torció el asunto, cerró permisos y canceló empresas que realizaban esa función.
La de Ruffo subsistió y continuó con la actividad.
Hoy el gobierno lo acusa —junto con otros responsables de su empresa— de huachicol y huachicol fiscal. Es decir, introdujo al país —según la acusación— más litros de combustibles de los que tenía permitidos y no pagó los impuestos correspondientes.
Deberán probarlo, tanto Ernestina Godoy y su Fiscalía, como la presidenta de la República, que inexplicablemente se convirtió en la vocera del caso.
A diferencia del pasado, cuando le preguntaban por arrestos, detenciones o investigaciones en curso, ella siempre respondía: “asunto de la Fiscalía”: Hay que preguntarles a ellos. Ahora asumió el rol de quien domina la investigación y explica el caso, las pruebas y las diligencias. ¡Increíble!
Todo maquillaje de “independencia” o “autonomía” de la Fiscalía General de la República se borra por completo cuando es la presidenta, ni más ni menos, quien expone la validez, origen y sustento del caso.
Ernestina es una empleada de Claudia Sheinbaum que acata y obedece las instrucciones de la jefa de Estado.
Los escándalos de los narcopolíticos exigidos por Estados Unidos, de la inocultable relación de Rocha Moya con el Cártel de Sinaloa, del inexplicado aún asesinato del señor Cuén —quien había denunciado semanas atrás a los hijos de Rocha por negocios y contratos del gobierno estatal— obligan al gobierno a buscar una cortina de humo, un chivo expiatorio que cargue con las culpas y envíe los mensajes precisos.
A Estados Unidos: “miren cómo si arrestamos y perseguimos a políticos o expolíticos vinculados al crimen organizado”, se supone que Ruffo comanda una banda criminal que se dedica sistemáticamente a este delito. Uuuyyy, pero casualmente, es de oposición.
A las bases morenistas: “luchamos consistentemente contra la corrupción”, siempre y cuando, claro, sea ajena, no la nuestra (de Morena, esa es encubierta, protegida, plenamente impune).
A la oposición: “haremos lo que sea necesario para acusarlos, dañarlos, desprestigiarlos o someterlos” con miras al proceso electoral del 2027.
Se trata de una figura política cuya trascendencia supera a la falta o al delito.
Suponiendo, sin conceder, que en efecto la empresa a la que Ruffo está asociado introdujo combustible en exceso al permitido y evadió impuestos, difícilmente es elemento probatorio contra el exgobernador, quien no ejercía cargos operativos en la empresa.
Era socio, lo es sin duda, pero no dirigía, operaba, pagaba o administraba los cargamentos.
Por lo que difícilmente se le puede hacer responsable de los delitos.
Además, tiene implicaciones políticas. A pesar de ser miembro activo del PAN, partido en el que militó y ganó elecciones toda su vida, Ernesto Ruffo fue invitado por la nueva organización política Somos México en calidad de consejero externo.
La trayectoria de Ruffo, su convicción democrática, su fama pública como hombre honesto y respetado a nivel local, lo han hecho un personaje cuyo prestigio político está lejos de una vulgar banda de contrabandistas.
El gobierno y la presidenta se equivocan al atacar a una persona de dudosa vinculación criminal. Además, el proceso de detención está plagado de inconsistencias y violaciones a derecho. El inicial cambio del juez para procesar la orden arroja desde el inicio un proceso viciado, sesgado y con tintes políticos.
No es la primera vez, ni seguramente será la última, que la justicia se utiliza con fines políticos para dañar y manchar a opositores. No pensé que Claudia Sheinbaum se prestara a ello.
