El modo amparo Infobae

Hay momentos en los que una democracia no se define por las elecciones que celebra, sino por la manera como quienes ejercen el poder reaccionan cuando ese poder es sometido al escrutinio y la crítica. Cuando se les exige a los gobernantes rendir cuentas o cuando se les cuestiona, con datos y argumentos, sobre el ejercicio de su poder le estamos haciendo un check-up a la salud de nuestra pluralidad.

En ese marco, las auditorías en Nuevo León al gasto público, a las obras y al manejo de los recursos no son un castigo. Son una garantía para la sociedad y una obligación republicana. En una democracia, el poder no debería sentirse agraviado por ser revisado. Al contrario: debería entender que la rendición de cuentas forma parte del mandato que recibió de los ciudadanos.

Por eso el pasado viernes 17 de julio decidí acudir personalmente a solicitar que se audite mi gestión y, al mismo tiempo, pedir que las instituciones revisen las principales obras y fondos públicos del Gobierno del Estado. Lo hice porque ninguna actuación honesta debería temer ser comprobada. El que nada debe, nada teme.

Mi preocupación, sin embargo, va mucho más allá de una auditoría. También va mucho más allá de los arrebatos del Gobernador Samuel García que pretende juzgar y condenar desde el tribunal de las redes sociales y el stand-up a quienes pensamos distinto o señalamos ineficiencias de su administración. Que un gobernador llame “malagradecido” a un alcalde por exigir cuentas revela una visión equivocada del poder. Lo que hace un Gobernador en obra pública y en su trabajo entero no son favores personales ni concesiones de un monarca que debemos “agradecer”. Son obligaciones constitucionales financiadas con el dinero de los ciudadanos y no de su monedero individual.

El ciudadano nunca puede ser ingrato con el poder, porque el ciudadano es el verdadero soberano. Quien sí puede ser ingrato es el gobernante que olvida que su autoridad es temporal y que sólo existe para servir.

Durante buena parte del sexenio, el gobierno de Samuel García ha convertido la política en espectáculo. La comunicación ha sustituido a la gestión y las redes sociales se han comido a las políticas públicas. Mientras tanto, las familias siguen atrapadas en el tráfico, esperando obras inconclusas, enfrentando la contaminación y viviendo con incertidumbre sobre el agua. Eso sí es una verdadera ingratitud con Nuevo León.

A esa etapa el propio gobernador se encargó de bautizarla como el “modo party”. Hoy el problema parece haber evolucionado al “modo amparo”.

No cuestiono, que quede claro, el derecho de cualquier persona a utilizar los instrumentos legales que la Constitución reconoce protegerse. Todos pueden ampararse. Lo que sí cuestiono es la consecuencia política de un gobierno cuyo centro de gravedad dejó de ser resolver los problemas de Nuevo León para concentrarse en administrar sus propios conflictos y buscar blindaje jurídico a cualquier precio.

Cuando un gobernador pierde el foco, el estado entero pierde rumbo. La prueba más clara es que Nuevo León acumula tres años sin presupuesto. Eso no es normal en una democracia. Es un síntoma de ingobernabilidad. El presupuesto es el principal instrumento para ordenar prioridades, controlar el gasto y exigir resultados. Cuando durante tres años se gobierna sin él, la discrecionalidad sustituye a las reglas.

Iniciar una obra sin contar con suficiencia presupuestaria para concluirla o sin un proyecto ejecutivo sólido no sólo compromete su viabilidad; también constituye una irregularidad en la administración del patrimonio público. Significa condenar a la sociedad a sobrecostos, modificaciones interminables, retrasos e incertidumbre. Cuando desaparecen las reglas presupuestarias y la planeación técnica deja de ser una prioridad, florecen la discrecionalidad, la opacidad y la corrupción. Ahí nace la tranza y el terreno fértil de la extorsión institucional.

Karl Popper decía que la pregunta central de la democracia no es quién debe gobernar, sino cómo impedir que quien gobierna abuse del poder. Por eso me preocupa que en Nuevo León se quiera presentar la fiscalización como un ataque político. No lo es. Es una obligación republicana. Y ser claudista, como yo orgullosamente lo soy, significa entender exactamente eso: la Presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, ha hecho de la honestidad, la austeridad y la rendición de cuentas una forma de gobernar, porque no puede haber instituciones confiables cuando el poder se resiste al escrutinio.

Nuevo León, nunca me cansaré de decirlo, tiene empresarios extraordinarios, universidades de excelencia y una sociedad trabajadora. Lo que hoy necesita es un gobierno de tiempo completo. Por eso, es momento de regresar al único modo que merece Nuevo León: el modo gobierno, el modo trabajo.

Y hay una regla democrática que ningún servidor público debería olvidar en el modo trabajo: quien le tenga miedo a una auditoría, nunca debió aceptar la responsabilidad de gobernar. Punto.

*El autor es Alcalde, con licencia, del Municipio de General Escobedo, Nuevo León, México.