Hija de Ruffo Appel denuncia trato ‘indigno y humillante’; audiencia supera las 30 horas Editorial Aristegui Noticias
Verónica Ruffo, hija del exgobernador de Baja California Ernesto Ruffo Appel, difundió un mensaje en redes sociales para exigir que se respete el debido proceso en la investigación que enfrenta su padre por presuntos vínculos con una red de huachicol fiscal, mientras la audiencia inicial de imputación en su contra y de otros siete acusados superó las 30 horas de duración.
En un video publicado el sábado, la hija del exmandatario panista sostuvo que la detención y el trato recibido por Ruffo Appel vulneran principios básicos del proceso penal. “Hoy recibe un trato indigno y humillante, sin poder siquiera poder hablar con su familia”, expresó, al sostener que el exgobernador ha permanecido incomunicado de sus familiares desde que fue puesto a disposición de las autoridades.
“Nosotros creemos en la ley y por eso mismo exigimos que se cumpla para él como para cualquier mexicano. La presunción de inocencia, el debido proceso y un juicio con pruebas, no una condena política anticipada”, señaló.
También aseguró que su padre, de 74 años, “está privado de su libertad antes de que un juez haya valorado una sola prueba en su contra” y sostuvo que siempre estuvo disponible para las autoridades.
“Mi papá nunca se escondió. Mi papá nunca dejó de dar la cara”, dijo. Agregó que el exgobernador acudió previamente a declarar ante las autoridades “solo, sin miedo y sin abogados” y pidió a quienes lo conocen exigir “un proceso justo y transparente”.
La audiencia de imputación contra Ruffo Appel y los otros siete señalados en la causa penal 153/2026 comenzó la tarde del jueves y, al corte de la información, se había prolongado más de 30 horas y continuaba de manera remota bajo la conducción de la jueza de Control Alejandra Ramírez de la Vega, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Además de Ruffo Appel, en la causa penal están imputados Ricardo Thompson Navarro, Armando Riestra Fernández, Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Antonio Barrientos, José María de la Peña Ramos, Guillermo de la Peña Rosales y Adriana Magali Bárcenas Guillén. Los ocho permanecen en instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) mientras se desarrolla la audiencia por videoconferencia.
El exmandatario fue detenido el pasado 16 de julio en su domicilio de Ensenada, Baja California. Posteriormente fue trasladado al Ministerio Público en esa ciudad y después a instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tijuana.
La investigación federal inició en julio de 2025 y está relacionada con una presunta red dedicada al contrabando de combustible o huachicol fiscal. Durante las indagatorias fueron asegurados 129 ferrotanques y más de 15 millones de litros de combustible presuntamente ilícito.
Las autoridades vinculan al exgobernador con la empresa Ingemar, de la cual es señalado como principal accionista. Según la investigación, esa compañía habría participado en operaciones relacionadas con la importación y logística de combustible dentro de un esquema que, de acuerdo con la Fiscalía, permitía introducir hidrocarburos al país evitando el pago de impuestos.
Al presentar el caso, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, calificó la investigación como “la más grande red de contrabando de combustible hasta el momento”.
La FGR estima que el presunto esquema ocasionó un daño superior a 4 mil millones de pesos a la Hacienda Pública, derivado del incumplimiento en el pago de impuestos por 15 millones 299 mil 830 litros de combustible no declarados.
Ruffo Appel ha rechazado las acusaciones y sostuvo que su empresa únicamente realizaba actividades de logística de importación y trámites aduanales.
La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, rechazó que la detención de Ruffo Appel responda a una persecución política y sostuvo que corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la República acreditar los delitos y al Poder Judicial determinar responsabilidades.
La dirigente afirmó en Aristegui en Vivo que Morena no intervendrá en el proceso judicial ni defenderá a personas investigadas por su filiación política. “Nadie está por encima de la ley y si alguien cometió un delito, tendrá que responder ante la justicia, sea quien sea”, sostuvo. Asimismo, pidió permitir que las autoridades concluyan las investigaciones y reiteró que el combate al huachicol fiscal forma parte de la estrategia del gobierno federal para combatir el tráfico ilegal de combustibles.
Por su parte, el dirigente nacional de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, calificó la detención de Ruffo Appel como “arbitraria” y “sin sustento”. Además, rechazó que el exgobernador encabezara una red de huachicol fiscal y sostuvo que una operación de esa magnitud no podría realizarse sin la participación o la omisión de autoridades responsables del control aduanero y la seguridad en las fronteras.
Consideró que las investigaciones también deberían alcanzar a los funcionarios responsables de supervisar el ingreso de combustibles al país. Afirmó que el exmandatario permaneció localizable durante toda la investigación y acudió voluntariamente ante la Fiscalía para entregar documentación relacionada con las operaciones de la empresa.
