México enfrenta la revisión del T-MEC con la protección a inversionistas en la mira Expansión
Durante más de tres décadas, México construyó buena parte de su atractivo para la inversión extranjera sobre una promesa sencilla: quien invirtiera en el país tendría reglas claras y protección internacional si surgía un conflicto con el gobierno.
Ese compromiso quedó plasmado desde el antiguo TLCAN mediante el mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estados, conocido como ISDS por sus siglas en inglés. Gracias a este esquema, una empresa extranjera podía acudir a tribunales internacionales cuando consideraba que una decisión gubernamental dañaba su inversión. Sin embargo, esa protección cambió de forma importante con la llegada del T-MEC . El nuevo tratado eliminó el mecanismo entre Estados Unidos y Canadá y lo redujo de manera considerable para México, dejando su aplicación completa únicamente en sectores estratégicos como petróleo, gas, generación eléctrica, telecomunicaciones, infraestructura y transporte. Ahora, cuando Estados Unidos y México se preparan para la revisión del acuerdo comercial, ese tema vuelve a colocarse sobre la mesa.
Un viejo debate Desde hace años, el mecanismo ISDS divide opiniones en Estados Unidos. Sus defensores sostienen que ofrece seguridad jurídica para que las empresas inviertan en otros países sin temor a cambios arbitrarios de reglas. Sus críticos piensan exactamente lo contrario. Argumentan que las compañías extranjeras obtienen derechos procesales adicionales que no tienen las empresas nacionales y que, incluso sin presentar una demanda, la simple amenaza de acudir a un arbitraje internacional puede frenar decisiones de política pública relacionadas con salud, medio ambiente o regulación económica. Durante la renegociación del TLCAN, incluso el entonces representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, expresó dudas sobre mantener intacto ese sistema. Cuestionó por qué un inversionista extranjero debía tener más herramientas legales que una empresa estadounidense y llegó a afirmar que el mecanismo funcionaba, en algunos casos, como un "seguro contra el riesgo político" que incentivaba trasladar inversiones al extranjero. Pero no todos compartían esa visión, ya que congresistas estadounidenses, asociaciones empresariales e industrias como la petrolera presionaron para conservar las protecciones que existían bajo el TLCAN, al considerar que eran fundamentales para inversiones multimillonarias de largo plazo.México defendía las reglas Mientras Washington debatía si reducir el mecanismo, México hizo exactamente lo contrario. De acuerdo con el informe del Congreso estadounidense, durante la renegociación del TLCAN el gobierno mexicano buscó conservar el ISDS porque representaba una señal de apertura para los inversionistas internacionales y ayudaba a fortalecer la confianza en el clima de negocios del país. El documento recuerda que, incluso antes de concluir las negociaciones del T-MEC, México firmó en 2018 un nuevo marco internacional relacionado con los arbitrajes entre inversionistas y Estados, como una forma adicional de mostrar su compromiso con la protección de las inversiones. Al final, ninguna de las posiciones prevaleció por completo. El T-MEC dejó un esquema intermedio: eliminó totalmente el ISDS entre Estados Unidos y Canadá y mantuvo una versión limitada para México. En la mayoría de los casos, las empresas deben primero acudir a tribunales mexicanos durante hasta 30 meses antes de recurrir a un arbitraje internacional. Solo ciertos sectores considerados estratégicos conservaron un acceso mucho más amplio al mecanismo. La energía enciende la discusión El tema cobró nueva relevancia con los cambios impulsados por México en el sector energético durante los últimos años. El informe del Congreso estadounidense señala que aproximadamente uno de cada tres arbitrajes internacionales de inversión en el mundo involucra proyectos de energía o industrias extractivas , lo que explica por qué este sector concentra buena parte de las preocupaciones empresariales. Durante la negociación del T-MEC, el Comité Asesor de Comercio sobre Energía de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) lamentó que el nuevo tratado limitara el acceso al ISDS para México y eliminara completamente el mecanismo para Canadá. Ese comité sostuvo que las reglas del antiguo TLCAN ofrecían la certidumbre necesaria para desarrollar proyectos energéticos de gran escala, intensivos en capital y con horizontes de inversión de varias décadas, por lo que pidió que el nuevo tratado no se convirtiera en un precedente para futuros acuerdos comerciales estadounidenses.
Las reformas mexicanas El propio Servicio de Investigación del Congreso anticipa que la política energética mexicana será uno de los factores que influirán en la próxima revisión del T-MEC. El documento recuerda que, después de la apertura energética de 2013, México modificó nuevamente las reglas a partir de 2018 para fortalecer el papel de las empresas estatales. Entre las medidas más relevantes menciona la prioridad otorgada a la electricidad producida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la reforma aprobada en 2025 que establece que al menos 54% de la electricidad del sistema nacional debe provenir de la empresa pública, dejando hasta 46% para el sector privado. Según el análisis, estos cambios revierten parte de la apertura impulsada durante la reforma energética y han sido señalados por la USTR como posibles barreras al comercio. Las diferencias ya llegaron al mecanismo de solución de controversias entre gobiernos. En 2022, Estados Unidos solicitó consultas formales contra México por considerar que sus políticas energéticas incumplen obligaciones del T-MEC en materia de acceso al mercado, inversión y empresas del Estado. Además, el Congreso estadounidense ya analiza iniciativas que buscarían presionar a México durante la revisión del tratado para garantizar un acceso no discriminatorio a las empresas energéticas estadounidenses. Por ello, aunque la revisión del T-MEC abarca decenas de temas comerciales, el informe del Congreso estadounidense deja una señal clara: el futuro de la protección a las inversiones y el rumbo de la política energética mexicana pueden convertirse en uno de los capítulos más sensibles del proceso que apenas comienza. ]]>
