La exdirectora imputada en el caso de viviendas protegidas rechaza declarar en Les Corts Infobae
València, 8 jul (EFE).- La ex directora general de Organización Interna y actual jefa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante, María Pérez-Hickman, ha decidido no contestar a las preguntas realizadas por los diputados de Les Corts Valencianes por su condición de investigada en la causa judicial sobre posibles irregularidades en la adjudicación de viviendas.
Pérez-Hickman, cuyos dos hijos y un sobrino compraron viviendas en el residencial Les Naus tras inscribirse como cooperativistas, ha asistido este miércoles como compareciente a la segunda sesión de la Comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación de viviendas de protección pública en el residencial Les Naus de Alicante.
Según una declaración leída al final de las intervenciones de los grupos parlamentarios, Pérez-Hickman, que ha acudido acompañada por su letrado, ha expresado su disposición a colaborar con la Comisión pero, al tener la condición de investigada en el proceso que sigue la Plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante, la Constitución reconoce su derecho a no declarar contra uno mismo.
"No es una falta de respeto ni a la voluntad de obstaculizar" los trabajos de la Comisión, ha afirmado, y ha mostrado su respeto institucional hacia Les Corts.
El PSPV, Compromís y Vox han insistido en conocer cuándo conoció que dos de sus hijos y un sobrino estaban interesados y posteriormente fueron adjudicatarios de tres viviendas, si intervino de alguna manera en el procedimiento y por qué no dejó la mesa de contratación.
Igualmente han preguntado por qué motivo dimitió como directora general de Organización Interna cuando saltó el escándalo y por qué no lo hizo como jefa de Contratación, y si no le comentó al alcalde de Alicante, Luis Barcala, la situación de sus familiares en la cooperativa de viviendas.
El diputado socialista José Antonio Díaz ha apuntado que en la comisión no puede mentir como sí tiene derecho ante el juez como investigada, ha desligado que exista relación entre el anterior gobierno tripartito del Ayuntamiento y la residencial pues la cooperativa no fue creada hasta julio de 2018, y ha preguntado si comunicó al alcalde la situación de su familiares con la cooperativa.
La diputada de Compromís María José Calabuig ha cuestionado si actuó con subjetividad e imparcialidad y si el cambio en la normativa autonómica ha influido en este procedimiento, mientras que Miguel Pascual, de Vox, ha lanzado una serie de preguntas relativas a si ha actuado de manera diligente como corresponde a un trabajador público.
Por su parte, el diputado del PP Javier Gutiérrez ha querido saber quién aportó los fondos para construir la residencial en 2021 y si fue una administración pública o un promotor privado. EFE
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