Buen Gobierno inhabilita a dos proveedoras por irregularidades en licitaciones federales

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno inhabilitó a dos empresas proveedoras para participar en contrataciones o celebrar contratos con la Administración Pública Federal, de acuerdo con un comunicado difundido este 7 de julio.

Según la dependencia, las sanciones se publicaron este 7 de julio en el Diario Oficial de la Federación y las compañías quedan inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide acceder a nuevas contrataciones con el Gobierno de México.

A través del Órgano Interno de Control en el IMSS, se sancionó a Impulsora Cordobesa de Alimentos y Servicios con una multa de 643 mil 188 pesos e inhabilitación de un año, luego de que proporcionó información falsa en la Licitación Pública Nacional Electrónica LA-50-GYR-050GYR022-N-19-2024 para el “Suministro de Víveres con Entrega y Distribución en Unidades Médicas Hospitalarias, para el Régimen Ordinario y Programa IMSS Bienestar”, según el comunicado. La notificación de la sanción se realizó el pasado 18 de junio.

En el caso de Atv de Sahuayo, el Órgano Interno de Control en el Servicio Postal Mexicano impuso una multa de 171 mil 972 pesos e inhabilitación de tres meses por actuar con mala fe en la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica LA-55-J9E-055J9E001-I-26-2025 para adquirir “Cascos de Protección para Motociclista”, al adjuntar documentación e información sin verificar su veracidad y autenticidad, de acuerdo con la Secretaría. La notificación se realizó el pasado 29 de junio.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sostuvo que las medidas se emitieron conforme a la ley y que las empresas tienen derecho a impugnar las resoluciones. “Engañar para obtener contratos públicos tiene consecuencias”, señaló el comunicado.

Anticorrupción sanciona a 35 servidores públicos y a 3 empresas por irregularidades

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno sancionó a 35 servidores públicos y 3 empresas por irregularidades en dependencias federales, con inhabilitaciones de hasta 15 años y multas que superan los 67 millones de pesos, en un operativo que alcanza a Pemex, IMSS, ISSSTE, AliBien, Sepomex y otras ocho instituciones.

Dichas resoluciones por faltas graves quedaron a cargo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y las no graves fueron resueltas por la propia dependencia, de acuerdo con la Constitución y la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Del total de sanciones económicas, 53.7 millones de pesos se concentran en tres expedientes ligados a la Unidad de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana, organismo dependiente de Alimentación para el Bienestar (AliBien). Ahí se castigaron pagos por productos sin prueba de entrega y el uso de contratos de distribución de leche para transportar bienes distintos al objeto contratado.

Según la información difundida por la dependencia, el caso con la inhabilitación más larga corresponde al IMSS. Filiberto G., adscrito a la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional de Occidente en Jalisco, fue inhabilitado por 15 años por omitir informar a un paciente sobre los riesgos inherentes a un procedimiento quirúrgico en 2017.

Pemex y AliBien concentran las sanciones más altas

En Pemex, cuatro funcionarios de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica recibieron inhabilitaciones de 10 años por omitir formalizar el contrato para la operación y resguardo de aeronaves de la empresa y por validar pagos de servicios no recibidos entre 2017 y 2018. Wenceslao C. acumuló dos inhabilitaciones por ese plazo y Erika S. fue destituida e inhabilitada por el mismo periodo; ambos enfrentan una sanción económica solidaria de 12.1 millones de pesos.

Arturo V. y José M., de la misma subdirección, también fueron destituidos e inhabilitados por 10 años. En su caso, la multa solidaria asciende a 1.6 millones de pesos por los mismos hechos.

En un primer expediente de AliBien, René G., Manuel L. y Carlos V. fueron inhabilitados por 10 años, mientras que la empresa B recibió una inhabilitación de seis años y una multa solidaria de 6.9 millones de pesos. La sanción deriva del pago de 13 mil 217 cajas de fruta deshidratada sin prueba de entrega en 2019.