FGR pone la “lupa” en ex agentes de policía por presunto fradue contra el Isste por 1 230 millones de pesos El Imparcial
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga seis laudos laborales que ordenaban al ISSSTE pagar más de mil 230 millones de pesos a 880 exservidores públicos, principalmente exagentes de la desaparecida Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, por concepto de una indemnización que, de acuerdo con la indagatoria, ya no les correspondía.
Según información publicada por Reforma, tanto el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) como la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) denunciaron las resoluciones por considerar que existían presuntas irregularidades en los procesos. Los pagos no llegaron a ejecutarse debido a que fueron frenados tras detectarse el caso.
Las demandas fueron promovidas en 2021 ante la entonces Junta Especial Número 42 de la JFCA, con sede en Torreón, Coahuila. Los extrabajadores reclamaron una prestación prevista en la anterior legislación del ISSSTE, aunque la investigación señala que estaban sujetos a la ley vigente desde abril de 2007.
El caso se concentra ahora en determinar cómo fueron admitidas las demandas, por qué una junta ubicada en Torreón resolvió asuntos de trabajadores procedentes de distintas entidades y de qué manera se calcularon indemnizaciones que, en conjunto, superaban los mil 230 millones de pesos.
¿Qué indemnización reclamaron los 880 exservidores públicos?
Los exagentes solicitaron el pago de la llamada indemnización global, una prestación que equivalía a 45 días del último sueldo básico.
Este beneficio estaba contemplado para exservidores públicos que no tenían derecho a una pensión por jubilación. Sin embargo, la prestación fue derogada con la entrada en vigor de la nueva Ley del ISSSTE, vigente desde abril de 2007.
De acuerdo con la indagatoria citada por Reforma, los demandantes enfrentaban dos elementos centrales:
- Ya no tenían derecho a la indemnización global bajo la legislación que les correspondía
- Contaban con una Afore, dentro del sistema de ahorro para el retiro
Pese a ello, los extrabajadores presentaron sus reclamaciones en 2021 con fundamento en la anterior Ley del ISSSTE.
La investigación busca esclarecer por qué esos argumentos fueron aceptados y terminaron en resoluciones favorables para cientos de exservidores públicos.
¿Por qué las demandas son investigadas por la FGR?
Las denuncias señalan varias anomalías en la forma en que los expedientes fueron presentados y tramitados.
Una de las querellas citadas en la investigación sostiene:
Las demandas son oscuras e irregulares, ya que no se detalla la fecha exacta de ingreso a la fuente de trabajo, y poder así determinar la antigüedad real del actor”.
La fecha de ingreso resultaba relevante porque permitía establecer la antigüedad laboral de cada demandante y revisar los elementos utilizados para determinar las cantidades reclamadas.
Entre las principales irregularidades señaladas se encuentran:
- Las demandas no precisaban la fecha exacta de ingreso de los trabajadores
- Los demandantes no indicaron su salario base
- La junta habría continuado con los procedimientos pese a esas omisiones
- Los casos provenían de distintos estados del país
- Se cuestiona que la Junta Especial 42 de Torreón tuviera competencia territorial para resolverlos
La indagatoria refiere que, ante la falta del salario base, la autoridad laboral debía advertir la omisión y conceder un plazo de tres días para corregirla.
Sin embargo, según la denuncia, los juicios fueron radicados pese a que el defecto no fue subsanado.
¿Por qué se cuestiona que los casos fueran resueltos en Torreón?
Otro de los puntos bajo revisión es la competencia territorial de la Junta Especial Número 42.
Las demandas fueron presentadas ante esa instancia en Torreón, aunque procedían de exservidores públicos de diversos estados del país.
De acuerdo con las denuncias, esta situación debía ser revisada antes de que los juicios siguieran adelante, pues la autoridad laboral podría no haber tenido competencia para tramitar todos los expedientes.
Este elemento forma parte de la investigación de la FGR y es uno de los aspectos utilizados para cuestionar la legalidad de los seis laudos.
¿Quiénes tramitaron y resolvieron los expedientes laborales?
La indagatoria señala que las demandas fueron radicadas por Aarón David Carrillo Ochoa y Edgar Ubaldo Ruiz Castillo, quienes se desempeñaban como secretario de acuerdos y auxiliar, respectivamente, en la Junta Especial 42.
Los laudos fueron resueltos por Aarón David Carrillo Ochoa y Gerardo Alfonso Montellano Valdés, este último en calidad de presidente de la junta.
La inclusión de sus nombres en la indagatoria forma parte de la reconstrucción de cómo fueron recibidos, procesados y resueltos los expedientes. La información presentada no establece por sí sola una sentencia penal contra las personas mencionadas.
Un solo laudo ordenaba pagar más de 950 millones de pesos
El expediente de mayor monto concentraba la mayor parte de los recursos reclamados.
La resolución ordenaba un pago de 950 millones 262 mil 29.25 pesos en beneficio de 678 exservidores públicos, principalmente antiguos integrantes de la Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública Federal.
Esa sola resolución representaba más de tres cuartas partes de los mil 230 millones de pesos involucrados en los seis laudos investigados.
El monto y el número de beneficiarios colocaron ese expediente en el centro de las denuncias presentadas ante la FGR.
¿Los exagentes lograron cobrar las indemnizaciones?
No, de acuerdo con la información disponible.
Tras detectarse las presuntas irregularidades, la JFCA frenó la ejecución y el cobro de los laudos, lo que impidió que los pagos reclamados fueran entregados a los exagentes.
El caso pasó después a investigación para esclarecer las circunstancias en las que se tramitaron y resolvieron los expedientes.
La intervención evitó, hasta ese momento, que el ISSSTE desembolsara las cantidades ordenadas en las resoluciones laborales.
¿Qué pasó con la Junta Especial Número 42?
El 17 de junio de 2024, la Secretaría del Trabajo ordenó la desaparición de la Junta Especial Número 42, con sede en Torreón.
La investigación de la FGR mantiene bajo revisión los seis laudos y la forma en que fueron procesadas las demandas que buscaban obligar al ISSSTE a pagar más de mil 230 millones de pesos.
El caso deberá esclarecer si las resoluciones fueron producto de actuaciones ilegales y determinar las posibles responsabilidades de las personas involucradas. Mientras tanto, los pagos permanecen frenados y los señalamientos continúan sujetos a investigación.
